El Convenio Educativo con Cuba y las 621 preguntas

María Inés Solís Quirós

Diputada

Partido Unidad Social Cristiana

En mayo de 2019 alcé la voz cuestionando a la Cancillería y pidiendo explicaciones por el Convenio de Cooperación Educativa entre nuestro país y el régimen dictatorial cubano, en cuya firma posaban sonrientes, personajes icónicos del PAC, como el ex ministro de Educación Edgar Mora y autoridades de la isla.

Levanté mi voz porque no se pueden celebrar alianzas con países cuyos gobiernos manipulan, limitan y coartan las libertades más fundamentales de las personas, a través de sistemas de control que vigilan desde las visitas, los alimentos y hasta las salidas de cada ciudadano, mediante los famosos Comités de Defensa de la Revolución, mejor conocidos como CDR´s que están cada cuadra de los barrios cubanos.

No pasaron ni tres años, para que el tiempo me diera la razón. Menores de once años brindando información sensible de sus hogares, solo trae a mi memoria el cuento de terror de Pavel Morózov, aquel niño ruso que entregó a su padre al ejército, facilitándole información suya al gobierno soviético de Stalin.

Los estudiantes de quinto grado fueron las víctimas de una estrategia continuada que ha venido desarrollando este gobierno del partido Acción Ciudadana y que se materializó en la famosa prueba de los Factores Asociados de las evaluaciones Faro.

Lo sucedido el pasado viernes, con la grosera e ilegal intromisión a la intimidad de los hogares, a través de la respuesta inocente y desprevenida de niños de 11 años, es solo una muestra más de que “el intercambio de buenas prácticas educativas” de las que hacían alarde nuestras autoridades, cuando se suscribió este Convenio, no eran más que estrategias de control y vigilancia, propias de gobiernos socialistas como el cubano.

Este gobierno PAC, arrodilló a la niñez costarricense obligándola a contestar 621 preguntas que no tenían la legitimidad para plantear, los enfrentó -por un interés espurio- a su realidad socioeconómica, a su pobreza, a sus carencias, los sometió al estrés de no saber contestar, aunque vivieran en casas con paredes de mármol y los retuvo durante casi cuatro horas para darle respuesta a una realidad, que no les correspondía conocer.

Con la ejecución de estas pruebas se avasalló la patria potestad de los padres de familia, cuando sin el debido consentimiento informado, extrajeron información sensible en el marco de un proceso evaluativo, cuyo fin último no era un diagnóstico educativo como en algún momento se presentó, sino una encuesta socioeconómica solapada, al mejor estilo de la famosa UPAD.

No dejo de preguntarme si esa práctica casi obsesiva del gobierno de Carlos Alvarado por recopilar los datos, ya sea de forma legítima a través de esas constantes verificaciones de datos en todas las instituciones en las que nos presentamos, son nada más prácticas aprendidas, propias de los regímenes totalitarios, o en cambio, están motivadas en algún negocio y que nuestros datos se estén vendiendo a cualquier postor. Sencillamente creo que los costarricenses ya no podemos estar tranquilos cuando un Poder Ejecutivo como éste manifiesta una férrea voluntad por extraer, a cualquier costo, nuestra información más sensible.

Dichosamente, la vocación liberal costarricense de respeto por los derechos y libertades propias y ajenas; nuestra idiosincrasia, arraigada en nuestros valores más intrínsecos como ciudadanos, generó una oleada de críticas y malestares, que culminó con la renuncia de la exjerarca Cruz y otros altos mandos del Ministerio de Educación, sin embargo, hoy fue el MEP, y mañana ¿por dónde nos extraerán la información?

Lamento que el presidente Alvarado haya aceptado de forma inmediata la renuncia de las autoridades del Ministerio de Educación y en un acto casi de desprecio por el clamor de los costarricenses, haya agradecido una gestión tan deslucida y que culminó en un acto de bochorno sin parangón, sin permitir que nos ofrecieran una merecida explicación a la ciudadanía.