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Si las denuncias de la Comisión de Notables que investigó a la Caja fueran ciertas, por su gravedad ameritan que la Fiscalía de Delitos Económicos actúe de oficio

El Ministerio Público debe actuar

Lo que hasta ahora eran especulaciones o corazonadas de mucha gente sobre cuáles podrían ser las causas de la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, ha variado para convertirse en una situación sumamente preocupante.
Los miembros de la Comisión de Notables han señalado en su informe, tal como lo dice una nota de este medio ayer, “algunas acciones tomadas a lo interno de la institución que obedecen a decisiones de carácter político, gremial e inclusive algunas dieron paso a establecer alianzas con grupos económicos”.
Lo dicho es muy grave y debe ser aclarado completamente.
Si estas denuncias de la Comisión fueran ciertas, por la gravedad que encierran, ameritan que la Fiscalía de Delitos Económicos actúe de oficio investigándolas a fondo.
La aprobación del aumento de plazas, negociaciones para atender intereses gremiales, o las contrataciones hechas a terceros forman parte de esas decisiones en donde beneficios particulares estuvieron por encima del interés general.
Son muy preocupantes las palabras de Juliana Martínez, miembro de la Comisión de Notables, cuando afirmó a este medio que “la captura del Estado por parte de intereses particulares puede ocurrir y creo que ha ocurrido”.
Ante estas graves denuncias, no cabe menos que preguntarse por qué los miembros de las juntas directivas tomaron acuerdos como el de aumentar el personal entre 2007 y 2008 y otros mediante los cuales se autorizó la práctica de establecer contratos con privados para la prestación de servicios como el alquiler de equipos para tratamientos o diagnósticos.
Lo anterior, entre otras medidas, en criterio de expertos se convirtió en negocio para terceros.
Deben aclararse todas las situaciones denunciadas y cualquiera que venga a echar luz sobre lo que se ha estado permitiendo hacer con la institución más grande de este país, en detrimento de la salud y de la seguridad social de los costarricenses.
Todo debe investigarse a fondo, para sentar responsabilidades y luego, sobre el terreno limpio, sembrar lo necesario para reubicar el rumbo de la Caja a fin de que cumpla con el mandato que por ley tiene, ajeno por cierto a cualquier interés particular.
Es un derecho de los costarricenses y un deber de las autoridades competentes que todo se investigue hasta dejar en claro qué pasó y quiénes son los responsables.


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