El caso de Jineth Bedoya, la víctima de violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia que llevó al Estado ante un tribunal internacional
Se trata de un caso inédito, según destaca la prensa colombiana y organizaciones de derechos humanos.
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El Estado colombiano se sienta en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Y lo hace por un caso de violencia sexual durante el conflicto armado, el que sufrió la veterana periodista Jineth Bedoya en el año 2000 y tras el que se ha convertido en una de las voces más destacadas del país contra este tipo de crímenes.
Se trata de un caso inédito, según subraya la prensa colombiana y organizaciones en defensa de los derechos humanos.
"Este es el primer caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se centra en un hecho de violencia sexual cometido en Colombia", destaca el director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, en declaraciones a BBC Mundo.
"El caso de Jineth Bedoya puede sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos para un país como Colombia en el que cientos de mujeres han sido víctimas de crímenes de violencia sexual cometidos por actores armados y en el que el sistema de justicia ha sido incapaz de juzgar a los responsables de muchas de estas atrocidades", considera.
Aquí te explicamos las claves del caso.
¿Qué denuncia Bedoya?
El caso se refiere al secuestro, torturas y violación que sufrió Bedoya el 25 de mayo de 2000, cuando se encontraba esperando para entrar a la cárcel Modelo (Bogotá) para una entrevista con un jefe paramilitar, en un intento por aclarar algunas amenazas contra varios periodistas del diario en que trabajaba, El Espectador.
La periodista estaba entonces investigando hechos de violencia, el tráfico de armas, y la compra y venta de secuestrados entre paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico con la "complicidad" de agentes del Estado, explicó Bedoya en su testimonio ante la CorteIDH la semana pasada.
La demanda argumenta que el Estado colombiano tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir un ataque o agresión y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla.
Antes de su secuestro y violación, Bedoya sufrió un atentado junto a su madre en mayo de 1999, y el Estado le ofreció un escolta, que ella rechazó ante la imposibilidad de ejercer su oficio en esas circunstancias, según explicó en la audiencia.
Pero cuando las amenazas se incrementaron, la periodista solicitó protección y fuerechazada, considerando que no estaba en riesgo, añadió.
La demanda, además, señala que el gobierno no actuó con la debida diligencia en la investigación de su secuestro y violación, que "revictimizó" a la periodista durante el proceso judicial -tomando hasta en 12 ocasiones su declaración sobre lo ocurrido- y que no se ha investigado a los autores intelectuales de los hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH en 2019, considerando que el Estado colombiano no cumplió con las recomendaciones que le hizo para investigar el caso de Bedoya, reparar las consecuencias de la violencia y adoptar medidas para prevenir que se vuelvan a repetir situaciones similares.
Condenados
La primera condena relacionada con el caso se produjo en 2016, cuando el exparamilitar conocido como "El Panadero" aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento y le pidió perdón a Bedoya, recoge El Espectador. Fue sentenciado a 28 años de prisión.
A ello se sumaron, en 2019, dos condenas a los paramilitares Alejandro Cárdenas, alias "JJ", y Jesús Emiro Pereira, conocido como "Huevoepisca", a 30 y 40 años de prisión, respectivamente.
Los fallos fueron considerados un avance por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que representa a la periodista, si bien no como "una superación de la impunidad del caso".
"De los cerca de 20 implicados en el proceso, solo hay tres personas judicializadas (...). Tres condenas contra autores materiales, justicia parcial. Autores intelectuales, ninguna", manifestó Bedoya ante la CorteIDH.
Qué dijo el gobierno
El representante de Colombia en el juicio de la CorteIDH, Camilo Gómez, manifestó que el Estado "reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de la víctima en el marco del proceso penal, haciéndole pasar por esa dolorosísima situación, y eso no debió haber sucedido".
También rechazó "absolutamente todo lo que le sucedió a Jineth Bedoya", a quien le reconoció su "lucha y trabajo": "Ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo, ningún periodista. Solo puedo tener palabras de rechazo y repudio".
No obstante, consideró que existía una "opinión formada del caso", acusando a los jueces de la CorteIDH de "falta de objetividad".
Colombia presentó un escrito de recusación de cuatro de los seis magistrados y retiró la representación estatal, lo que llevó a que se suspendiera la audiencia la semana pasada.
La decisión generó duras críticas, entre ellas, las del director de HRW para América, que lo consideró "indignante".
"Si esa es la posición del gobierno colombiano ante Jineth Bedoya, una prestigiosa periodista que ha luchado por obtener justicia durante más de 20 años, ¿qué podemos esperar de las autoridades colombianas ante otras víctimas menos conocidas y visibles?".
Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, también publicó una carta en Twitter dirigida a Bedoya en la que le invitaba a sentarse a "dialogar" y buscar "una solución amistosa", que la periodista consideró un intento por silenciarla.
La recusación fue rechazada y el proceso continuó esta semana, con el interrogatorio del Estado al periodista Jorge Cardona, en calidad de testigo, la declaración y el interrogatorio de las partes a María del Pilar Ospina como testigo del Estado y la exposición de la perita Daniela Kravetz.
La fiscal Ospina, que según la prensa colombiana desarrolla funciones relacionadas con casos de violencia sexual en el ente investigador colombiano, explicó las leyes recientes con las que Colombia busca implementar la justicia transicional y combatir la violencia de género, y destacó un protocolo establecido en 2017 para atender a las víctimas.
La testigo del Estado afirmó que ese protocolo "hace una caracterización de la violencia sexual y de género, implementa una perspectiva de género en las investigaciones y un enfoque en las víctimas", y subrayó que el impacto más significativo del mismo es que se trata de "un instrumento de aplicación diaria" y brinda "herramientas prácticas y sencillas" para las investigaciones, informa EFE.
Sobre ese protocolo, la perita Daniela Kravetz consideró que "se queda corto" en cuanto a los casos relacionados al conflicto armado y que ha habido poco avance en las investigaciones de hechos ocurridos en ese contexto, principalmente en la persecución de autores intelectuales, añade la agencia.
Bedoya, que sigue recibiendo amenazas, pide a la CorteIDH medidas para que en Colombia se reconozca el delito de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y para que haga especial énfasis en la protección a las comunicadores con enfoque de género.
Según una encuesta del Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y la campaña "No es hora de callar", liderada por Bedoya, 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido acoso, persecución y estigmatización.
En este sentido, la comunicadora también consideró que una medida reparadora sería clausurar la cárcel Modelo y reconvertirla en un centro de memoria histórica, un lugar en el que puedan reunirse las sobrevivientes.
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