Embajada de EE.UU. y Caja chocan por deuda
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 20 agosto, 2008
Embajada de EE.UU. y Caja chocan por deuda
• Representantes norteamericanos consideran que convención internacional los excluye de pagos
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
La deuda por más de ¢579 millones que mantiene la Embajada de Estados Unidos con sus empleados costarricenses, produjo ya ciertos roces entre ese cuerpo diplomático y autoridades del sector salud.
Ese monto es producto del atraso en 868 cuotas que establece la Ley de Protección al Trabajador, relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y con el Fondo de Capitalización Laboral, que se encuentra vigente desde 2000.
Incluso, la última vez que la representación estadounidense canceló esas cuotas fue en marzo de 2001, apenas un año después de que esos cobros patronales entraran en vigencia.
Esta información se desprende de la Consulta de Morosidad Patronal, disponible al público en el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Aunque la entidad encargada de recaudar estos dineros es la CCSS, por ser una sede diplomática la deudora le correspondería a la Cancillería reclamar ese pago, explicó Luis Diego Calderón, gerente de Cobros de la Caja.
No obstante, representantes de la sede estadounidense argumentan que no se encuentran en la obligación de participar del sistema de seguridad social de Costa Rica, por gozar de “inmunidad soberana”.
“Estados Unidos se apega a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual señala que la participación en el sistema de seguridad social del país residente es voluntaria, (y por ello) no consideramos de ninguna manera que estemos en deuda con la CCSS”, expresa un correo electrónico de la Embajada.
Sin embargo, Calderón asegura que el Artículo 33 de ese documento protege a los empleados naturales o residentes en el país donde se instala la embajada de adherirse al sistema de seguridad social propio de esa nación.
Ese mismo argumento fue utilizado por Calderón para recalcar que la morosidad de la representación estadounidense es directamente con sus empleados costarricenses o residentes en el país, y no toma en cuenta a colaboradores de ese país norteamericano.
En la respuesta enviada por la representación diplomática de Estados Unidos, se explica que su gobierno exime a la embajada costarricense en ese país del pago de seguro social e impuestos para los trabajadores estadounidenses.
“Desde 1970 y hasta hoy la Embajada de Estados Unidos ha participado en el plan básico establecido por la Caja, por medio de un contrato privado con esta entidad, y ha cumplido con los pagos mensuales a la CCSS”, justificó esa organización diplomática.
Por su parte, existe una carta fechada el 31 de mayo de 2007, firmada por Scott McAdoo, agregado para Asuntos Administrativos de la Embajada, en la cual se comprometía a dialogar con la CCSS para integrar a los empleados costarricenses a la nueva ley, dijo la Cancillería en un comunicado de prensa.
La situación de esta deuda también es indagada por el Ministerio de Salud.
“Tengo que hablar con Bruno Stagno (canciller) para que sea él quien mueva este cobro, pero es algo que debemos hacer respetando todos los procesos para evitar problemas diplomáticos”, sentenció María Luisa Avila, ministra de Salud.
• Representantes norteamericanos consideran que convención internacional los excluye de pagos
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
La deuda por más de ¢579 millones que mantiene la Embajada de Estados Unidos con sus empleados costarricenses, produjo ya ciertos roces entre ese cuerpo diplomático y autoridades del sector salud.
Ese monto es producto del atraso en 868 cuotas que establece la Ley de Protección al Trabajador, relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y con el Fondo de Capitalización Laboral, que se encuentra vigente desde 2000.
Incluso, la última vez que la representación estadounidense canceló esas cuotas fue en marzo de 2001, apenas un año después de que esos cobros patronales entraran en vigencia.
Esta información se desprende de la Consulta de Morosidad Patronal, disponible al público en el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Aunque la entidad encargada de recaudar estos dineros es la CCSS, por ser una sede diplomática la deudora le correspondería a la Cancillería reclamar ese pago, explicó Luis Diego Calderón, gerente de Cobros de la Caja.
No obstante, representantes de la sede estadounidense argumentan que no se encuentran en la obligación de participar del sistema de seguridad social de Costa Rica, por gozar de “inmunidad soberana”.
“Estados Unidos se apega a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual señala que la participación en el sistema de seguridad social del país residente es voluntaria, (y por ello) no consideramos de ninguna manera que estemos en deuda con la CCSS”, expresa un correo electrónico de la Embajada.
Sin embargo, Calderón asegura que el Artículo 33 de ese documento protege a los empleados naturales o residentes en el país donde se instala la embajada de adherirse al sistema de seguridad social propio de esa nación.
Ese mismo argumento fue utilizado por Calderón para recalcar que la morosidad de la representación estadounidense es directamente con sus empleados costarricenses o residentes en el país, y no toma en cuenta a colaboradores de ese país norteamericano.
En la respuesta enviada por la representación diplomática de Estados Unidos, se explica que su gobierno exime a la embajada costarricense en ese país del pago de seguro social e impuestos para los trabajadores estadounidenses.
“Desde 1970 y hasta hoy la Embajada de Estados Unidos ha participado en el plan básico establecido por la Caja, por medio de un contrato privado con esta entidad, y ha cumplido con los pagos mensuales a la CCSS”, justificó esa organización diplomática.
Por su parte, existe una carta fechada el 31 de mayo de 2007, firmada por Scott McAdoo, agregado para Asuntos Administrativos de la Embajada, en la cual se comprometía a dialogar con la CCSS para integrar a los empleados costarricenses a la nueva ley, dijo la Cancillería en un comunicado de prensa.
La situación de esta deuda también es indagada por el Ministerio de Salud.
“Tengo que hablar con Bruno Stagno (canciller) para que sea él quien mueva este cobro, pero es algo que debemos hacer respetando todos los procesos para evitar problemas diplomáticos”, sentenció María Luisa Avila, ministra de Salud.