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FORO DE LECTORES


El libre mercado del transporte de personas en Costa Rica

Ricardo Redondo Luque [email protected] | Viernes 13 diciembre, 2019

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Desde que Uber comenzó a operar en el país en el 2015, esta empresa y otras que llegaron tiempo después han venido operando con completa libertad en el mercado nacional y con discrecionalidad para establecer tarifas, porcentajes de ganancias y requisitos aplicables a usuarios y colaboradores. Sus tarifas y servicio han provocado que el consumidor o usuario final prefiera utilizar las plataformas diseñadas por estas empresas antes que el “servicio público” (que ofrece el Estado) por medio de los taxis.

A consecuencia de la llegada de estas empresas, se ha suscitado una especie de libre mercado, terminándose el monopolio estatal en el transporte privado de personas, donde la oferta y la demanda han “regulado” las condiciones del servicio.

Hasta la fecha, se han visto sumamente beneficiados los consumidores o usuarios, quienes han aprovechado las bajas tarifas y las comodidades en los viajes que ofrecen estas aplicaciones, en comparación con el servicio público, mientras que los colaboradores o choferes se benefician por los ingresos que logran generar.

La idea del libre mercado se basa en un sistema económico regido por la oferta y la demanda o por el libre juego de las fuerzas del mercado para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. Es decir, el libre mercado busca que la principal norma regulatoria sea la voluntad del usuario consumidor frente al oferente.

Por ejemplo, hace unos días la empresa asiática DiDi, comenzó a operar en Costa Rica con precios menores a Uber, por lo que Uber reaccionó con descuentos del 25% en los viajes.

Estas acciones permiten que el consumidor se vea atraído por el servicio, provocando más viajes para ambas empresas y, por consiguiente, beneficiando al colaborador, quien, aunque tenga menos margen de ganancias por viaje, tendría la potestad de operar en ambas aplicaciones, dependiendo de cual le genere mayor demanda (servicios) durante el día. Sin embargo, es claro que, para que exista una economía de mercado, debe existir una mínima regulación por parte del Estado.

Aunque el libre mercado del servicio de transporte privado a través de plataformas tecnológicas es un claro ejercicio de derechos como la autonomía de la voluntad, la iniciativa privada y la libre elección, teniendo como soporte normativo-legal no declarado, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) y el artículo 7 de la Constitución Política, en los últimos meses, se ha promovido una regulación al servicio brindado a través de plataformas digitales, alegando que se lograría “mejorar el transporte de personas” al equiparar o equilibrar la competencia entre servicios de transporte públicos (obsoletos) y servicios privados (novedosos).

El restringir el libre mercado mediante regulaciones innecesarias a un servicio privado que beneficia a los consumidores y a la economía en general, con el fin de “equiparar la competencia” con un servicio público (obsoleto) y corrompido, produciría efectos negativos para los partícipes del mercado, excepto para el Estado, quién obtendría mayores ingresos por las cargas impositivas que aplicaría al servicio particular.

El proyecto de ley número 21587 llamado “Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por Medio de Plataformas Tecnológicas” no solo contiene políticas regulatorias abusivas como otorgarle la potestad al Estado a modificar las tarifas de las plataformas, sino que obligaría al colaborador al pago de un tributo anual llamado “Derecho de Operación” equivalente al 20% del salario base, establece un límite de horas en las que puedan dar el servicio, registrar sus vehículos y ser registrados como conductores de una determinada Empresa de Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataforma Tecnológica o ESTP (aplicaciones), lo que eventualmente restringiría a los choferes a operar en diferentes aplicaciones como lo hacen actualmente.

Sería más conveniente aplicar a esa actividad privada, las normas e impuestos que ya existen, tales como el impuesto sobre la renta (impuesto indirecto) y un impuesto al valor agregado reducido (impuesto directo), así como la obligación a los choferes de inscribirse como trabajadores independientes, sin necesidad de grandes reformas. Es un tema de política o ejecución, más que de leyes.

El Estado, en su obligación de protección del consumidor, debería de seguir los principios jurídicos de la lógica y de la razonabilidad, teniendo como principal misión lograr una mejor fiscalización y regulación del transporte público que proveen los taxis, conforme al principio de satisfacción que establece el artículo 4 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi número 7969.

A lo anterior, se podría sumar una modificación normativa del servicio público para establecer márgenes a negociar con el usuario en lugar de tarifas fijas obligatorias, una mejora en la calidad del servicio mediante fiscalización y controles digitales que permitan reacción del consumidor y del Estado ante conductas ilícitas, anormales o incorrectas de los choferes, la creación de aplicaciones digitales para esos y otros efectos, en donde se conozcan los datos de los choferes y se pueda negociar digitalmente la tarifa, mejorando la competitividad y ofreciendo al consumidor final iguales o mejores condiciones que las del servicio privado.

Como dijo Herbert Hoover: “La competencia no es sólo la base de la protección al consumidor, sino que es, además, el incentivo para el progreso”.

Mantener el mercado sin regulaciones que entorpezcan las iniciativas privadas y con regulaciones efectivas e innovadoras del servicio público provocaría que los competidores se esfuercen más por ser la mejor oferta del mercado, beneficiando así al consumidor.

Costa Rica aún está a tiempo para convertir un ineficiente monopolio estatal en un mercado ágil y seguro, regulado por la oferta y la demanda y en donde prevalezcan los servicios más eficientes, económicos y seguros; favoreciendo la economía nacional en la generación de ingresos y de mejores precios finales para el consumidor.








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