El trato injusto al emprendedurismo en Costa Rica

Una opción de para el crecimiento con justicia.

Las Pymes abarcan una gama de empresas variadas, desde los emprendimientos de subsistencia unipersonales, hasta las medianas empresas que son formales y tienen acceso pleno a los mercados nacional e internacional. Para diseñar la política pública es necesario conocer y caracterizar con precisión cómo está estructurado el parque de las PYMES, estás se clasifican por su tamaño, con base en tres parámetros que se ponderan: ventas anuales, número de trabajadores y el capital invertido, con ellos se genera un indicador que determina el tamaño, el cual a su vez permite clasificar las Pymes en:

A) Las Microempresas, generalmente con menos de 10 empleados y en la generalidad de las veces son emprendimientos familiares de subsistencia, no necesariamente formalizados. Diversas de ellas son trabajadores por cuenta propia.

B) Las Pequeñas empresas que pueden ir hasta los 50 empleados, con ventas de hasta los ¢800 millones. Son empresas formales.

C) Las Medianas empresas, son empresas formales que pueden tener hasta 100 trabajadores y facturar unos ¢1500 millones. Generalmente con capacidad exportadora y reconocidas en el mercado.

En Costa Rica para reconocerlas como empresas formales y para efectos de los beneficios legales otorgados a las Pymes, se exige que cumplan al menos dos, los siguientes de tres requisitos: i) estar inscritas y aportar a la CCSS, ii) inscritas en el Ministerio de Hacienda como contribuyentes y, iii) tener suscrita una póliza de riesgos de trabajo para proteger a sus colaboradores.

La tabla N°.1, contiene cifras del empleo y de la producción nacional, y se observa que el total de individuos que trabajaban en Costa Rica, en abril del 2023, era de 2.084.370 personas, de ellas 1.863.450 cotizaban a la CCSS, al menos para el Régimen de Enfermedad y Maternidad. Llama la atención que 220.920 personas que tienen empleo no son cotizantes a la seguridad social y que 223.741 personas, en ese mismo mes, que aspiraban trabajar no encontraron empleo alguno.

Las microempresas es un conglomerado que abarca las personas físicas y jurídicas de menor dimensión, a los que trabajan y producen por cuenta propia y a título personal, a los emprendimientos de subsistencia, en todas las actividades productivas imaginables, sean estas formales o no. A manera de ejemplo, pertenecen esta definición: talleres mecánicos, salones de belleza, pequeñas explotaciones agrícolas, quien vende alimentos a domicilio, costureras y sastres, pulperías, entre otras.

Las cifras de empleo reflejada en la tabla N° 1 y el “Estado de Situación de las Pymes del 2021” permite aproximar la dimensión de las microempresas en Costa Rica, conscientes del anacronismo de las cifras y al suponer la estabilidad de estas, se puede derivar la tabla N°. 2, en el que se observa el aporte de las microempresas al PIB, es 12,7 %, pero al observar la dimensión de empleabilidad estás generaron 746.030 empleos, 36 % del total del empleo nacional. Lo que revela que, por cada punto porcentual de PIB aportado, estas generan cerca de 58.750 empleos, mientras que el resto de categorías empresariales, que incluyen a la grandes, medianas y pequeñas empresas, se creó 15.330 empleos por cada punto de aporte al PIB. Lo que indica que las microempresas son trabajo intensivas ya que potencias 3.80 veces más empleos que el resto de las categorías empresariales y sostienen empleos en zonas de menor desarrollo y con personas de menor escolaridad.

Se podría argumentar que es lógico porque el autoempleo es el que predomina, pero cuidado caer en engaños con las cifras, lo óptimo sería que las 220.920 personas que se reportan trabajan en la total informalidad, y estuvieran formalizadas y que los llamados “Cuenta Propia” que solo aportan para el Régimen de Enfermedad y Maternidad, lo hicieran de también para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y no es así, porque la rentabilidad de sus explotaciones no lo permite pues absorbería los ingresos necesarios para la sobrevivencia familiar.

No obstante, de esos 746.030 empleados de microempresas dependen económicamente por término medio 2.4 costarricenses, o sea que de las microempresas dependen económicamente 1.806.000 personas en el país, un 36 % de la población.

Esta breve caracterización de la importancia de las microempresas en Costa Rica, permite señalar la urgente necesidad y relevancia de atender a este sector de la empresariedad, con políticas públicas osadas y agresivas de apoyo para darles la oportunidad de mejorar sus condiciones y escalar, formalizarse, mejorar la productividad, enfrentar mercados más justos y estables que los que disponen.

Si en el pasado Costa Rica apostó por la diversificación de las exportaciones a través de la exoneración total de tributos y el otorgamiento de subsidios monetarios cuantiosos, lo llamados CAT, que llegaron a sumar 15 puntos del PIB a largo de la vigencia, si hoy se mantiene el Régimen de Zonas Francas que exonera tributos alrededor del 1 punto del PIB anualmente, ¿cómo Costa Rica na va a darle un trato similar los microempresarios y emprendedores nacionales?

Valga señalar cinco acciones concretas de política para impulsar a los microempresarios nacionales, que se marcan seguidamente: compras del Estado, fomento de la asociatividad, acompañamiento empresarial, vigilancia de la competencia en los mercados y acceso al crédito en condiciones justas. Estas acciones no agotan las necesidades existentes para conglomerado de las microempresas, no implican grandes erogaciones para la implementación y pero sí que tendrían repercusiones relevantes en la empleabilidad, reactivación productiva, la distribución del ingreso y los encadenamientos productivos.

El estado compra anualmente entre un 15 % y un 20 % del PIB, a través de 330 proveedurías, y buena parte de esas compras pueden y deben salvaguardarse para las empresas nacionales, especialmente las microempresas. Esta política de compras del Estado preferentes para las microempresas, está presente en prácticamente todos los países de la OCDE y Costa Rica debe adoptar esa buena práctica.

El fomento la asociatividad es sumamente necesario para el subsector para el desarrollo de las capacidades, organizarles en el acceso a los mercados donde venden sus bienes y servicios y donde compran sus insumos. Hay múltiples opciones como la cooperativización, centros agrícolas, asociaciones de productores e incluso el fortalecimiento de las organizaciones vigentes.

El acompañamiento empresarial es necesario replantearlo, legalmente está a cargo de la Dirección de Pymes (DIGEPYME) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero el personal y el presupuesto anual que se le asigna es ridículamente bajo de ¢953 millones para el 2023, comparado con ¢26.166 millones de PROCOMER que es 27 veces mayor, o la exoneración anual a las Zonas Francas de ¢344.002 millones que es 361 veces mayor (2020 último dato). Hay que replantearse sinceramente este injusto menoscabo en el apoyo estatal para la microempresariedad, pues parece que la falta de organización del sector de empresas más pequeñas, está haciendo mella en su contra.

En el acompañamiento hay que organizar a todo el ecosistema que apoya a la empresariedad para lograr sinergias al respecto y aquí las universidades públicas y la economía social solidaria tienen mucho que aportar y liderar, a la par de la banca pública y de desarrollo.

La vigilancia de la competencia es una gran falencia en Costa Rica, hay demasiados actores en el ámbito comercial con poder de mercado, capaces de extraer todas las ganancias a las microempresas, pagándoles precios ruinosos o cobrándoles precios elevados por los insumos productivos que esta requieren.

El acceso al crédito en condiciones justas es medular. Cuando se financian proyectos o actividades con clara viabilidad financiera y el crédito soportado con el uso de avales, no es aceptable que los entes prestamistas cobren tasas de interés abusivamente altas, que succionan las rentas de las microempresas. En esto de nuevo debemos echar una mirada a los estándares de la OCDE, Alemania es un buen ejemplo de bancos cantonales sin tasas usureras y muy rentables. Eso requiere de la reeducación de los funcionarios de la banca pública y, de que fortalezca la red de microfinancieras para la producción.

Este artículo pretende mostrar una falencia que tiene Costa Rica en política pública para el fomento real del microempresariado en general y la enorme oportunidad de generar empleo, crecimiento económico y justicia social.