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Propietarios de complejos habitacionales alegan que lo planteado por los jueces “es una exageración”
Dueños impugnan cierres ordenados por el Tribunal Ambiental

• Casos fueron paralizados por presunta ausencia de permisos y presuntos excesos sobre la viabilidad ambiental expedida

Ernesto José Villalobos
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Dos desarrollos habitacionales apelaron las medidas de cierre dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) hace cuatro semanas.
Se trata de los proyectos Seabreeze Mountain y Complejo Villas Mediterraneus, ambos localizados en la zona de Santa Cruz de Guanacaste, y que fueron paralizados completamente tras la barrida ambiental que se co
mpletó en esa región en julio.
Como principal alegato los dueños de los proyectos afirman que lo planteado en los informes del TAA es exagerado; paralelamente al planteamiento formal del recurso, los propietarios de ambos complejos invitaron a los jueces a reunirse una vez más en sus propiedades.
Este miércoles, los jueces viajaron hasta Guanacaste para llevar a cabo la gestión que la ley les manda en casos como este.
“El debido proceso señala que estamos llamados a darle prioridad administrativa a la atención de cualquier recurso de revocatoria; por eso viajamos de inmediato y revisaremos lo plasmado en el informe que rindió el Tribunal en julio anterior, mientras analizamos lo que aporten y tengan que mostrar las constructoras”, indicó José Lino Chaves, presidente del TAA.
Precisamente fue Chaves quien en compañía del también juez ambiental Mario Leiva, realizó las inspecciones que dieron origen al informe que obligó al cierre de los proyectos.
En el caso del Seabreeze Mountain, al parecer se abrió una red de caminos y muchos tramos de bosque han sido eliminados, para dar paso a las terrazas donde se construirán 212 casas, dos condominios con casi 70 apartamentos cada uno, un hotel restaurante, dos canchas de tenis y una cancha de golf.
Por su parte, Complejo Villas Mediterraneus es un conjunto de 52 apartamentos de lujo que ya estaban a punto de termin
arse y presuntamente no contaban con ningún permiso, ni siquiera los municipales.
En su momento el Tribunal Ambiental constató que no tenía la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), ni el permiso del Departamento de Aguas del MINAE ni ningún visado del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. Por eso se ordenó su paralización.
Ante la forma en que han procedido los encargados de los proyectos, los jueces valoran lo que podría ser una oleada de recursos apelatorios.
“No tendría nada de extraño que los demás afectados quieran que se echen atrás las medidas dictadas; no obstante, la ley nos faculta a mantener los cierres o cualquier otra orden, hasta que no se encuentren pruebas contundentes que obliguen a proceder en forma contraria”, finalizó el titular del TAA.
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