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Lunes, 21 de septiembre de 2020



COLUMNISTAS


El control del territorio costarricense

Carlos Denton [email protected] | Miércoles 12 agosto, 2020


Uno de los puntos básicos en la definición de las responsabilidades de un gobierno es que debería controlar lo que ocurre en todo el territorio nacional (soberanía). Ningún gobierno lo hace completamente, pero el de Costa Rica es especialmente débil en ese sentido y le está costando caro al pueblo.

Dos situaciones ilustran mejor el problema. La primera es la situación en las dos fronteras; está claro que no tiene la Fuerza Pública la capacidad de evitar que penetren ilegalmente números cuantiosos de personas tanto del norte y del sur. Esto es especialmente importante tomando en cuenta que en Nicaragua y Panamá la cantidad de casos de Covid 19 es muy superior al de Costa Rica.

El gobierno pudo controlar las líneas durante la Semana Santa y por un período antes y después, pero tuvo que usar policías de aeropuerto, inspectores de la OIJ y otros que normalmente no son guarda fronteras. Cuando retiró a muchos de estos, comenzó el movimiento y sigue constante ahora. En algunos casos la policía colabora para mover los migrantes, como es el de los “extracontinentales” que pasan desde Panamá.

La otra situación es la del territorio que se llama Las Crucitas. El gobierno había otorgado una concesión de minar esta sección del territorio nacional a una empresa canadiense Infinito Gold Mining, que ya estaba abriendo operaciones cuando la administración Chinchilla suspendió toda actividad minera a nivel nacional. El hecho que había un contrato ratificado por la sala constitucional y todas las instancias no fue de importancia para ese gobierno y se fueron los canadienses.

No obstante que tenía Infinito Gold Mining el derecho de exigir una indemnización, optó por no hacerlo tomando en cuenta varios factores entre otros la opinión muy favorable que mantienen los canadienses con los costarricenses. Pero la minera dijo que, si entrara otro grupo para extraer el mineral del área de la concesión, sí demandaría.

Como el gobierno no controla ese territorio tampoco, han entrado coligalleros y recientemente se anunció que estos ya habían extraído y llevado más de $100 millones de oro. La empresa canadiense se enteró y tal como había advertido ya presentó una demanda por $384 millones. Ya solo falta el fallo en el arbitraje, pero es seguro que ganarán algún monto que tendremos que pagar todos.

El no controlar el territorio nacional está costando caro al pueblo costarricense en su salud y en lo que es la situación financiera del estado. Imaginar que un gobierno donde el presidente mismo dice “no hay plata” ahora tenga que pagar por Las Crucitas. Ni pensar que todo el oro que está debajo de la tierra probablemente pudiera haber pagado por muchas de las deudas que tiene el gobierno.

La ironía de la situación es que mientras están los coligalleros con impunidad sacando el oro del pueblo y las fronteras están abiertas para que cualquiera puede entrar, está la Fuerza Pública deteniendo ciudadanos honestos de Tamarindo y Santa Ana que quieren trabajar, un derecho consagrado en la Constitución Política.

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