Educación reclama sus $170 millones

Pago de empresas telecom por apertura celular mejoraría acceso a la tecnología, pero aún hay cabos sueltos

Educación reclama sus $170 millones

Recursos para reducir brecha digital serán un premio por una sola ocasión

Sentados en viejos y rayados pupitres de madera, los niños de la escuela de Los Cuadros, en Goicoechea, intentan cada día aprender algo nuevo.

Su principal herramienta de aprendizaje fue por años una pizarra blanqueada con el polvo que suelta la tiza. Ahora esto ha cambiado y los niños saben cómo operar algún programa de dibujo y los más osados hasta cuentan con perfiles en alguna red social.

El privilegio de tener un laboratorio de cómputo —que paradójicamente les ha dado el habitar en una zona de alto riesgo social— es algo que no se repite en todos los centros educativos del país, incluso de regiones menos conflictivas.

De hecho, de cada dos niños que van a la escuela, uno no tiene acceso a Internet.

Las esperanzas para corregir esta brecha social y dar el esperado salto en tecnología, están sentadas en el dinero que recolectará el Estado por permitir la apertura de la telefonía celular.

La venta de las licencias de operar en el mercado a las empresas Claro y Movistar producirá a Costa Rica $170 millones, que serán manejados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

A pesar de que esos recursos deben ser utilizados en proyectos que en teoría ya se encuentran enumerados en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, existen todavía algunos cabos pendientes de amarrar.

El principal tiene que ver con la rectoría del sector de telecomunicaciones, sobre cuál es el órgano más competente para hacer un uso adecuado de estos recursos: el Ministerio de Ambiente o el de Ciencia y Tecnología.

“El Ministerio de Ambiente no tiene capacidad ni para ser el líder político del proceso, ni para ser el líder técnico. En razón de afinidades y capacidades es fundamental que la rectoría de Telecomunicaciones pase al Ministerio de Ciencia y Tecnología, máxime contando ahí con la ministra Clotilde Fonseca, que es la experta latinoamericana más reconocida en esta materia”, adujo Alexander Mora, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación.

Para que más niños de la escuela de Los Cuadros y cerca de 2 mil centros educativos más en el territorio nacional cuenten con mejores oportunidades de acceso a computadoras, se requiere una adecuada ejecución del dinero.

Esta es la segunda de las preocupaciones existentes, debido a que se trata de $170 millones que ingresarán a las arcas del Estado por una única vez y el órgano que los administrará la Superintendencia de Telecomunicaciones hará este trabajo también por primera vez.

Se conoce que en cuanto a costos, el eje social del Plan de Telecomunicaciones será el más fuerte (60%). No obstante, no está claro cuánto de estos recursos se destinará a estudios y consultorías y cuánto a proyectos específicos.

Esta información se quiso conocer, para lo cual se envió un cuestionario a la Superintendencia desde el martes de la semana pasada, pero no contestó.

Pese a ello, en la legislación que dio vida a Fonatel se establecen los lineamientos que a juicio del Gobierno irán a la educación o a fortalecer la infraestructura actual.

El legislador definió que la prioridad de estos recursos es para educación, salud y poblaciones vulnerables”, adujo Hannia Vega, viceministra de Telecomunicaciones, quien reafirmó que el Plan posee mecanismos adecuados para la fiscalización y evaluación.

El último punto que siembra algunas interrogantes tiene que ver con el costo total de las obras y si los $170 millones alcanzarán. Inicialmente se preveían ingresos por $210 millones, y se estima que todo el Plan de Telecomunicaciones costará de $220 millones a $250 millones.

Luis Valverde

lvalverde@larepublica.net