No se ha logrado ningún avance significativo en la racionalización del gasto público y más bien el sector público está contribuyendo a las brechas sociales con la escandalosa situación de gollerías y privilegios

¿Distribución de qué?

El presidente Solís ha iniciado el año con la intención de confundir el debate de los impuestos con el tema de la distribución de la riqueza. Así lo ha confesado.
No ha hablado de proyecto ni de acción pública alguna al respecto sino de sumar este tema a su intención de promover nuevos ingresos al fisco. Ha aceptado que el tema de los ingresos no se puede separar del tema del gasto pero de seguido ha dicho que se trata de tres temas que van juntos (ingresos públicos, gasto público y distribución de riqueza).
No podía faltar tampoco la referencia a las “brechas sociales” y a cómo se argumentará en la campaña por los impuestos. Simplemente, se trata de la táctica presidencial en la campaña para promover sus paquetes tributarios.
Al respecto, basta medir la ineficiencia del gasto público costarricense, cómo se haya el asunto de las gollerías y privilegios en el sector público y quedará patente que no se trata más que de un trillado argumento y un intento de invocar el clientelismo y la demagogia en favor de los tributos.
Lo que sucede es que ante la ineficiencia y postración de algunos programas públicos, el argumento se le puede complicar al oficialismo. Hace rato que algunos programas de supuesta lucha contra la pobreza están haciendo agua y que el sector público aparece mal posicionado.
El irracional aumento del gasto público devenido del exagerado aumento del Presupuesto Nacional, en el cual se trató de manera excesivamente generosa el presupuesto de las Universidades públicas (con un aumento de más de ¢58 mil millones) evidencia el serio problema del Estado costarricense.
Tal irresponsabilidad oficial, favoreciendo además a un sector lleno de privilegios, derrumba las demagógicas pretensiones del anunciado argumento presidencial. No se ha logrado ningún avance significativo en la racionalización del gasto público y más bien el sector público está contribuyendo a las brechas sociales con la escandalosa situación de gollerías y privilegios.
Aviados estamos con el anuncio presidencial. No es el primer intento de recurrir a la demagogia y al clientelismo. Así lo hizo también el presidente Pacheco con su paquete tributario. Recuérdese que inventó la falacia de que como se había suscrito el TLC con Estados Unidos y que era para los ricos, había que aprobar el paquete tributario para los pobres. La amenaza presidencial debe ser combatida con racionalidad y con fuerza. No es de recibo porque es demagógica, abona al clientelismo político y esconde la realidad nacional. De paso, es el anuncio de que no habrá racionalidad en el gasto público. El Presidente ha confesado que va a jugar con fuego.
El ardid del aumento del valor fiscal de los vehículos usados retrata a esta administración. Con ese truco se maltrata a los propietarios de vehículos usados. ¿Brechas sociales que se disuelven? Todo lo contrario, pues el resultado es ambiguo y más bien se da iniquidad fiscal.
Queda pendiente el inmenso tema de cómo durante esta administración se ha pretendido obviar el asunto de la pérdida de trabajos y el cierre de empresas.

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