Doña Rocío Aguilar
| Lunes 27 abril, 2009
Doña Rocío Aguilar
Hace algunos meses, con ocasión de iniciarse la investigación de los hechos relacionados con los contratos de asesoría suscritos por el Gobierno por medio del BCIE, me atreví a criticar algunas actuaciones de la señora contralora de la República, doña Rocío Aguilar, que me parecieron contraproducentes por poner en entredicho la credibilidad e imparcialidad de la Contraloría General de la República.
Hecha la crítica, dejé, no obstante, al tiempo la constatación de la duda, con la esperanza claramente expresada, de que la Contraloría no nos defraudara a quienes creemos en la institucionalidad democrática y el correcto ejercicio del deber de rendición de cuentas que impone a todos los funcionarios públicos el artículo 111 de la Constitución Política.
Hoy debo reconocer públicamente que la actuación de la Contraloría en ese asunto y en otros más recientes satisface mis exigencias como ciudadana interesada en los asuntos públicos. Aunque con el fondo de algunos de los razonamientos y conclusiones no coincido plenamente, lo cierto es que el ente contralor, al mando de doña Rocío, ha tomado presencia y mostrado autonomía de criterio e independencia funcional, como lo exige la misma Constitución Política.
Obviamente que el poder institucionalizado no gusta de la crítica, ni del control. Por eso, la Contraloría, su jerarca y demás funcionarios han sido objeto de comentarios inapropiados. Pero la opinión pública reconoce su legítima participación. Sus actuaciones frente al abuso de poder y el uso inadecuado de los recursos públicos, merecen aplauso. Yo, con perspectiva de género, no dejo de sentir, además, cierto orgullo al ver la forma valiente en que una mujer ha elevado la categoría de tan importante entidad pública.
Marina Ramírez
Abogada
Céd. 6-0083-0221
Hace algunos meses, con ocasión de iniciarse la investigación de los hechos relacionados con los contratos de asesoría suscritos por el Gobierno por medio del BCIE, me atreví a criticar algunas actuaciones de la señora contralora de la República, doña Rocío Aguilar, que me parecieron contraproducentes por poner en entredicho la credibilidad e imparcialidad de la Contraloría General de la República.
Hecha la crítica, dejé, no obstante, al tiempo la constatación de la duda, con la esperanza claramente expresada, de que la Contraloría no nos defraudara a quienes creemos en la institucionalidad democrática y el correcto ejercicio del deber de rendición de cuentas que impone a todos los funcionarios públicos el artículo 111 de la Constitución Política.
Hoy debo reconocer públicamente que la actuación de la Contraloría en ese asunto y en otros más recientes satisface mis exigencias como ciudadana interesada en los asuntos públicos. Aunque con el fondo de algunos de los razonamientos y conclusiones no coincido plenamente, lo cierto es que el ente contralor, al mando de doña Rocío, ha tomado presencia y mostrado autonomía de criterio e independencia funcional, como lo exige la misma Constitución Política.
Obviamente que el poder institucionalizado no gusta de la crítica, ni del control. Por eso, la Contraloría, su jerarca y demás funcionarios han sido objeto de comentarios inapropiados. Pero la opinión pública reconoce su legítima participación. Sus actuaciones frente al abuso de poder y el uso inadecuado de los recursos públicos, merecen aplauso. Yo, con perspectiva de género, no dejo de sentir, además, cierto orgullo al ver la forma valiente en que una mujer ha elevado la categoría de tan importante entidad pública.
Marina Ramírez
Abogada
Céd. 6-0083-0221