Educación recibiría $55 millones por apertura celular
Luis Valverde lvalverde@larepublica.net | Martes 28 junio, 2011
Meta es mejorar acceso a Internet en escuelas y colegios
Educación recibiría $55 millones por apertura celular
Proyectos serán sacados a concurso para que sean desarrollados por empresas privadas o públicas
Mientras las gigantes de telecomunicaciones Claro y Movistar preparan los últimos detalles para comenzar a operar en el país, el gobierno planea por su parte la forma en que utilizará los $170 millones que ambas empresas deben pagar por tomar parte del mercado celular.
El primero en dar un pie al frente es el sector educativo público, el cual pretende recibir cerca de $55 millones para llevar conectividad, con una mayor velocidad que la actual, a todos los estudiantes del país.
Actualmente existe una cobertura de Internet en los centros educativos cercana al 60%, donde la mayoría tiene velocidades menores a 1 megabyte.
La idea es que en un plazo que va de un año y medio a tres años se pueda desplegar un proyecto con el cual se garantizarían velocidades de al menos 6 megabytes, confirmó Leonardo Garnier, ministro de Educación.
Con los $55 millones se pagarían desde el establecimiento de un centro de capacitación virtual para docentes, hasta la construcción de la red que interconectará a los centros educativos.
No obstante, la cifra no incluye el periodo de ejecución ni el mantenimiento de los programas.
El otro sector en dar un paso al frente fue el de ciencia y tecnología, el cual presentó un plan para llevar conectividad a las comunidades a través de los denominados Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).
En la actualidad existen alrededor de 250 CECI en el país y la idea es duplicar esa cantidad también en un periodo de tres años. Esto costaría alrededor de $9,3 millones y tiene que ver con la instalación de centros de cómputo en bibliotecas, Centros de Atención Integral y otros sitios comunales, de acuerdo con Rowland Espinoza, viceministro de Ciencia y Tecnología.
Ambos proyectos representan la columna vertebral del destino que se dará a los recursos provenientes de la apertura celular. Los otros recursos se utilizarán en planes que tienen que ver con la universalidad, o para cubrir de adelantos tecnológicos los cantones que no se verán beneficiados con la competencia celular.
Estos representan regiones alejadas de la capital, como algunas zonas de Talamanca y del Caribe, donde debido a la baja densidad y las grandes extensiones resultaba poco rentable para las empresas de telecomunicaciones llevar la señal celular.
Para este tipo de comunidades se desarrollarán proyectos específicos que se darán a conocer en el futuro.
Los recursos provendrán de lo que Claro y Movistar deben pagar por participar en la competencia celular. Este dinero irá al Fondo Nacional de Telecomunicaciones el cual será manejado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Corresponderá precisamente a la Superintendencia ejecutar los proyectos y efectuar los concursos públicos. En ellos solo podrán participar empresas que se encuentran debidamente inscritas como proveedoras de servicios de telecomunicaciones.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net
Educación recibiría $55 millones por apertura celular
Proyectos serán sacados a concurso para que sean desarrollados por empresas privadas o públicas
Mientras las gigantes de telecomunicaciones Claro y Movistar preparan los últimos detalles para comenzar a operar en el país, el gobierno planea por su parte la forma en que utilizará los $170 millones que ambas empresas deben pagar por tomar parte del mercado celular. El primero en dar un pie al frente es el sector educativo público, el cual pretende recibir cerca de $55 millones para llevar conectividad, con una mayor velocidad que la actual, a todos los estudiantes del país.
Actualmente existe una cobertura de Internet en los centros educativos cercana al 60%, donde la mayoría tiene velocidades menores a 1 megabyte.
La idea es que en un plazo que va de un año y medio a tres años se pueda desplegar un proyecto con el cual se garantizarían velocidades de al menos 6 megabytes, confirmó Leonardo Garnier, ministro de Educación.
Con los $55 millones se pagarían desde el establecimiento de un centro de capacitación virtual para docentes, hasta la construcción de la red que interconectará a los centros educativos.
No obstante, la cifra no incluye el periodo de ejecución ni el mantenimiento de los programas.
El otro sector en dar un paso al frente fue el de ciencia y tecnología, el cual presentó un plan para llevar conectividad a las comunidades a través de los denominados Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).
En la actualidad existen alrededor de 250 CECI en el país y la idea es duplicar esa cantidad también en un periodo de tres años. Esto costaría alrededor de $9,3 millones y tiene que ver con la instalación de centros de cómputo en bibliotecas, Centros de Atención Integral y otros sitios comunales, de acuerdo con Rowland Espinoza, viceministro de Ciencia y Tecnología.
Ambos proyectos representan la columna vertebral del destino que se dará a los recursos provenientes de la apertura celular. Los otros recursos se utilizarán en planes que tienen que ver con la universalidad, o para cubrir de adelantos tecnológicos los cantones que no se verán beneficiados con la competencia celular.
Estos representan regiones alejadas de la capital, como algunas zonas de Talamanca y del Caribe, donde debido a la baja densidad y las grandes extensiones resultaba poco rentable para las empresas de telecomunicaciones llevar la señal celular.
Para este tipo de comunidades se desarrollarán proyectos específicos que se darán a conocer en el futuro.
Los recursos provendrán de lo que Claro y Movistar deben pagar por participar en la competencia celular. Este dinero irá al Fondo Nacional de Telecomunicaciones el cual será manejado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Corresponderá precisamente a la Superintendencia ejecutar los proyectos y efectuar los concursos públicos. En ellos solo podrán participar empresas que se encuentran debidamente inscritas como proveedoras de servicios de telecomunicaciones.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net