El escándalo presidencial que podría salvar a Guatemala

Durante los últimos 20 sábados, los guatemaltecos se han pintado el rostro de azul y blanco, han tomado sus vuvuzelas e inundado la plaza central de Ciudad de Guatemala. Los manifestantes han exigido la inmediata renuncia del presidente Otto Pérez Molina, a quien los fiscales mencionan en una estafa impositiva multimillonaria que presuntamente llenó los bolsillos de altos funcionarios del gobierno, al tiempo que ayudó a empresas a evadir una fortuna en obligaciones de importación.
A la distancia, la revuelta, que el 27 de agosto llevó a 70 mil manifestantes a la plaza central de la capital, podría parecer intempestiva. Hay elecciones nacionales previstas para el 6 de septiembre y, dado que los presidentes en ejercicio no pueden tener dos períodos consecutivos, de todas maneras Pérez Molina pronto se habrá ido.
Pero el país de 14,6 millones de habitantes que tiene la economía más rica de Centroamérica, no parece dispuesto a esperar hasta el momento que indica el calendario político, y mucho menos a ignorar la presencia de ladrones que residen palacios. La indignación cívica es una buena noticia en una región donde los escándalos de corrupción sumados a una abrupta declinación económica ponen a prueba a las democracias arriesgadas.
Durante el auge de la bonanza de materias primas, los latinoamericanos parecían dispuestos a ignorar la corrupción. Ahora la tolerancia disminuye conforme se estima que el producto interno bruto regional se expandirá apenas 0,4% este año, el peor desempeño desde 2009.
De todos los gobernantes latinoamericanos que se encuentran bajo la lupa, sin embargo, Pérez Molina es el que más cerca parece hallarse del precipicio. Para el fin de semana pasado, cinco ministros de su Gabinete y el embajador ante las Naciones Unidas habían renunciado en relación con el desfalco aduanero, que los funcionarios de contralor estiman privó a Guatemala de más de $300 mil por mes. Su vicepresidente está preso. Fiscales, líderes industriales, una franquicia gigante de pollo frito y hasta la conferencia de obispos católico-romanos han instado al presidente a renunciar.
Con la anuencia de la Suprema Corte y la luz verde de una comisión parlamentaria, el Congreso despojará esta semana a Pérez Molina de su inmunidad ejecutiva, lo que podría llevarlo a comparecer ante una corte común.
Lo que pase de ahí en más es menos seguro en el sistema judicial de Guatemala, donde suelen prevalecer los intereses de los poderosos y la manipulación política, lo que por momentos amenaza con convertir al país en “prácticamente un estado mafioso”, señaló Insight Crime.

Marc Margolis
Bloomberg