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La historia de la turbulenta relación que desde hace más de 15 años mantiene Venezuela con las transnacionales petroleras acaba de iniciar un nuevo capítulo.
El pasado 5 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que propondría una ley especial que prohíba la contratación de “empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar” entre ambos países.
“Propongo tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones”, dijo Maduro acerca de la norma que busca dificultar que Guyana prosiga con los proyectos petroleros que está desarrollando frente a las cosas del Esequibo, un territorio que controla Georgetown pero que Caracas reclama como propio.
El anuncio del gobernante se produjo dos días después de que se realizara un referendo para consultar a los ciudadanos, entre otras cosas, sobre la creación de un estado venezolano en ese territorio disputado, así como sobre el rechazo al laudo arbitral de París que en 1899 fijó las fronteras entre ambos países, pero que Venezuela considera nulo.
En 1962, Venezuela reactivó ante la ONU su reclamo por el Esequibo y denunció el laudo arbitral. Eso llevó a que en 1966 se suscribiera el Acuerdo de Ginebra, a través del cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución práctica y satisfactoria para el diferendo.
Pero en vista de que el mecanismo de buenos oficios al que recurrieron durante más de un cuarto de siglo no había permitido llegar a una solución, Georgetown pidió en 2013 llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde será decidido.
Al mismo tiempo, Guyana comenzó a otorgar concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas sobre las cuales Venezuela considera tener derechos.
El gobierno de Maduro rechaza la jurisdicción de la CIJ y parece intentar detener la explotación petrolera por parte de Guyana, amenazando a las transnacionales que recibieron esas concesiones.
Su ultimátum, sin embargo, puede tener también efectos negativos sobre la producción petrolera en Venezuela.
En medio de las nuevas tensiones surgidas en torno al Esequibo, Maduro y otros funcionarios venezolanos han enfilado sus baterías en contra de la petrolera estadounidense ExxonMobil, a la que acusan de explotar ilegalmente los yacimientos petroleros en las aguas por delimitar y de estar detrás de un intento de apoderarse de los recursos de Venezuela en el Esequibo.
Adicionalmente, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien antes de ocupar este cargo fue gobernador electo por el chavismo, ordenó la detención de 14 personas -incluyendo varios políticos de la oposición- bajo la acusación de traición a la patria por una presunta “trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil contra Venezuela”.
Exxon es el principal socio y operador del bloque Stabroek, donde se ubican en la actualidad todos los campos petroleros que están en operación en Guyana.
Esa empresa estadounidense abandonó Venezuela en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez inició una ola de estatizaciones que afectó a numerosos sectores. Años más tarde, un tribunal internacional ordenó al Estado venezolano pagar a Exxon una indemnización de unos US$984 millones.
Al no estar operando en Venezuela, ExxonMobil no se ve afectada por el ultimátum de Maduro.
Quienes potencialmente sí podrían ser perjudicados son los otros dos socios en Stabroek.
La participación actual en este bloque se reparte de la siguiente manera: Exxon (45%), Hess (35%) y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (20%). El detalle es que Hess está siendo adquirida por la también estadounidense Chevron, que sí opera en Venezuela.
“Si termina de concretarse esta adquisición, como todo parece indicar, la única empresa que quedaría operando en los dos lugares sería Chevron”, dice Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), a BBC Mundo.
“Pero también se da el caso de la empresa estatal China CNPC, que opera en Venezuela y que tiene el mismo dueño que la empresa CNOOC, del lado guyanés, por lo que estas serían las dos empresas que potencialmente tendrían que escoger, si el gobierno venezolano les forzara a decidir sobre dónde operar”, agrega.
Monaldi no cree que este escenario se vaya a hacer realidad y destaca que en estos momentos Chevron es el principal socio petrolero de Venezuela y CNPC, el segundo; por lo que apuesta a que, al final, prevalecerá un cierto pragmatismo en Maduro.
“Creo que no se va a llegar nunca ahí, porque sería bastante insensato de parte del gobierno venezolano llegar al punto de presionar a las empresas a que se vayan de Venezuela”, apunta.
El experto destaca que el gobierno de Venezuela ha centrado sus ataques en Exxon, que es una empresa que no opera en Venezuela, mientras que no menciona a las otras dos compañías cuya afectación sí tendría un costo para Venezuela, en caso de que el ultimátum se concretara.
“Eso te dice que es una postura política. Pareciera que se trata más de una postura para negociar que de una intención verdadera de forzar fuera de Venezuela a las empresas que operan en Guyana”, dice.
Monaldi considera improbable e irracional que el gobierno de Venezuela ponga a sus dos principales socios a escoger entre operar en Venezuela o en Guyana.
Pero, ¿qué ocurriría si lo hiciera?
“Si estas medidas se llevan hasta las últimas consecuencias y las empresas tuvieran que escoger creo que, lamentablemente para Venezuela, Chevron y posiblemente los chinos se decidirían por Guyana”, señala Monaldi.
Explica que Guyana tiene una producción que está creciendo, que en la actualidad se ubica en torno a los 400.000 barriles diarios, pero que se espera que en 2024 llegué a los a 600.000 barriles diarios y que para 2027 sea de casi 1,2 millones de barriles diarios.
Mientras, en Venezuela Chevron produce ahora unos 150.000 barriles y podría llegar a unos 250.000 barriles diarios.
“En ambos casos, Chevron tiene en torno a un tercio de la producción, que hoy en Venezuela son unos 33.000 barriles diarios, pero que en Guyana son unos 120.000 barriles diarios y que cuando la producción llegue al millón de barriles podrán convertirse en 300.000 barriles diarios, una cantidad muy elevada”, señala.
El experto añade que en Guyana el marco fiscal es más favorable que en Venezuela donde, además, Chevron solamente puede operar mientras tenga una licencia de Estados Unidos que, a su vez, tiene una relación complicada con el gobierno de Maduro.
Monaldi cree que esta situación con Guyana agrega un ruido adicional a la política de Venezuela de buscar atraer inversiones internacionales en el sector petrolero.
“Si pones una ley que dice que las que las empresas que operan en Venezuela no pueden hacerlo en Guyana, cierras las opciones con todas las que quieran operar en Guyana".
"Además, es una señal adicional de inseguridad jurídica sobre operar en Venezuela porque no solo entras en conflicto con varias compañías internacionales, sino que además incentivas el conflicto con el gobierno de Estados Unidos, que es el que te ha impuesto sanciones y el que ha hecho que muchas empresas internacionales no quieran invertir en Venezuela”, apunta.
Indica que cuando se otorgó la licencia a Chevron hubo muchas empresas internacionales que se interesaron ante la posibilidad de participar en el sector petrolero venezolano.
“Petrobras, por ejemplo, mencionó su interés en que si le daban un contrato como el de Chevron ellos podrían estar interesados, pero obviamente Petrobras no va a querer operar en Venezuela si está este conflicto planteado. Entonces, esto complica el objetivo del gobierno de Maduro de atraer grandes inversiones a Venezuela”, apunta.
El crecimiento de las tensiones entre Venezuela y Guyana ha encendido las alarmas y ha llevado a una activa implicación de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), el Caricom y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Como fruto de sus esfuerzos las semana pasada se produjo una reunión bilateral entre Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en San Vicente y las Granadinas.
“Hay una serie de actores pidiéndole a Venezuela moderación en esta situación”, afirma Monaldi.
Asegura que para Guyana ha sido muy valioso tener a empresas de Estados Unidos y China involucradas en este proyecto petrolero, porque estos dos países se muestran interesados en que no ocurra un conflicto que produzca una perturbación en la producción petrolera guyanesa.
Resalta, además, que China es uno de los aliados del gobierno de Maduro, quien hace apenas unos meses estuvo visitando ese país.
Pero más allá de asegurar que las diferencias se gestionen de forma pacífica, no es evidente que haya en el corto plazo una solución a la disputa entre Caracas y Georgetown.
Y es que antes de negociar sobre las fronteras marítimas y así saber a quién corresponde el petróleo que se encuentra en el mar frente al Esequibo, tiene que definirse a quién pertenece ese territorio y esa es una pregunta que permanece abierta desde hace más de medio siglo.
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