El IVM : Un desafío que demanda responsabilidad

María Inés Solís Quirós

Diputada

Fracción Unidad

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se creó en los años cuarenta con el objetivo inicial de brindar una pensión a los trabajadores públicos, mediante un sistema de reparto intergeneracional que se fue ampliando hasta cubrir a la totalidad de trabajadores.

Dos principios fueron la base de esta histórica transformación social; la previsión para garantizar lo necesario para una vejez digna y la solidaridad social que juntó a la población, al Estado y a los patronos en un objetivo común.

Asimismo, esos principios nos han orientado para crear en las últimas décadas un régimen obligatorio de pensiones complementarias, un régimen voluntario de pensiones y un cuarto pilar de pensiones no contributivas, los cuales complementan al IVM y dan forma a un sistema integral que pretende responder a una sociedad con una esperanza de vida cada vez mayor.

El desafío es constante. Tomar decisiones que le den solidez y sostenibilidad a nuestras pensiones, siendo el IVM uno de los que requieren mayor atención en la actualidad.

En un estudio de Víquez J. y Robles E., los autores advierten que en los últimos años la sostenibilidad del IVM se ha puesto en duda, por varios estudios actuariales realizados por iniciativa de la SUPEN, la CCSS y la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), llegando todos a la conclusión de que se presenta un riesgo de financiamiento (no se garantiza su sostenibilidad desde un punto de vista actuarial).

La misma OCDE señaló el año anterior que “En un plazo de 15 a 20 años apuntan a que las reservas se agotarían luego de experimentar déficit en los años previos; incluso, apuntan a que la brecha entre los gastos e ingresos por pensiones tendrá que ser financiada por el fondo de reserva de la Caja a partir de 2030, pero ese mismo fondo se agotaría en el 2037”.

En los últimos días, la CCSS ha presentado una serie de propuestas planteadas con el fin de darle sostenibilidad a este régimen, que se enfocan en aquellas variables del IVM que afectan exclusivamente al trabajador afiliado. Específicamente presentaron 3 modificaciones:

• Aumentar la edad de retiro tanto para hombres como para mujeres hasta los 65 años.

• Aumentar de un 10% a un 15% el aporte del obrero

• Rebajar a un 45% el monto de la pensión

Estas son propuestas que han generado malestar en la ciudadanía, quienes las consideran inoportunas e injustas.

Una de las principales críticas sobre aumentar el aporte del trabajador es su impacto en la informalidad del empleo. Desde el año 2019 Robles, E. había señalado que “los cambios que se han implementado en el régimen de IVM de la CCSS desde el 2010 para solventar el tema de envejecimiento. han estado orientados a aumentar la tasa de cotización. Esto produce un encarecimiento de la formalidad, ya de por sí excesivamente alta en Costa Rica, y promueve la desafiliación del sistema, en especial entre personas de los estratos más pobres”.

Por otra parte, aumentar la edad de retiro de hombres y mujeres a 65 años ha sido objetada por varios sectores, especialmente argumentando que en el caso de las mujeres la diferencia que se tiene actualmente, está sustentada en los roles no remunerados que ellas asumen en los hogares costarricenses.

Existen varias opciones que pueden ser tomadas en cuenta para darle sostenibilidad a este régimen. Una de las que se debería de impulsar con más urgencia, no solo para darle a los costarricenses la posibilidad de tener una pensión digna en su vejez, sino también para reactivar la economía; es proporcionar alternativas para disminuir la informalidad, cifra que ya se aproxima el 50% y que impacta de manera significativa a este régimen que cada vez tiene una menor cantidad de cotizantes.

Conforme aumenta la informalidad en los estratos más pobres habrá una mayor demanda futura de pensiones no contributivas con cargo al presupuesto nacional. Para revertir esta situación es necesario reducir las cargas sociales para igualar las cotizaciones del sector independiente a las de los asalariados, alternativa que ha sido planteada en la Fracción Unidad mediante proyectos que ya están en la corriente legislativa.

También, se debe avanzar en la condonación de deudas con la CCSS. Para eso la fracción del PUSC puso sobre la mesa el proyecto de amnistía a los deudores con la institución. Asimismo, se ha hablado de la posibilidad de asegurar a los trabajadores por la jornada laboral efectiva y no como opera actualmente con montos mínimos de base contributiva.

En resumen, el IVM recibiría una importante inyección de recursos si se formaliza a los cientos de miles de trabajadores informales. La flexibilización de las regulaciones laborales (incluida condonación de deudas con la CCSS, la reducción de cargas sociales, etc.) es una opción necesaria para apoyar las finanzas del IVM, crear más y mejores oportunidades de trabajo para las familias y mejorar las condiciones de los trabajadores independientes que sufren la informalidad.

En cuanto al manejo de los recursos de la reserva del IVM, se señala la alta concentración de las inversiones en bonos de deuda del Gobierno. Estas decisiones de inversión no deben responder a las necesidades de captación de Hacienda para cubrir el déficit fiscal. Se recomienda una mayor diversificación para evitar problemas de liquidez, incumplimiento y sostenibilidad, mediante una gestión técnica y profesional de estos fondos de los trabajadores, bajo la más estricta regulación y supervisión por parte de las entidades especializadas.

Es necesario tener una visión mucho más amplia del desafío que representa el IVM. No podemos cargar los ajustes sobre los hombros de las personas trabajadoras, especialmente sobre las poblaciones más vulnerables. El citado estudio señala que “resulta poco viable aumentar la tasa de cotización, el número de cuotas o la edad de retiro sin desincentivar la formalidad ni endurecer las condiciones de acceso a una pensión”. La mesa queda servida para plantear y estudiar las propuestas serias y definitivas que requiere el IVM para que continúe siendo pilar del desarrollo económico y social del país por muchas décadas más.