Ignoran a cientos de miembros de la comunidad universitaria que tenemos preguntas sin responder y que queremos saber si hubo o no acciones cuestionables

El escándalo Henning Jensen

La ética del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en tela de duda como nunca había estado y eso expone la reputación de nuestra institución. El ahora llamado “Caso CIL” ha generado enorme descontento entre estudiantes, docentes y administrativos de la UCR que se cuestionan por qué el Consejo Universitario (CU) se rehúsa a continuar y esclarecer un proceso de investigación que ya inició, y cuyo primer resultado genera más preguntas que respuestas.
El caso inició con el rápido nombramiento en propiedad de Elena Jensen, hija del rector, dentro del Centro Infantil Laboratorio de la UCR. Las supuestas presiones que recibió la directora de este centro son una posible explicación y la forma en que se creó esa plaza y se le asignó presupuesto generó una denuncia por parte del Sindicato, por lo que el caso se le encomendó a la Contraloría Universitaria (dentro de la cual el rector tiene influencia) para que se esclareciera en un primer momento. Al tiempo, el caso llegó a la prensa y el malestar creció.
Meses después la Contraloría emitió un informe con algunas limitaciones, debido a testimonios necesarios faltantes, como el del ex vicerrector de Acción Social. Sin embargo, a pesar de ello, el informe fue claro en señalar que hubo vicios en el procedimiento de creación y financiamiento de la plaza, para lo cual el rector debió haberse abstenido por ser en beneficio de un pariente directo. La Contraloría le solicita al CU establecer un camino para atender el caso y resolverlo, dado que la normativa universitaria no contempla algo semejante. Ante dicho vacío, cualquiera sabría que se debe buscar normativa nacional de forma supletoria.
Pero al parecer en el CU hay miembros que viven su carácter de académicos inamovibles y no les tembló el brazo para enterrar todo intento de continuar con el proceso de investigación a nivel interno o externo, y se rehusaron también a que la Asamblea Universitaria discutiera el tema. Para todo ello se cobijaron en la irresponsable “falta de normativa”. Seis miembros votaron por enterrar todo, los otros seis por continuar el proceso, de forma transparente y coherente. Los primeros ganaron gracias al voto de calidad de la directora, de quien se conoce, es sumamente cercana al oído del rector, al igual que los demás miembros de ese grupo.
¿Qué más puede reflejar el bloquear todo intento de investigar y esclarecer sino falta de transparencia e interés por ocultar alguna acción irregular o corrupta? ¿Por qué el ex vicerrector se rehusó a dar su testimonio sobre el caso, a fin de explicar si hubo o no tráfico de influencias? ¿Cómo es posible que de la votación formara parte el vicerrector de Administración, quien es subalterno y autoridad nombrada a discreción del rector? ¿No es eso un conflicto de intereses, el pretender ser juez del superior en jerarquía?
El CU está cometiendo un grave error, y al querer acabar con este proceso del cual ya la prensa y la opinión pública saben, está manchando el nombre de nuestra universidad. Están emitiendo un mensaje muy fuerte, que aquí las autoridades tienen una inmunidad solapada, y que el rector mueve los hilos de los miembros sobre los que tiene influencia para que voten lo que él le funciona. Además de que ignoran a cientos de miembros de la comunidad universitaria que tenemos preguntas sin responder y que queremos saber si hubo o no acciones cuestionables, irregulares o incluso corruptas de parte del rector. Esas preguntas no han sido respondidas aún completamente.

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