El proyecto de alfabetización digital: La trampa dialéctica

Hace apenas una semana, el Gobierno convocó a una conferencia para dar a conocer que bajo la dirección de dos diputados del Partido Liberación Nacional y con el aval de la administración de Carlos Alvarado, se estaría presentando uno de los proyectos más importantes.

Lo que se anunció fue sin duda, una quimera que vería su realidad prontamente, porque lograríamos en poco tiempo resolver los problemas de infraestructura tecnológica del MEP, pero lo cierto del caso es que el proyecto presentado a despacho por 32 diputados no es ni más ni menos que la quiebra del principio de universalidad y la destrucción del modelo de solidaridad vigente.

El proyecto de ley da carta abierta al MICITT y al MEP para extraer de Fonatel, todos los fondos que determinen con el propósito de que se excluya a la SUTEL como entidad neutro y garante de la transparencia y se erija el MEP como entidad de tránsito de los recursos para que lleguen hasta su destinatario final: la Fundación Omar Dengo que es quién ejecuta el Programa Nacional de Informática Educativa.

Pero lo más grave, es que en esta ruta alambicada de los dineros de Fonatel, se pretende eliminar la licitación pública para autorizar un régimen excepcional de contratación de urgencia al MEP y así, este ministerio tome todos los recursos públicos que necesite según su valoración.

Con el espaldarazo del propio Presidente de la República, se está corriendo en la Asamblea Legislativa para que se le dispense de todo trámite al proyecto y se convierta en ley de la República sin mayor discusión, y es ahí donde de nuevo se prenden las alarmas.

Por qué tanta prisa?

Por qué razón no se quiere discutir ampliamente el proyecto de ley?

Por qué una vía rápida para hacerse de todos los fondos de Fonatel?

Por qué retirar a la SUTEL y otorgarle al MEP una tarea reguladora?

Los proponentes y el gobierno quieren partir en dos el principio de universalidad de telecomunicaciones que hoy está previsto tanto en nuestra legislación como en la jurisprudencia constitucional para convertirlo en una norma innecesaria, y sean dos ministerios, el MEP y el MICITT quiénes se encarguen de abrir una grieta en nuestro sistema regulatorio que incidirá en el modelo comprometido en el CAFTA.

Por ello es importante recordar que cuando hablamos de universalidad de servicios, determinamos un sin número de excluidos digitales, que deben ser considerados sin distingo alguno en la política pública como beneficiarios, y claro está que la educación pública es uno de los más importantes destinatarios de fondos de universalidad, pero no debemos de perder de vista que la Sala Constitucional precisó los alcances de la universalización se servicios de telecomunicaciones.

“En el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública en línea así como a la importancia que tienen estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la libertad de acceder a estos servicios; (…)”, dijo la Corte.

“En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías.” (Exp: 09-013141-0007-CO).

Entonces es claro que, universalidad es una sola, que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de emitir la política pública y que es el regulador, la SUTEL, quién debe buscar la universalidad de servicios con distintos instrumentos: competencia de servicios, subsidios, ejecución de programas y que el proyecto de ley de alfabetización digital es poco menos que necesario ya que en el instrumental actual, el gobierno puede disponer de los fondos de FONATEL bajo el dictado de política pública.