El nuevo proyecto de ley del agua debe garantizar este líquido en las condiciones necesarias para la vida a todos los habitantes. Esto incluye definir sanciones por incumplimiento, responsabilidades y recursos para la vigilancia y acatamiento de la normativa

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El agua potable, un derecho de todos

Aunque algunas leyes falten y otras deban actualizarse, en Costa Rica uno de los graves problemas es el incumplimiento de muchas. Ha faltado la voluntad política para hacer las cosas de modo que se respeten las leyes.
En muchos casos, la infracción de la normativa se da porque nadie vigila, de modo eficiente y con buenos resultados, su acatamiento. Tampoco hay sanciones adecuadas.
En este contexto es que deberían analizarse hoy los anuncios del Gobierno para profundos cambios —que urgen— en el país a fin de proteger el agua y regular su uso.
La primera tarea es tener ríos limpios y acuíferos protegidos, mediante una mejora en la regulación que castiga a las personas y empresas que los contaminen, dicen las actuales autoridades del ramo junto a sus consultores.
Es correcto. Una tarea que debió hacerse en anteriores administraciones porque se sabe desde hace décadas de la urgencia de cuidar el recurso hídrico.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que no se logrará el objetivo si la ley de recurso del agua que tiene casi lista el Poder Ejecutivo para enviar al Legislativo, no detalla las sanciones por cada incumplimiento.
Pero además, dicha normativa debe puntualizar cuál institución y con cuáles recursos tendrá la responsabilidad de vigilar su cumplimiento y aplicar dichas sanciones.
Siendo como es, compleja, la tarea de conservar las fuentes acuíferas, los ríos y en general todo aquello que permite proveer de agua potable a la población, es lógico que sean varias instituciones las que coadyuven a ese fin.
Sin embargo, las responsabilidades deben quedar muy bien establecidas y recaerán especialmente sobre la entidad que se considere rectora. Esto no debe ser ambiguo ni sujeto a diferentes interpretaciones.
Puntualizar estas responsabilidades es indispensable para que el compromiso sea asumido como debe ser.
Lo mismo es válido para la idea de generar reglamentos municipales. Los gobiernos locales deberán tener tareas muy específicas, recursos asignados a ello y obligación de responsabilizarse por el cumplimiento de las reglas.
Mientras este tipo de cosas no queden muy claras, todo podría quedar reducido a un enunciado de buenas intenciones, convertido en proyecto de ley, pero sin ninguna posibilidad de salvaguardar el recurso hídrico de Costa Rica.