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Viernes, 4 de diciembre de 2020



FORO DE LECTORES


El CONESUP desde adentro

Silvia Castro [email protected] | Viernes 20 noviembre, 2020

Silvia Castro

Tengo veinte años de presidir ULACIT y veinticinco de ver cómo el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) desatiende sus funciones de fiscalización del sector. En todos estos años, he sido testigo de que nunca ha verificado que los egresados cuenten con el perfil profesional requerido por el mercado laboral o que encuentren trabajo; que el plan de estudios se ofrezca bajo las condiciones pactadas; o que los profesores que imparten las lecciones sean calificados. Tampoco se cerciora de que los planes de estudios cuenten con los recursos de aprendizaje necesarios, a lo largo de los años, o que las acciones sociales que emprenden tengan impacto sobre la sociedad. Es más, no sabe ni cuántos alumnos tiene matriculados la Universidad, ni cuántos profesores tiene contratados, ni qué opinan ellos sobre la calidad de su Universidad.

¿Cómo dice ejercer sus labores de fiscalización? Imponiendo barreras de entrada a la innovación y obstáculos a la actualización. Me remito a algunos ejemplos recientes: rechazó aprobar la carrera de Inteligencia de Negocios porque “la inteligencia era una facultad humana que no podía ser enseñada”. Ingeniería Biomédica pasó engavetada porque la carrera no se impartía en universidades públicas y porque no había colegio profesional que se pronunciara al respecto del diseño curricular presentado. Con respecto a la actualización de una carrera de educación, tardó cinco años en pronunciarse porque sostenía que la Universidad no tenía aulas suficientes para impartir la carrera que ya venía impartiendo.

Las carreras presentadas hace años fueron denegadas, entre otras razones, porque los libros que nos obligaron a comprar a priori estaban desactualizados cuando finalmente decidieron revisar la propuesta. Contabilicé más de 25 carreras nuevas y actualizaciones en trámite, la gran mayoría devueltas con dictámenes negativos, hasta ocho años después de presentadas. Todos venían con legajos de unas mil páginas de observaciones, para ser contestados en diez días hábiles, sin la posibilidad de ampliar los plazos para referirnos a los criterios. La única solución que ofreció fue iniciar los procesos de cero.

Con tanto obstáculo, nadie debe sorprenderse que la oferta curricular del sector esté desactualizada. Si aprueban cinco carreras nuevas por año, en promedio, a todo el sector, y deniegan la gran mayoría, ¿cómo pretenden actualizar más de 1.600 carreras cada cinco años y además tramitar carreras nuevas? Delegando sus funciones a SINAES ciertamente no es una solución; ¡ULACIT esperó cuatro años para recibir el criterio curricular sobre la actualización de la carrera de Ingeniería Informática, una carrera acreditada!

La potestad regulatoria del CONESUP es irrenunciable y toda iniciativa que intente debilitarla es un enorme riesgo, ciertamente. Por eso es que el proyecto de reforma de ley dictaminado por la Comisión de Ciencias Sociales no puede ser aprobado. No puede aprobarse una reforma al CONESUP que no fortalezca las labores de inspección del CONESUP y que no exija al ente inspector rendir cuentas por sus actos.

Este proyecto busca, ilegalmente, delegar las potestades de inspección del Estado a SINAES, un ente que no forma parte de la Administración Central. La Sala Constitucional, en el Voto 3350-92, fue contundente al decir que la inspección del Estado en materia de educación privada no puede delegársele a un órgano diferente, porque violaría el principio de legalidad, y, por ende, la propia Constitución.

En cambio, el proyecto de ley dictaminado se enfoca en elementos poco relevantes para la calidad de la educación superior, como el costo de los cursos; así lo reconocen las señoras Isabel Román y Marcela Román del Estado de la Educación.

La educación privada preuniversitaria funciona porque no tiene que lidiar con las arbitrariedades del CONESUP. Una reforma de ley de CONESUP debe mejorar su gestión de fiscalización. Es pésima gestora de sus labores, no por falta de potestades legales, sino por falta de interés, de conocimiento técnico, de presupuesto y de enfoque ideológico. Una reforma de la ley del CONESUP es necesaria, pero no en los términos dictaminados.






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