El mundo y nosotros vivimos una turbulencia económica, debemos proteger las familias pobres

Esta turbulencia ya causa problemas económicos y sociales, y hará mucho daño al bienestar de las familias, especialmente de las que sufren pobreza.

Esperemos no se convierta en huracán arrasador.

La inflación ha llegado en mercados desarrollados y emergentes a niveles que por mucho tiempo no se veían. En EEUU, en mayo, llegó a 8,6%, la cifra más alta de los últimos 40 años. Según informa el Banco Mundial en una muestra de economías que fijan metas de inflación, en abril todas las economías avanzadas y el 87,1% de las de mercados emergentes y en desarrollo estaban por encima de la meta. En ese recién pasado mes de abril la inflación en las economías desarrolladas alcanzó un 7% y en las de economías emergentes y en desarrollo pasó del 9% y sigue creciendo.

Esto es el resultado de la pandemia y los efectos que tuvo en interrumpir las cadenas de producción y aumentar los fletes, de la invasión de Rusia a Ucrania, y de las políticas monetarias y fiscales expansivas seguidas por la gran mayoría de los países ante la recesión mundial causada por la covid-19, la mayor desde la II Guerra Mundial.

Además, después de la expansión de las economías en 2021 cuando en diferentes proporciones se recuperaron de la gran caída de 2020, el crecimiento de la mayor parte de los países para este año se ha venido haciendo cada vez más lento.

En junio de 2021 el Banco Mundial (BM) estimó que el PIB mundial crecería en 2022 un 4,3% con una disminución respecto al crecimiento de 2021 que partía de la baja base causada por la recesión producto de la pandemia. En enero de este año el BM redujo su estimación de crecimiento a 4,1% y en junio lo bajó a solo 2,9%. Incluso ese bajo nivel podría ser que no se alcance por los riesgos a la baja: agravamiento de la guerra en Ucrania, un fuerte rebrote de una nueva variante del SARS-CoV-2, políticas monetarias restrictivas más fuertes de la cuenta (si el ajuste monetario es excesivo causa recesión); o un colapso en los mercados bursátiles.

Costa Rica ha seguido una ruta similar, aunque no tan marcada la caída de la producción esperada. Según el Banco Mundial en junio del año pasado nuestro PIB se esperaba que creciera un 3,4%, que en la estimación de enero subió a 3,5% y en la de este mes volvió a 3,4%. Pero el BCCR considera una disminución considerablemente mayor. En su Informe de Política Monetaria de octubre de 2021 proyectó un crecimiento del PIB para este año de 4,5%. Ya en el Informe de enero pasado lo bajó sustancialmente a 3,9 y en el de abril lo bajó de nuevo para dejarlo ahora en 3,4%. Las mismas causas que podrían hacer bajar más el crecimiento de la economía mundial este año se aplican a nuestro país, adicionadas por causas internas como podrían ser un deterioro de las relaciones con el FMI, un cambio que aumente la estimación de nuestro riesgo país en los mercados externos o un exceso deflacionario en la política de ajuste monetario del BCCR.

También en nuestro país la inflación se ha acelerado rompiendo la buena estabilidad que vivimos en años anteriores. Desde febrero de 2015 hasta octubre de 2021 la inflación anual de cada mes estuvo por debajo de la meta de 3% fijada por el BCCR. En un 70% de esos meses incluso estuvo por debajo del límite inferior propuesto de 2%. Ya en noviembre del año pasado subió a 3,35% y siguió subiendo hasta llegar a 8,71% en mayo recién pasado. Ese nivel de inflación no se sufría desde mayo de 2009.

El aumento de los precios ha sido generado principalmente por el efecto de los precios externos. Esto causa un deterioro aún mayor en el nivel de bienestar de los costarricenses porque se da un deterioro en los términos de intercambio, esto es en el poder de compra de nuestras exportaciones, lo que nos empobrece: con la misma producción podemos consumir menos.

El efecto de esta pérdida en los términos de intercambio se puede ver en que el Ingreso Nacional Bruto de este año se estima por el BCCR que solo crecerá en un 1,6%, frente al 3,4% del PIB.

El problema es aún más serio para las familias pobres puesto que su presupuesto se usa en una proporción mucho mayor en alimentos y en artículos y servicios afectados por el precio de los combustibles. Usando los datos del INEC desagregados por las fuentes del incremento en el Índice de Precios al Consumidor, puede hacerse una estimación del impacto de los aumentos en alimentos, bebidas y energía en el aumento de ese indicador de la inflación. Para mayo pasado nos indica que un 78% del incremento viene de esos elementos y golpea de una manera muy severa los hogares pobres.

Los grados de libertad del gobierno para ayudar a los consumidores frente a este empobrecimiento son muy limitados por la situación fiscal acumulada que genera un muy alto nivel del endeudamiento público respecto al PIB. Aunque esa situación está en vía de superación, el proceso es gradual. Para mantener ese sendero se debe respetar la regla fiscal y no se pueden sacrificar ingresos del gobierno.

Por eso, mucho se discute sobre cómo paliar el incremento en el precio de los combustibles, y se habla de usar crédito externo para financiar bien un subsidio directo a los derivados del petróleo, o bien al transporte público de personas.

En mi opinión esa no sería la manera más justa de actuar.

Lo más importante es socorrer a las familias pobres agobiadas por el encarecimiento de los alimentos y otros bienes esenciales para su manutención. Esto es además urgente por el alto nivel de desempleo y la baja tasa de participación en ocupación que aún prevalecen.

El crédito externo debería usarse para subsidiar a las familias pobres con un programa similar al del Bono Proteger.

Se puede usar el aprendizaje producido por esa experiencia para mejorar la focalización de los recursos usando el SINIRUBE. Pero como ese instrumento nunca puede estar totalmente al día y la pobreza evoluciona con nuevas familias cayendo en sus garras, se debe dar oportunidad de que las familias hagan llegar al IMAS su demanda exponiendo su situación. La verificación de la situación de necesidad de las familias sin trabajo y en pobreza la pueden hacer en plazos muy cortos los EBAIS que son las instituciones más descentralizadas del país y conocen a las familias a las que atienden.

Esto lo demanda la justicia social y la visión cristiana de la fraternidad.