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Viernes 25 Mayo, 2012

El camino hacia la responsabilidad fiscal

Las propuestas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en materia fiscal según lo reconoce el ministro de Hacienda, don Edgar Ayales no representan una solución real y definitiva que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica.
En ese sentido, el nuevo paquete de medidas fiscales no es más que “una curita” incapaz de detener el desangre que sufrimos por la vía del gasto público, y que causa estragos en términos del déficit fiscal y del endeudamiento público. Es claro que los males de fondo prevalecen y se agravan.
No debemos postergar decisiones de fondo para aspirar a un manejo fiscal responsable, en el mediano y largo plazo. Esto requiere de una cirugía mayor, que pasa por recortar, de manera significativa, los gastos corrientes, en el corto plazo. El congelarlos o permitir que estos no crezcan más del 4%, como ha propuesto el Gobierno, no nos acerca a la solución. Una vez más, se estaría optando por postergar el ajuste necesario y pasar la factura, que cada vez se hace más grande, al pueblo más adelante.
Tampoco podemos continuar ignorando el hecho de que, durante los últimos tres años (2009, 2010 y 2011), los presupuestos que ha presentado el Gobierno para su aprobación en la Asamblea Legislativa son ilegales, ya que violan el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos vigente, la cual prohíbe financiar gastos corrientes con deuda pública, tal y como lo ha señalado, reiteradamente, la Contraloría General de la República.
Nuevamente, para cumplir con lo que ordena la ley, lo que se requiere es recortar el gasto corriente, en lugar de permitir que continúe creciendo a un ritmo menor. Si esta situación no se corrige, todo apuntaría a que el presupuesto que presentará el Gobierno para 2013 también sería ilegal.
El camino hacia la responsabilidad fiscal debería incluir la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (Exp. N° 17,868 – Asuntos Hacendarios). Este proyecto establece límites al crecimiento del gasto público, a la relación de deuda total sobre PIB y un requerimiento de superávit primario (el 2% del PIB). Al mismo tiempo, la ley obligaría al Gobierno a presentar planes para reducción del endeudamiento público y del déficit, que serían de cumplimiento obligatorio, hasta que se logre alcanzar las metas fiscales definidas.
La falta de decisión es el único verdadero obstáculo. La experiencia en varios países en materia de reducción de gasto público innecesario y la aprobación de reglas fiscales estrictas demuestra que sí es factible tomar medidas para contribuir a garantizar el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas.
En Costa Rica, no es que no se puede recortar el gasto público, aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal y cumplir con lo que manda la Ley de Presupuestos, el problema es que quienes nos gobiernan no se atreven a intentarlo.

Luis E. Loría
Economista