Divorcio Universitario
| Sábado 29 septiembre, 2012
Divorcio universitario
Una escasa oferta laboral ante un marcado exceso de profesionales graduados desempleados pareciera ser tema recurrente en juntas directivas de colegios profesionales, departamentos de recursos humanos y en el seno de hogares costarricenses, en donde frustrados padres de familia no entienden por qué la inversión en la educación universitaria de sus hijos no genera réditos laborales.
Son varias las publicaciones en medios locales que evidencian parte del problema.
Por el contrario, pareciera ser que el asunto no desvela a las autoridades universitarias porque siguen graduando profesionales sin ton ni son, en donde la oferta educativa se determina por la demanda de servicios educativos, sin responder a las verdaderas necesidades de profesionales que enfrenta el país.
El problema de la educación universitaria en Costa Rica es simple: no existe una política pública orientada al desarrollo de la educación superior. Peor aún, un subproblema de importantes proporciones lo representa el divorcio entre las instituciones universitarias públicas y privadas.
Un dato tan básico para determinar el estado del sistema educativo universitario, como lo es el núme¬ro oficial de carreras que ofrece el conjunto de universidades del país, no existe en Costa Rica.
Según el Informe Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación 2011, el principal desafío universitario es lograr empatar el sector público con el privado, empezando por la relación entre oferta y calidad, en donde las asimetrías son relevantes.
En conjunto, las instituciones de educación superior universitaria no funcionan como sistema. El marco normativo crea las universidades públicas y autoriza la creación y funcionamiento de las privadas, pero no prevé un espacio de coordinación entre los dos subsectores, ni define un organismo común de regulación y supervisión.
Mientras las cinco universidades públicas se agrupan y coordinan esfuerzos a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las universidades privadas son entes individuales e independientes sin ningún tipo de coordinación entre sí.
El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) cumple con el deber formal de aprobar instituciones y carreras, y establecer las condiciones mínimas necesarias para la operación de las universidades privadas, pero no asegura un marco de excelencia, ni cuenta con los recursos para ejercer una adecuada inspección.
Por el momento, la única garantía formal de un proceso de idoneidad académica en las universidades privadas está ligada a los procesos de acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES); y este sistema camina como todo en Costa Rica: impulsado por un motor de vapor.
Así que, hasta que no se corrija esta problemática, Costa Rica continuará graduando profesionales obedeciendo a condiciones impuestas por patrones de gustos y preferencias juveniles sin satisfacer las verdaderas necesidades del país.
Olman Rímola Castillo
olman.rimola@me.com
Una escasa oferta laboral ante un marcado exceso de profesionales graduados desempleados pareciera ser tema recurrente en juntas directivas de colegios profesionales, departamentos de recursos humanos y en el seno de hogares costarricenses, en donde frustrados padres de familia no entienden por qué la inversión en la educación universitaria de sus hijos no genera réditos laborales.
Son varias las publicaciones en medios locales que evidencian parte del problema.
Por el contrario, pareciera ser que el asunto no desvela a las autoridades universitarias porque siguen graduando profesionales sin ton ni son, en donde la oferta educativa se determina por la demanda de servicios educativos, sin responder a las verdaderas necesidades de profesionales que enfrenta el país.
El problema de la educación universitaria en Costa Rica es simple: no existe una política pública orientada al desarrollo de la educación superior. Peor aún, un subproblema de importantes proporciones lo representa el divorcio entre las instituciones universitarias públicas y privadas.
Un dato tan básico para determinar el estado del sistema educativo universitario, como lo es el núme¬ro oficial de carreras que ofrece el conjunto de universidades del país, no existe en Costa Rica.
Según el Informe Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación 2011, el principal desafío universitario es lograr empatar el sector público con el privado, empezando por la relación entre oferta y calidad, en donde las asimetrías son relevantes.
En conjunto, las instituciones de educación superior universitaria no funcionan como sistema. El marco normativo crea las universidades públicas y autoriza la creación y funcionamiento de las privadas, pero no prevé un espacio de coordinación entre los dos subsectores, ni define un organismo común de regulación y supervisión.
Mientras las cinco universidades públicas se agrupan y coordinan esfuerzos a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las universidades privadas son entes individuales e independientes sin ningún tipo de coordinación entre sí.
El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) cumple con el deber formal de aprobar instituciones y carreras, y establecer las condiciones mínimas necesarias para la operación de las universidades privadas, pero no asegura un marco de excelencia, ni cuenta con los recursos para ejercer una adecuada inspección.
Por el momento, la única garantía formal de un proceso de idoneidad académica en las universidades privadas está ligada a los procesos de acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES); y este sistema camina como todo en Costa Rica: impulsado por un motor de vapor.
Así que, hasta que no se corrija esta problemática, Costa Rica continuará graduando profesionales obedeciendo a condiciones impuestas por patrones de gustos y preferencias juveniles sin satisfacer las verdaderas necesidades del país.
Olman Rímola Castillo
olman.rimola@me.com