Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 14 Marzo, 2016

 Para que el gobierno pueda concertar un fuerte movimiento de actores políticos, sociales y empresariales en favor del paquete de medidas fiscales, es imprescindible que asuma el liderazgo que las elecciones pasadas determinaron

El ajuste fiscal obliga a nuevos ingresos y a bajar gastos

Las Conclusiones Preliminares de la Misión de la Consulta del Fondo Monetario Internacional de 2016, respecto a la situación fiscal expresamente señala: “La misión confirma la estimación realizada anteriormente (enero de 2015) de que se necesita un ajuste fiscal total de un 3,75% del PIB a mediano plazo para estabilizar la relación de la deuda del gobierno central a un nivel seguro. Además, será necesario aplicar ajustes paramétricos en un plazo algo más prolongado a fin de lograr el equilibrio actuarial de los sistemas de pensiones extra-presupuestarios, incluidas mayores contribuciones, tasas de remplazo más bajas y un aumento en la edad de jubilación.”
Confirman esas Conclusiones que ese ajuste se ha de realizar tanto elevando los ingresos como disminuyendo los gastos. Señalan expresamente que respecto a los egresos “las autoridades ya identificaron una serie de recortes al gasto, mediante modificaciones legales y medidas administrativas, que generarían el 1,25% del PIB necesario para cerrar por completo la brecha de sostenibilidad”. Y añaden, que “la reducción en el crecimiento del gasto corriente (debe darse) en su mayoría (en) transferencias y salarios del sector público”.
Termina la Misión de Consulta sus Conclusiones en la parte fiscal con la siguiente afirmación: “Es importante que las autoridades muestren un compromiso duradero con la contención del gasto a largo plazo, además de facilitar el apoyo político y social para el paquete de consolidación. En este sentido, la misión ve con buenos ojos las nuevas propuestas de reforma a las leyes que afectan a las condiciones del empleo público con el fin de evitar aumentos excesivos automáticos en los gastos corrientes, así como una regla fiscal dirigida a mantener la sostenibilidad de la deuda pública. La misión recalca asimismo la necesidad de buscar mecanismos de cumplimiento adecuados para asegurar que la nueva regla sea verdaderamente vinculante”.


Más claro no canta un gallo. Reducción del gasto corriente, especialmente en salarios y en trasferencias corrientes que se usan por los entes públicos que las reciben principalmente también en salarios. Aumento de ingresos. Y una regla fiscal que limite la repetición de estas circunstancias y que se cumpla.
La semana pasada me referí a las debilidades de la regla fiscal que se ha dado a conocer y que no cumple aún con esos requisitos.
Pero no se conocen por la opinión pública cuáles son las rebajas en el gasto corriente actual (salarios y transferencias corrientes) ni cómo se limitará en el futuro la operación de los disparadores del gasto, para que la reducción de ese gasto corriente respecto al PIB sea durable. Ni las reformas que se pretenden a los sistemas de pensiones.
Para que el gobierno pueda concertar un fuerte movimiento de actores políticos, sociales y empresariales en favor del paquete de medidas fiscales, es imprescindibles que asuma el liderazgo que las elecciones pasadas determinaron, y que presente sus propuestas con claridad enfrentando sin reticencias a los diversos grupos de interés. No solo los que se afectan por los impuestos, sino también los que adversan las reducciones del gasto.

Miguel Ángel Rodríguez