El Fiscal General es el único responsable de la lentitud de la justicia
| Sábado 06 septiembre, 2008
El Fiscal General es el único responsable de la lentitud de la justicia
Es muy lamentable que tras tardar años y años en presentar una acusación, la Fiscalía ni siquiera haya podido hacer bien el trabajo. Lo mínimo que podría esperarse es que lo haga respetando los derechos y garantías de los ciudadanos. Lo mínimo sería esperar también que se revisen las leyes que invocan, y que no utilicen normas sin el debido fundamento legal.
- Pero no, resulta que en su afán de perseguirme a toda costa se les ocurrió aplicar un criterio de oportunidad a favor de un autor principal con lo que violan las más elementales normas constitucionales que garantizan el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad. No, repito, no se trata en una acusación penal de imponer a toda costa una pena a quien arbitrariamente se le ocurra perseguir al Fiscal General. No, repito, no se trata de negociar con el autor principal José Antonio Lobo para darle impunidad a cambio de sus falsas acusaciones contra una persona de mayor significancia política. Para defenderme de esos abusos, que violan los derechos constitucionales y los derechos humanos, he tenido que recurrir a la justicia constitucional buscando amparo y garantía en defensa de mis derechos.
- En ese mismo afán persecutorio, la Fiscalía pretende también acusarme de un delito que no tiene base legal. Cuando revisamos los cargos que me atribuían y el detalle de la acusación que presentaron, notamos que pretenden usar un tipo penal que no existe. Para acusar a alguien de un delito, es lógico que primero tiene que haber sido creado.
- El Fiscal General ha dirigido en mi contra al Ministerio Público centrando su acción en una persecución mediática, a través de ciertos medios, y ahora pretenden dirigir la acusación a costa de groseras violaciones constitucionales.
- No tiene ningún sentido hacer una audiencia preliminar sobre una acusación que pretende utilizar un testimonio comprado a costa de la impunidad para un autor principal violando las garantías constitucionales y que además usa una base legal errónea. Sería malgastar tiempo y mucho dinero, que pagan todos los costarricenses, en un proceso que finalmente tendría que ser anulado, debido a errores de la Fiscalía.
- La única forma de evitar esas arbitrariedades es establecer, sin lugar a dudas, la constitucionalidad o no de estas situaciones. Ese es el objetivo de las acciones de inconstitucionalidad que nos vimos forzados a presentar para evitar que el error de la Fiscalía lleve a que se efectúe un proceso muy largo a partir de una base equivocada, solo para que después resulte que todo es nulo.
- Claro que, por desgracia, ese proceder de la Fiscalía retrasará todo el proceso. He pasado cuatro largos años esperando la oportunidad de presentar mis explicaciones ante un Tribunal. Para eso regresé, por mi propia voluntad, cuatro años atrás, y he tenido que sufrir atropellos a mis derechos humanos, como ha confirmado la propia Sala Constitucional. Tengo todavía limitada mi libertad de movimiento. Así que soy el mayor interesado en que este proceso se efectúe con la mayor rapidez posible. Por eso lamento profundamente que las acciones inconstitucionales de la Fiscalía tengan el efecto de generar un nuevo retraso en este proceso. Tras cuatro años de espera, tendré que seguir haciendo acopio de paciencia. Pero tampoco es posible aceptar que se realice el proceso con violaciones a la Constitución, que podrían llevar a su anulación y a que sea un desperdicio de tiempo y recursos. Lástima que la Fiscalía no pudiera hacer ni medianamente bien su trabajo.
En lugar de eso, pretendiendo evadir su responsabilidad haciendo aún más evidente su afán persecutorio en mi contra, la Fiscalía sale el viernes con un comunicado en el cual falsamente afirman que el primer atraso de la Audiencia Preliminar fue por culpa de mi defensa. Ya mis abogados defensores aclararon anteriormente esa falsedad. La verdad es que los defensores de varios imputados solicitaron la posposición de la Audiencia que se iba a llevar a cabo en noviembre del año pasado y que no se coordinó con la agenda de los defensores. Incluso antes de que uno de los abogados que me defienden manifestara que para esa fecha tenía señalado otro proceso judicial, lo cual obviamente no era su culpa, ya lo habían así indicado defensores de otras personas.
Es inconcebible tanta desfachatez por parte del Ministerio Público, cegado por su afán persecutorio. Una vez más vemos a las pavas tirándoles a las escopetas. El Fiscal General es el mayor responsable de la falta de prontitud de la justicia y de las violaciones a mis derechos humanos. Ese hecho incontrovertible no puede oscurecerlo con falsedades tan burdas. Mejor sería que se concentre en hacer bien su trabajo, y en dejar de usar arbitrariedades, para poder tener un juicio justo a la mayor brevedad posible.
Miguel Angel Rodríguez E.
Ex Presidente de la República
Ex Secretario General de la OEA
Es muy lamentable que tras tardar años y años en presentar una acusación, la Fiscalía ni siquiera haya podido hacer bien el trabajo. Lo mínimo que podría esperarse es que lo haga respetando los derechos y garantías de los ciudadanos. Lo mínimo sería esperar también que se revisen las leyes que invocan, y que no utilicen normas sin el debido fundamento legal.
- Pero no, resulta que en su afán de perseguirme a toda costa se les ocurrió aplicar un criterio de oportunidad a favor de un autor principal con lo que violan las más elementales normas constitucionales que garantizan el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad. No, repito, no se trata en una acusación penal de imponer a toda costa una pena a quien arbitrariamente se le ocurra perseguir al Fiscal General. No, repito, no se trata de negociar con el autor principal José Antonio Lobo para darle impunidad a cambio de sus falsas acusaciones contra una persona de mayor significancia política. Para defenderme de esos abusos, que violan los derechos constitucionales y los derechos humanos, he tenido que recurrir a la justicia constitucional buscando amparo y garantía en defensa de mis derechos.
- En ese mismo afán persecutorio, la Fiscalía pretende también acusarme de un delito que no tiene base legal. Cuando revisamos los cargos que me atribuían y el detalle de la acusación que presentaron, notamos que pretenden usar un tipo penal que no existe. Para acusar a alguien de un delito, es lógico que primero tiene que haber sido creado.
- El Fiscal General ha dirigido en mi contra al Ministerio Público centrando su acción en una persecución mediática, a través de ciertos medios, y ahora pretenden dirigir la acusación a costa de groseras violaciones constitucionales.
- No tiene ningún sentido hacer una audiencia preliminar sobre una acusación que pretende utilizar un testimonio comprado a costa de la impunidad para un autor principal violando las garantías constitucionales y que además usa una base legal errónea. Sería malgastar tiempo y mucho dinero, que pagan todos los costarricenses, en un proceso que finalmente tendría que ser anulado, debido a errores de la Fiscalía.
- La única forma de evitar esas arbitrariedades es establecer, sin lugar a dudas, la constitucionalidad o no de estas situaciones. Ese es el objetivo de las acciones de inconstitucionalidad que nos vimos forzados a presentar para evitar que el error de la Fiscalía lleve a que se efectúe un proceso muy largo a partir de una base equivocada, solo para que después resulte que todo es nulo.
- Claro que, por desgracia, ese proceder de la Fiscalía retrasará todo el proceso. He pasado cuatro largos años esperando la oportunidad de presentar mis explicaciones ante un Tribunal. Para eso regresé, por mi propia voluntad, cuatro años atrás, y he tenido que sufrir atropellos a mis derechos humanos, como ha confirmado la propia Sala Constitucional. Tengo todavía limitada mi libertad de movimiento. Así que soy el mayor interesado en que este proceso se efectúe con la mayor rapidez posible. Por eso lamento profundamente que las acciones inconstitucionales de la Fiscalía tengan el efecto de generar un nuevo retraso en este proceso. Tras cuatro años de espera, tendré que seguir haciendo acopio de paciencia. Pero tampoco es posible aceptar que se realice el proceso con violaciones a la Constitución, que podrían llevar a su anulación y a que sea un desperdicio de tiempo y recursos. Lástima que la Fiscalía no pudiera hacer ni medianamente bien su trabajo.
En lugar de eso, pretendiendo evadir su responsabilidad haciendo aún más evidente su afán persecutorio en mi contra, la Fiscalía sale el viernes con un comunicado en el cual falsamente afirman que el primer atraso de la Audiencia Preliminar fue por culpa de mi defensa. Ya mis abogados defensores aclararon anteriormente esa falsedad. La verdad es que los defensores de varios imputados solicitaron la posposición de la Audiencia que se iba a llevar a cabo en noviembre del año pasado y que no se coordinó con la agenda de los defensores. Incluso antes de que uno de los abogados que me defienden manifestara que para esa fecha tenía señalado otro proceso judicial, lo cual obviamente no era su culpa, ya lo habían así indicado defensores de otras personas.
Es inconcebible tanta desfachatez por parte del Ministerio Público, cegado por su afán persecutorio. Una vez más vemos a las pavas tirándoles a las escopetas. El Fiscal General es el mayor responsable de la falta de prontitud de la justicia y de las violaciones a mis derechos humanos. Ese hecho incontrovertible no puede oscurecerlo con falsedades tan burdas. Mejor sería que se concentre en hacer bien su trabajo, y en dejar de usar arbitrariedades, para poder tener un juicio justo a la mayor brevedad posible.
Miguel Angel Rodríguez E.
Ex Presidente de la República
Ex Secretario General de la OEA