¡El tiempo es oro y competimos globalmente!

En junio del 2022, escribí en este mismo medio un artículo titulado “Una Oportunidad para Costa Rica”. El motivo de este se debía a que en los primeros 50 días de la Administración Chaves Robles, las señales para el sector privado y para el país eran positivas.

Retomar la apertura al mundo mediante TLC´s, compromiso con más y mejores empresas y mayor empleabilidad, mediante medidas como la eliminación de cuellos de botella, convocatoria del proyecto de jornadas excepcionales, plataformas de transporte privado (Uber, Didi...) y foco en promover mayor inversión extranjera y exportaciones, eran algunas de esas señales. En línea con la OCDE, la búsqueda de una mayor competitividad, que se traduce en mejores precios para el consumidor. Ruta del arroz y eliminar la restricción a la importación del aguacate, eran dos ejemplos en esa dirección. Mencionaba otras medidas que incluían terminar con el nefasto adoctrinamiento de nuestros niños y jóvenes, al suspender el convenio con Cuba, representante del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI. Estas mencionadas y otras iniciativas, daban un clima de confianza, que se traduciría en mayor crecimiento y prosperidad para las familias costarricenses.

¿Qué ha pasado dos años después?

Podría resumir que las que dependen del Ejecutivo se han cumplido o han ido avanzando, pero como es de sobra conocido, el poder en Costa Rica, aunque tenemos un régimen presidencialista, lo tiene mayormente la Asamblea Legislativa. Es en la Asamblea donde se logran la mayoría de los cambios de fondo que requerimos y que lamentablemente, por intereses partidarios o diferentes visiones país, no prosperan o lo hacen lentamente.

Lo anterior ha implicado una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un presidente urgido por lograr los cambios que propuso y que su Administración hoy considera son prioridad país, se enfrenta a una Asamblea, que, como su mismo presidente, el diputado Arias Sánchez lo ha manifestado, desenfocada, gastando tiempo en proyectos sin importancia para la realidad nacional. Esta confrontación que se da principalmente por lo que ha acontecido con la seguridad a nivel nacional y tres iniciativas claves para el gobierno (Ciudad Gobierno, Japdeva y escáneres), se ha extendido al Poder Judicial y la Contraloría.

Resumo los reclamos hacia el señor presidente, en su forma o tono, que es muy confrontativo y de que irrespeta la institucionalidad de los otros dos poderes de la República y de la Contraloría General. Pregunto, ¿realmente es una amenaza a la Institucionalidad pedir resultados o reclamar con vehemencia, o como lo quieran llamar, lo que un presidente, que hoy cuenta con más de la mitad de respaldo de los costarricenses, considera son acciones que afectan los resultados de su gestión y para lo que fue elegido democráticamente?

Estemos de acuerdo o no en la forma, no creo que Costa Rica este ni cerca de tener su Institucionalidad en riesgo, pero si es la excusa perfecta para que nada cambie.

El Gobierno anuncia la ley Jaguar y espero que las interpretaciones que den las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea, sea pensando en el bienestar del país. Ya el Plan B de búsqueda de firmas va en marcha, pero recomendaría, al ser ellos los responsables de que hayamos llegado a este referéndum, procedan, sin demoras, a votarlo si o no y se enfoquen en cumplir con sus obligaciones, aprobando prioritariamente proyectos de ley en seguridad y que promueven una mayor empleabilidad, los dos principales problemas país que el costarricense menciona, de acuerdo con las últimas encuestas.

Un nuevo recordatorio a la Asamblea Legislativa, ¡el tiempo es oro!