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El cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.
La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Así, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría (casi el 80%) cambiar esta Constitución. Y este fin de semana deberán elegir a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tiene la misión de escribir el nuevo texto.
A continuación, en BBC Mundo te explicamos en detalle qué se vota y por qué es importante para el resto de América Latina.
Este 15 y 16 de mayo, los chilenos deberán elegir, de entre casi 1.300 candidatos, a los 155 representantes de la Convención Constituyente, que tendrá como misión redactar una nueva Constitución.
El órgano será electo bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará un mínimo de 45% de mujeres. Los pueblos indígenas, en tanto, tendrán 17 escaños reservados.
La asamblea contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional propuesto.
Además de las elecciones de constituyentes, Chile también votará por alcaldes y concejales para las 346 comunas (municipalidades) que integran el país y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gobernadores para sus 16 regiones.
La jornada electoral genera fuerte expectación en el país liderado por el presidente Sebastián Piñera. El apoyo a las distintas fuerzas políticas, el nivel de participación y el funcionamiento del método electoral paritario inédito en el mundo son algunas de las claves que marcarán la jornada.
¿Por qué debe importarle a América Latina?
En las últimas décadas, el modelo chileno fue ampliamente elogiado. Se decía que era un oasis dentro de América Latina, un milagro económico.
Y las cifras macroeconómicas lo respaldaban: el país sudamericano no solo mantuvo su Producto Interno Bruto (PIB) en un nivel superior a la media de la región, sino también logró reducir considerablemente la pobreza y se caracterizó por su "estabilidad" tanto económica como política.
En consecuencia, varios países latinoamericanos —como Perú, Colombia, México o Ecuador— miraron de cerca lo que hacía Chile, intentando incluso imitar algunas de sus "reformas neoliberales". Un claro ejemplo es el sistema previsional creado en esta nación, basado en las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), que después fue reproducido por otras naciones de la región y del mundo.
Pero en octubre de 2019, los chilenos salieron a las calles a protestar pues dijeron sentirse "abandonados" por el Estado, reclamaron por la desigualdad imperante en la sociedad y denunciaron "abusos" del sistema. El cambio a la Constitución, entonces, apareció como la única salida para reformar este sistema que, para muchos, había terminado por convertir a Chile en una "empresa privada".
De acuerdo con expertos consultados por BBC Mundo, la gran pregunta ahora es cuánto de ese modelo va a "sobrevivir" tras el cambio de la Carta Magna y cómo esto sentará un precedente para América Latina, especialmente para las naciones que de alguna u otra forma intentaron imitar el sistema chileno.
"Este modelo se importó en varios países de la región y debería comenzar a discutirse con mucha fuerza en lugares como Colombia, Perú o Ecuador. Por lo tanto, Latinoamérica debe estar atenta a cuánto del modelo chileno va a sobrevivir después del cambio constitucional", explica a BBC Mundo Lucía Dammert, socióloga peruana y experta en asuntos latinoamericanos.
Una opinión similar comparte el profesor y politólogo argentino experto en política constitucional comparada Gabriel Negretto.
"La crisis política y social que emergió en octubre de 2019 puso en cuestionamiento a una de las democracias más sólidas de la región, un modelo político y económico que en términos comparados fue de los más exitosos de América Latina. Por eso, este proceso constituyente es muy relevante para todo el continente", dice a BBC Mundo.
La clave, dicen los académicos, estará en el rol que se le asignará al Estado en la nueva Constitución. Actualmente, este tiene un rol "subsidiario" y se apunta a que tenga uno más protagónico en lo social, garantizando derechos como la salud o la educación.
"Esa será una señal poderosa para países de América Latina, donde claramente el Estado ha estado ausente y se ha notado mucho con la pandemia", dice Dammert.
Chile se convertirá en el primer país del mundo en crear una Constitución con paridad de género.
Esto puede configurar un ejemplo importante en la región no solo porque reconoce el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones, sino porque también representa una oportunidad para escribir una Carta Magna con enfoque de equidad.
"La agenda del feminismo va a ser muy central y eso va a ser algo innovador, que va a tener interesantes resultados para América Latina y el mundo en el sentido de qué pasa cuando las mujeres están sentadas en igualdad de condiciones para redactar las nuevas reglas de una sociedad", explica a BBC Mundo Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.
"Será el primer proceso constituyente que ocurre después de la primavera feminista, después del movimiento mundial feminista. Y eso es muy importante", agrega Ríos.
De esta manera, expertos creen que la nueva Constitución chilena podría tocar temas que históricamente han quedado pendientes como la igualdad de salario, la repartición de carga de los cuidados o el acceso igualitario de las mujeres al poder.
Claudio Fuentes, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, cree que la Carta Magna "podría establecer la equidad de género como un principio".
"Podría establecer la igualdad de hombres y mujeres como principio transversal a las distintas políticas del Estado. Y esa puede ser una innovación interesante para el contexto latinoamericano y mundial", señala a BBC Mundo.
La Convención Constitucional a cargo de redactar la nueva Carta Magna incorporará a los diez pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas. De los 155 integrantes de la asamblea, 17 escaños están reservados paralos indígenas.
Para Lucía Dammert, esta es una "forma de empezar a resolver las deudas históricas" para con estos grupos.
Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental. En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones, aceptando su autonomía y sus derechos.
Este asunto es de vital importancia para la región considerando que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), los pueblos originarios constituyen más del 8,5% de su población, la proporción más elevada de todos los continentes del mundo.
A pesar de que algunos países han avanzado más que otros en su reconocimiento, las condiciones sociales en las que viven están lejos de ser ideales. De acuerdo con un informe de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 30% de los indígenas en la región viven en pobreza extrema.
"Es un tema muy presente en la región y es parte de la discriminación y desigualdad en América Latina. Muchos de esos temas pendientes tienen que ver con la propiedad de la tierra, que está en el corazón del modelo del continente", dice Dammert.
De esta forma, la socióloga peruana cree que la discusión que se dará en Chile respecto a sus pueblos originarios puede ser interesante para continuar avanzando en políticas que ayuden al desarrollo e integración de los indígenas latinoamericanos.
"Es necesario pensar en un modelo de desarrollo social que reconozca las raíces andinas y amazónicas más profundas de los países", agrega.
Marcela Ríos, en tanto, asegura que el proceso constituyente en Chile "es una enorme oportunidad porque puede terminar demostrando que se pueden destrabar algunos de los problemas que han estado históricamente muy obstaculizados".
Entre las demandas de los pueblos originarios de Chile está la de crear un Estado plurinacional. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.
Si bien Gabriel Negretto cree que con la nueva Constitución se va a avanzar hacia un mayor reconocimiento y aumento de sus derechos, también afirma que va a haber controversias.
"Lo que va a ser controvertido es si se avanza hacia un Estado plurinacional, como en Bolivia y Ecuador, o meramente se acepta la diversidad cultural, como en Colombia, por ejemplo. Yo creo que la nueva Constitución va a ir más probablemente por este segundo camino", dice.
Otra de las consecuencias puede ser un cambio respecto a la política migratoria de Chile.
Esto es importante si se considera que actualmente Chile es una de las naciones de la región más atractivas para el flujo migratorio del continente pues es visto como un lugar estable económicamente.
Según cifras del Departamento de Extranjería y Migración del gobierno chileno, la población extranjera ha aumentado un 19,4% en los últimos tres años, llegando a un total de casi 1,5 millones, lo que representa un 7.5% de la población total.
"Históricamente se ha entendido a Chile como un Estado único que no reconoce la diversidad y la pluralidad de sus habitantes. Y creo que esta nueva Constitución, en términos de reconocimiento, puede ser importante si se piensa en el Estado como plurinacional", explica Jorge Saavedra, académico del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales.
"Cuando existe un estado plurinacional, se entienden los flujos migratorios como una convivencia dentro el territorio, como parte del país, y no como una amenaza a la seguridad", dice.
Por su parte, Claudio Fuentes explica que es posible que en la Convención Constituyente se discutan los "derechos particulares para migrantes".
"Hoy, sus derechos principales tienen que ver con los civiles y políticos. En 1925, Chile les dio derecho a voto a los residentes y seguramente se va a dar una ampliación del debate sobre sus derechos particulares. La discusión estará en concordancia con el estándar internacional, como la protección de los derechos humanos y la no discriminación", dice.
Una de las grandes preguntas que se abren con esta elección de constituyentes en Chile es si es que una respuesta eminentemente política, como es cambiar la Constitución, será capaz de resolver el fuerte descontento social que sigue manifestándose en las calles de las principales ciudades del país.
Y eso, dicen expertos, deberá ser observado de cerca por otros países de América Latina, en donde en los últimos meses ha habido protestas y manifestaciones contra los gobiernos y los sistemas políticos, como sucede ahora en Colombia.
"Este es un experimento para el mundo respecto de cómo un proceso constitucional, una solución política, te ayuda a resolver conflictos y demandas sociales", destaca Fuentes.
Para Marcela Ríos, "ofrecer un mecanismo institucional de representación, de participación y escucha es algo importante para desescalar conflictos".
"No se puede responder a las protestas solo con una agenda de seguridad, con represión policial. Tú requieres poder entender de dónde viene el malestar y por qué se movilizan los ciudadanos", agrega.
Aunque el resultado final aún es una interrogante —y la crisis está lejos de amainar en Chile— expertos coinciden en que la experiencia puede servir como un importante precedente para repensar en posibles soluciones que ayuden a disminuir el descontento en el país y en toda América Latina.
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