Educación superior: desarrollo económico y democracia
| Viernes 15 mayo, 2009
Educación superior: desarrollo económico y democracia
El desarrollo económico y la democracia descansan en el fortalecimiento de la educación, particularmente de la educación superior. Lograr un sustento financiero estable y sostenido es una tarea de responsabilidad social y política ineludible.
El desarrollo de la educación es el fundamento que ha permitido, a nuestro país, caminar hacia el progreso social y el desarrollo humano. Logramos, al finalizar el siglo pasado, aumentar la esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil, bajar el analfabetismo, diversificar la producción, perfeccionar la democracia y desarrollar la institucionalidad, pero aún contamos con problemas endémicos producto de la pobreza, de la privatización creciente, de un desarrollo turístico desequilibrado y destructivo, de una amplia brecha digital, de una situación grave de inseguridad y desesperanza.
Aunque surgen obstáculos para proporcionar a la educación superior de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones al máximo de su potencial, nadie discute el rol crucial de la Universidad de Costa Rica y de las otras instituciones públicas en la planificación y el desarrollo nacional.
Ahora más que nunca debemos luchar para que la educación sea una oportunidad para las personas y sus familias, para las comunidades y las regiones, sea la mejor estrategia para lograr movilidad social y quebrar las diferencias, sea la forma de permitir una cierta equidad y visualizar la democracia como algo más que la simple representatividad en los procesos electorales. La educación debe ser un servicio y no un negocio, una posibilidad y no un límite, un espacio de crecimiento personal y de bien social que permita una mejor calidad de vida.
El Estado no puede obviar su compromiso con el desarrollo nacional y consciente del trabajo universitario no puede olvidar el compromiso de financiar la educación superior pública adecuadamente, mediante el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES).
Generar recursos propios no puede implicar una disminución en la responsabilidad del gobierno con la comunidad. La vinculación remunerada y los recursos provenientes del sector externo solo pueden ser complementarios y no el eje ni la base del financiamiento. Son complementos relativamente inestables que deben estar profundamente encadenados a las tres actividades básicas de la Universidad —la investigación la acción social y la docencia— y no constituir jamás ni una cuarta columna, ni un sustituto, ni una alternativa.
La educación como estrategia y como norte para el desarrollo de un país debe ser considerada un servicio colectivo y jamás un “modus vivendi” sujeto a los criterios de una sociedad globalizada, comercial y consumista.
El reto de una sociedad del conocimiento y la comunicación está en la equidad, la movilidad, la oportunidad, la cobertura, la inclusión y la creatividad educativa que propicie una gestión pública que solo es posible si existe un financiamiento estatal apropiado y una autonomía constitucional. Lo que el gobierno invierte en una institución pública como la Universidad de Costa Rica y las otras instancias de educación superior se multiplica con el trabajo, la creatividad, la responsabilidad, la innovación y el compromiso de los y las universitarias. Se multiplica con las propuestas, las alternativas y la intensa relación e intercambio con la comunidad.
El desafío de nuestro país, en esta coyuntura de crisis, sigue estando en la educación y en la democracia como bases fundamentales para el desarrollo en todas sus dimensiones.
Yamileth González García
Rectora de la UCR
El desarrollo económico y la democracia descansan en el fortalecimiento de la educación, particularmente de la educación superior. Lograr un sustento financiero estable y sostenido es una tarea de responsabilidad social y política ineludible.
El desarrollo de la educación es el fundamento que ha permitido, a nuestro país, caminar hacia el progreso social y el desarrollo humano. Logramos, al finalizar el siglo pasado, aumentar la esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil, bajar el analfabetismo, diversificar la producción, perfeccionar la democracia y desarrollar la institucionalidad, pero aún contamos con problemas endémicos producto de la pobreza, de la privatización creciente, de un desarrollo turístico desequilibrado y destructivo, de una amplia brecha digital, de una situación grave de inseguridad y desesperanza.
Aunque surgen obstáculos para proporcionar a la educación superior de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones al máximo de su potencial, nadie discute el rol crucial de la Universidad de Costa Rica y de las otras instituciones públicas en la planificación y el desarrollo nacional.
Ahora más que nunca debemos luchar para que la educación sea una oportunidad para las personas y sus familias, para las comunidades y las regiones, sea la mejor estrategia para lograr movilidad social y quebrar las diferencias, sea la forma de permitir una cierta equidad y visualizar la democracia como algo más que la simple representatividad en los procesos electorales. La educación debe ser un servicio y no un negocio, una posibilidad y no un límite, un espacio de crecimiento personal y de bien social que permita una mejor calidad de vida.
El Estado no puede obviar su compromiso con el desarrollo nacional y consciente del trabajo universitario no puede olvidar el compromiso de financiar la educación superior pública adecuadamente, mediante el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES).
Generar recursos propios no puede implicar una disminución en la responsabilidad del gobierno con la comunidad. La vinculación remunerada y los recursos provenientes del sector externo solo pueden ser complementarios y no el eje ni la base del financiamiento. Son complementos relativamente inestables que deben estar profundamente encadenados a las tres actividades básicas de la Universidad —la investigación la acción social y la docencia— y no constituir jamás ni una cuarta columna, ni un sustituto, ni una alternativa.
La educación como estrategia y como norte para el desarrollo de un país debe ser considerada un servicio colectivo y jamás un “modus vivendi” sujeto a los criterios de una sociedad globalizada, comercial y consumista.
El reto de una sociedad del conocimiento y la comunicación está en la equidad, la movilidad, la oportunidad, la cobertura, la inclusión y la creatividad educativa que propicie una gestión pública que solo es posible si existe un financiamiento estatal apropiado y una autonomía constitucional. Lo que el gobierno invierte en una institución pública como la Universidad de Costa Rica y las otras instancias de educación superior se multiplica con el trabajo, la creatividad, la responsabilidad, la innovación y el compromiso de los y las universitarias. Se multiplica con las propuestas, las alternativas y la intensa relación e intercambio con la comunidad.
El desafío de nuestro país, en esta coyuntura de crisis, sigue estando en la educación y en la democracia como bases fundamentales para el desarrollo en todas sus dimensiones.
Yamileth González García
Rectora de la UCR