DOCE MESES, DOCE HITOS LEGALES DEL 2017
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Con el inicio del nuevo año es conveniente pasar revista, mes a mes, a los acontecimientos legales más destacados del 2017. Antes bien,  invito amablemente a los lectores a compartir conmigo sus observaciones y sugerencias respecto de otros acontecimientos no incluidos en el presente listado y que  a su juicio  podrían formar parte de la misma.

30 de enero. Primer paso para el posible rompimiento del monopolio de RECOPE. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución No. 864-E9-2017 del 30 de enero de 2017, autorizó la recolección de firmas en relación con el proyecto de ley denominado “APERTURA DEL MONOPOLIO DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE)”. Esa resolución, junto con su posterior instrumentalización, marcó el inicio de un proceso consultivo popular cuyos resultados veremos en el 2018.

22 de febrero. La situación de UBER sin resolverse en Sala Constitucional. Mediante resolución No. 2017-002791, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley No. 8955: “Reforma a la Ley No. 3284, Código de Comercio, del 30 de abril de 1964, y de la Ley 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, del 22 de diciembre de 1999”. En principio, la resolución fue considerada un revés para la empresa UBER, pero lo cierto es que la propia Sala Constitucional aclaró que dicha sentencia no juzgaba la constitucionalidad del servicio brindado por esa empresa. La discusión nacional en torno a esa clase de servicios  continúa abierta.

14 marzo. La Asamblea Legislativa garantizó la continuidad de la integración de la Sala Tercera. La Asamblea Legislativa, en sesión ordinaria No. 157, reeligió al señor Jesús Ramírez Quirós como Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el 15 de marzo de 2017 al 14 de marzo de 2025. La elección se desarrolló según el artículo 158 de la Constitución Política. Al momento de la votación se encontraban presentes 50 diputados en el Salón de Sesiones, de los cuales 28 votaron conformes con la reelección y 22 votaron en contra. El Magistrado Ramírez Quirós se juramentó en sesión ordinaria No. 160 el 20 de marzo del 2017.

27 de abril. Mayor transparencia en los datos públicos del Estado Costarricense. El Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No. 40199, para la apertura de los datos públicos del Estado, para lo cual estableció reglas básicas para su puesta a disposición al público en general. Entre los aspectos más relevantes de la norma, se encuentra que declara los datos públicos abiertos por defecto y disponibles en formatos abiertos, es decir, con la capacidad de ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática. Al respecto, se hace necesario el paso de los meses para medir los efectos prácticos de dicho decreto.

11 de mayo. Costa Rica se ajustó a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En esta fecha se hizo efectiva la aplicación de la reforma a la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. A partir de la referida reforma, los comparecientes en un acto notarial deberán indicar, bajo fe de juramento, el origen de los recursos que sirven como medio de pago del negocio o contrato. En punto a esta reforma, parece indispensable que las Autoridades competentes  informen con datos concretos si esa legislación tuvo el efecto esperado para prevenir la legitimación de capitales.

28 de junio. Hacia la consolidación de un único sistema electrónico de compras públicas del Estado. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 40538 se reformó el “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” con el objetivo de instrumentalizar la Ley 9395 de 31 de agosto de 2016, denominada "Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa" y promover la aplicación gradual del “Sistema Integrado de Compras Públicas”. Sobre este particular, la realidad es que aún hoy coexisten varios sistemas de compras electrónicas, por tanto, al término de los plazos fijados en las disposiciones transitorias se deberá evaluar si la integración bajo el alero del SICOP ha mejorado la eficiencia de las autoridades públicas y ha hecho más transparente la gestión de sus procedimientos de adquisición de bienes y servicios.

26 de julio. Entró en vigencia el Código Procesal Laboral. Después de dieciocho meses de su publicación, entró en vigencia el llamado el Código Procesal Laboral, que en realidad se denomina Reforma Procesal Laboral. La reforma innovó el ordenamiento jurídico laboral en varios aspectos, incluyendo la prohibición de toda discriminación en el trabajo (incluso desde el reclutamiento); el PANI brindará asistencia legal y, en caso de despido, el patrono únicamente podrá argumentar como justificación  los hechos que describa en la carta de despido.

30 de agosto. Mayor transparencia en las contrataciones administrativas entre los entes del Estado. El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 40680, reformó el “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, concretamente el artículo 138 sobre la actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. La reforma, es un paso adelante hacia una mayor transparencia y eficiencia en contrataciones entre entes de derecho público, las cuales han sido cuestionadas durante meses, precisamente porque el sector privado ha argumentado que los precios acordados entre los entes de derecho público son superiores a los ofrecidos por otros oferentes en el mercado.

18 de setiembre. Liberalización de precios del servicio de telefonía celular. En el mes de nuestra independencia, la Superintendencia de Telecomunicaciones declaró la existencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones móviles. Ese acto administrativo, constituyó un hito que implicó la liberalización del mercado, siendo esta una de las premisas y objetivos de la apertura acordada vía referéndum en el 2007.

19 de octubre. Entró en vigencia la Ley Lázaro. Con la publicación en el Alcance No. 250 del diario oficial La Gaceta No. 197 del 19 de octubre del 2017, entró en vigencia la reforma del “Impuesto a las Personas Jurídicas”, también conocida como “Ley Lázaro”. Dicha reforma, permitió retrotraer los efectos de la disolución de las sociedades morosas en el pago de ese impuesto durante los períodos comprendidos entre el 2012 y el 2015 inclusive.

1° de noviembre. Nueva ley de aguas. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente No. 17742, denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, proyecto promovido por iniciativa popular. El mismo, tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico continental, insular y marino. En contraste con la regulación vigente del recurso hídrico, la cual data de 1942, ciertamente necesita remozarse y adecuarse a los desafíos actuales y futuros.

12 de diciembre. La transparencia financiera es una condición necesaria para el otorgamiento de la garantía soberna del Estado. La Sala Constitucional, mediante resolución No. 2017-019636, resolvió la consulta del proyecto de ley 19.998 que otorga un préstamo de $500 millones al ICE con garantía soberana. En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluyó que el sometimiento del ICE a las “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), contribuye a dotar de un mayor nivel de transparencia de aquellos aspectos financieros asociados al ejercicio de sus competencias, tanto legales como los relacionadas a su giro comercial; así como también salvaguardar al Estado en su condición de garante.

En síntesis, durante el 2017 fuimos testigos de diversos acontecimientos de orden legal cuyos efectos jurídicos se proyectarán a los años venideros y moldearán la realidad jurídica nacional. El reto pues para el 2018, será involucrarse y contribuir mes a mes a la mejora permanente de las normas que regulan nuestra convivencia en sociedad, para que contribuir y estimular la competitividad del país, ningún tema es intocable, todos los temas deben estar sobre la mesa.

En ese contexto, personalmente espero que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en los primeros meses del 2018 apruebe las normas técnicas de calidad del servicio de ferrocarril, que se tornan urgentes para los usuarios y para el concesionario de ese servicio. 

Erick Jiménez G.
Abogado Asociado
Director Área de Práctica Legal y Regulatoria en Energía
Soley, Saborío & Asociados
2290 7220


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