El déficit fiscal

Se revirtieron los papeles. En el pasado, el desequilibrio macroeconómico que sufría el país era causado principalmente por el déficit del Gobierno de la República y al Banco Central le correspondía adoptar las medidas restrictivas –ingratas, a veces– para conjugar el desequilibrio y paliar sus efectos en términos de inflación, devaluación y déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hoy, es el Gobierno el que ha mejorado sustancialmente sus finanzas y hasta sale al rescate del Banco Central.

El Ministerio de Hacienda se encuentra actualmente en una situación muy favorable. Los ingresos tributarios han crecido un 28,6% en los últimos nueve meses (con corte a setiembre), pero los gastos, en cambio solo lo han hecho a una tasa del 16,5%, incluyendo el pago de intereses de la deuda pública interna y externa.

En consecuencia, el déficit financiero se redujo significativamente de $182 millones experimentado 12 meses atrás hasta lograr un superávit de $16 millones.

Las finanzas del Gobierno se proponen alcanzar múltiples objetivos: proporcionar bienes y servicios colectivos, fomentar el crecimiento y el desarrollo, garantizar el crecimiento estable y propiciar la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Por eso estos logros nos parecen plausibles.

Esa bonanza fiscal, que esperamos no sea transitoria, se ha logrado sin necesidad de aprobar el paquete tributario. El esfuerzo en la recaudación de los impuestos existentes gracias a las sugerencias de la Contraloría General de la República, la prudencia en el manejo de los gastos y otras medidas (incluyendo la implementación del TICA), permitieron reducir el déficit fiscal. Y eso amerita una reflexión adicional: hace escasos dos años, cuando el proyecto de reforma fiscal fracasó en la Sala Constitucional por defectos de forma, era prácticamente impensable recapitalizar el Banco Central por un simple acuerdo entre las partes. Pero lo más importante es que ahora se está logrando, al menos parcialmente, sin necesidad de escatimar gastos sociales ni sacrificar la infraestructura, como en el pasado. Definitivamente, una buena política fiscal es garantía de desarrollo y estabilidad.

Una reforma fiscal, para que paguen los que más tienen, continúa siendo indispensable para mejorar la capacidad del Gobierno de aumentar su gasto social y generar espacios fiscales para la recapitalización del Banco Central, asegurando a la vez una firme y positiva dinámica de deuda.

Todos estos indicadores deben ser fortalecidos, eliminando las debilidades estructurales que todavía padecen las finanzas públicas. Solo así se consolidará la estabilidad que se requiere para mejorar los índices de crecimiento, desempleo y pobreza.