Probablemente, si las concesiones se hubieran realizado “en forma adecuada” en este país, no habría nacido mucha oposición a ello. Suele ser bastante difícil argumentar en contra de las cosas bien hechas

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El frío no está en las cobijas

Las fuertes críticas a la adjudicación de la vía San José-San Ramón han dividido a los costarricenses, según datos de una encuesta de CID Gallup, realizada para este medio y publicada ayer. Las opiniones indican que un 54% están a favor de las concesiones y un 46% se oponen a esa alternativa.
No es de extrañar ni una cosa ni la otra. Quienes apoyan el sistema de concesiones, respondieron a la pregunta “¿Está de acuerdo con el principio de la concesión de las obras públicas al suponer que se realice de forma adecuada?”.
Probablemente, si las concesiones se hubieran realizado “en forma adecuada” en este país, no habría nacido mucha oposición a ello. Suele ser bastante difícil argumentar en contra de las cosas bien hechas.
Pero la realidad ha sido otra. No solo en el intento de concesionar la carretera a San Ramón, sino en experiencias anteriores, donde las obras concesionadas se convirtieron en casi pesadillas o, como las llamaron, “vía crucis” (recordemos el caso del Aeropuerto Santamaría).
La forma que se utilice para hacer las obras necesarias no suele ser el problema. Este se inicia, se va ampliando y se convierte en fuerte oposición ciudadana cuando la gente advierte lo mal que se han utilizado esas formas.
Las políticas erradas son criticadas no porque los métodos en sí sean malos sino porque han sido mal aplicados con perjuicio para la población. El problema es político puesto que las administraciones no han querido transparentar y aplicar correctamente cualquier fórmula para hacer las cosas (veamos el caso de la Trocha).
Si así lo hubieran hecho, las empresas sabrían que pueden hacer negocios en Costa Rica, en el entendido de que firmarán un contrato bien hecho y justo para ambas partes, que deberán cumplirlo y que los gobiernos son capaces también de cumplir con la parte que les corresponda.
Todo lo anterior en un ambiente de absoluta transparencia en el que la población debe estar enterada de la forma en que se harán las cosas mucho antes de la firma de cualquier contrato.
No creemos realmente que concesiones u otras formas serían rechazadas por una población que creyera en sus gobernantes y tuviera confianza en cómo estos utilizan los fondos públicos (que son tan pocos y tanto cuesta reunir).
Finalmente, es responsabilidad también de los gobiernos, si fuera el caso, de que un abultado Ministerio de Obras Públicas y Transportes eventualmente no estuviera en la actualidad en condiciones de hacer las obras. Era la obligación de los gobernantes que lo que se paga por esas planillas diera buenos resultados.
¿Cuál era el objetivo de crear Conavi (1989) si luego no se supervisó el rendimiento de esa entidad a quién, sin embargo, se le entregó mucho dinero público para que actuara?