Diversidad latinoamericana se refleja en postura ante el tabaco

América Latina reúne a algunos de los mayores productores de tabaco del mundo, al primer Estado demandado por sus medidas contra el tabaquismo y a un presidente propietario de las marcas de cigarrillos más consumidas en su país.
La región de donde es originaria la planta Nicotiana tabacum muestra su diversidad respecto al tabaco al cumplirse este 27 de febrero el décimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT), del que hoy son partes 179 países y la Unión Europea (UE).
Entre los países americanos solo Estados Unidos, Argentina, Cuba y República Dominicana no son parte del convenio.
Brasil, que también es un gran productor de tabaco, sí aceptó estar sujeto a lo que la OMS define como la única herramienta para la protección de la salud de ámbito mundial y vinculante.
De los 8,2 millones de muertes anuales por cáncer en el mundo, al menos 1,6 millones, un 20%, están relacionadas con el tabaco y más de 6 millones de personas fallecerán este año por enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas o cáncer, todas ellas ligadas al tabaco, según cifras de la OMS.
"Una década salvando vidas" es el lema escogido para la conmemoración del décimo aniversario del convenio, en cuyo articulado hay tanto medidas dirigidas a reducir la demanda de productos tabacaleros como otras tendentes a disminuir la oferta por parte de la industria del sector.
"Dado el irreconciliable conflicto entre los intereses de la industria del tabaco (incluidos los monopolios estatales) y la salud pública, las partes del Convenio están obligadas a proteger sus políticas de control del tabaco de la interferencia de la industria", dice un folleto publicado con motivo del aniversario.
Uruguay sabe bien de ese "conflicto irreconciliable".
La tabacalera Philip Morris interpuso en 2010 una demanda contra el Estado uruguayo por la severa política anti-tabaco que implantó el oncólogo Tabaré Vázquez cuando fue presidente de Uruguay (2005-2010), cargo que volverá a asumir el próximo 1 de marzo.
La tabacalera, que en 2011 demandó a Australia por similares motivos, alega que Uruguay violó su tratado de inversiones con Suiza, país donde la multinacional tiene su sede, al prohibir la venta de los productos de tabaco en diferentes presentaciones.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, ante el cual Philip Morris planteó la demanda por medidas como obligar a que las crudas imágenes sobre los efectos del tabaco en la salud ocupen el 80 % de cada paquete de cigarrillos que se vende en Uruguay, aun no ha emitido su fallo.
Pero las duras políticas uruguayas contra el tabaco también han dado satisfacciones.
La prevalencia del tabaquismo ha disminuido en Uruguay un 25% en diez años, según el CMCT.
Además de Uruguay, en América Latina destaca Panamá por los resultados de su lucha por librarse del humo del tabaco. La prevalencia de uso del tabaco en adultos es del 6,4%, la más baja del continente y una de las menores del mundo.
En América Latina no solo las tabacaleras recurren contra las medidas anti-tabaco. República Dominicana, Cuba y Honduras, entre otros países, han demandado a Australia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por una ley de empaquetado genérico de productos del tabaco, sin especificación de la marca.
El tabaco fue el producto agroindustrial dominicano de mayor exportación en 2013 con 508,6 millones de dólares. El 87,5% de estas exportaciones tuvo como destino Estados Unidos, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas.
En la vecina Cuba, la corporación Habanos S.A., que comercializa 27 marcas de habanos hechos a mano, se frota las manos ante la posible apertura del mercado estadounidense para sus cigarros, gracias al acuerdo para la normalización de relaciones.
Habanos S.A. aspira a alcanzar una cuota del 25% o 30% en los primeros años después del embargo estadounidense a Cuba, pero su objetivo a largo plazo es copar un 70% del mercado de puros premium en EE.UU., según dijo Luis Sánchez-Harguindey, copresidente de la empresa.
La necesidad de aumentar los impuestos y los precios de los cigarrillos y otros productos del tabaco es defendida por expertos como Yul Francisco Dorado, director regional de Corporate Accountability International (CAI), una ONG que desafía "las acciones irresponsables de las grandes corporaciones".
Dorado calcula que América Latina podría evitar entre 17 mil y 45 mil muertes al año con una subida del 50% en el precio de los cigarrillos y opina que eso no traería un aumento del comercio ilícito de cigarrillos, que en la región es un negocio floreciente.

Bogotá/EFE