Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 28 Marzo, 2016

Tampoco se resuelve el problema con una regla fiscal como la propuesta por Hacienda, pues limita el crecimiento del gasto corriente a partir de su muy elevado nivel actual, y no elimina su aceleración por los disparadores

Disyuntivas

El gasto y sus disparadores


Desde finales de la primera década de este siglo fue evidente que no es sostenible el crecimiento que desde 2008 ha tenido el gasto público corriente. Y menos lo es por los disparadores del gasto encarnados en el sistema de pago a los servidores públicos, en los sistemas de pensiones y en las transferencias corrientes.
¿Qué es necesario para enfrentar estos hechos?
Conviene señalar que no se controla ni el nivel del gasto corriente ni sus disparadores imponiendo nuevos impuestos. Ciertamente se puede con nuevos ingresos disminuir el efecto deficitario de ese gasto. Pero no se afecta su nivel.


Tampoco se resuelve el problema con una regla fiscal como la propuesta por Hacienda, pues limita el crecimiento del gasto corriente a partir de su muy elevado nivel actual, y no elimina su aceleración por los disparadores.
Para enfrentar el déficit fiscal y sus efectos sobre el crecimiento económico y la generación de empleo, es preciso tanto limitar el gasto corriente actual como eliminar los factores que en el futuro lo dispararán.
Pensiones.- A pesar de los grandes esfuerzos que con resultados positivos y alto costo político establecimos en los 90, quedaron vigentes algunas características que es preciso eliminar pues hacen “incosteables” algunos regímenes de retiro. Son reglas sencillas que se deberían imponer a todos los regímenes: a.- Las pensiones en curso no deben aumentar más que la inflación anual; b.- debe haber un tope al máximo de pensión inicial y al máximo que puede llegar a alcanzar una pensión, alcanzado el cual no cabe ningún aumento; c.- todos los regímenes deben ser actuarialmente sostenibles.
Retribuciones.- Para las nuevas contrataciones de personal debe establecerse un conjunto de principios comunes a toda la administración pública. Se establecería una regulación más flexible —pero que evite abusos— para las empresas públicas en régimen de competencia. Las reglas comunes deben al menos cubrir: a.- requisitos de contratación; b.- salarios de ingreso; c.- sistemas objetivos de evaluación de desempeño y estímulos que solo se aplicarán en el tanto lo permita la condición financiera del ente público respectivo.
Para los servidores actuales se respetaran los derechos adquiridos pero no las expectativas de derecho. Se establecerá un porcentaje del 20% al 30% de los funcionarios de cada dependencia, que recibirán los pluses anuales por ser su prestación de servicios y su desempeño superior al de sus compañeros de trabajo. (Don Ottón Solís estima que esto se puede establecer por decreto para el Gobierno central). Se harán converger gradual y proporcionalmente todas las convenciones colectivas del sector público hacia las condiciones laborales del Poder Ejecutivo; mediante su obligada re negociación.
Transferencias corrientes.- No podrán aumentar anualmente a una tasa mayor a la de los ingresos corrientes, cuando el déficit primario sea mayor a cero. Se deroga toda norma que establezca un crecimiento adicional de cualquier transferencia corriente en virtud de nuevos impuestos.
Elaborar un proyecto con estas normas y aprobarlo no es cosa del otro mundo. Pero requiere decisión política y valor para enfrentar a los grupos de interés.

Miguel Ángel Rodríguez