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Lunes 31 Octubre, 2016

La responsabilidad social de los medios de comunicación está en informar y no reservarse información; hacerlo genera falta de credibilidad hacia el Poder Judicial

Doce años

Luis Alejandro Álvarez Mora
Abogado – notario público
Céd. 1-640-275

El caso ICE-ALCATEL ha concluido 144 meses después de su inicio y la prensa —en particular dos medios— nos quedan debiendo.
Aquella prensa acuciosa, que nos presentó detalles que por imperio de ley no eran de manejo público, dado el acceso limitado a los expedientes, no ha informado ampliamente sobre el porqué del fallo absolutorio.
No es válido que se deje de lado la responsabilidad social de los medios en informar la verdad de lo acontecido y que se deje a un público ávido de conocer los detalles de un fallo que declara la absolutoria de los imputados, incluyendo al expresidente y exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez E.
Han sido ayunas las publicaciones en informarnos sobre la valoración de la carga probatoria con la que contó una Fiscalía que no convenció a las autoridades judiciales sobre sus argumentos.
No se ha informado al público que la “prueba de Panamá” sí fue parte del proceso, y fue conocida por el juzgador, sin aportar elementos para inculpar. Hoy los indiciados conservan su estado de inocencia a pesar de ella.
Un tema de mucha relevancia, no solo para la sociedad civil, sino que para el Poder Judicial y para quienes encabezan el Ministerio Público, es que los juzgadores cuestionan el mal manejo del criterio de oportunidad para escoger un “testigo de la corona” que se sirvió a sí mismo, y quien siendo corrupto confeso, fue premiado con no procesársele, y reteniendo más de un millón de dólares a pesar de ser dinero que fue recibido de dádivas.
Los costarricenses tienen derecho a conocer que la Fiscalía falló, y no solo desde el punto de vista de la investigación llevada a cabo, sino en perseguir a quienes no debía perseguir.
La responsabilidad social de los medios de comunicación está en informar y no reservarse información; hacerlo genera falta de credibilidad hacia el Poder Judicial, ya que no se han conocido a detalle las razones, y a la vez colaboraría a limpiar el nombre de quienes se vieron dañados por actuaciones circenses en un proceso que pareciera fue utilizado por algunos para impulsar sus nombres a puestos internacionales.
Muy grave que el Fiscal General —que no le compete Juzgar— les falte el respeto a los jueces de la Sala Tercera, descalificándoles y atreverse a señalar como nefasto el fallo que da la absolutoria al expresidente.
El daño hecho a las personas, al sistema político-democrático, y al mismo Poder Judicial no debe quedar sin una explicación detallada, más cuando la falta de credibilidad que se ha generalizado contra los partidos, los políticos, las instituciones de la República hay que repararla, y la prensa debió de forma obligatoria haber tomado esa bandera, ser consecuente con la forma en que se cubrieron los hechos doce años atrás.
Dejar esa información con un velo que la oculte, no le hace un favor a Costa Rica.