Diputados niegan responsabilidad por rebaja de Agencia Moody´s a Costa Rica
“No pueden venir ahora a decir que nosotros tenemos la culpa, no pueden apurarnos a aprobar nuevos impuestos”, dijo Karla Prendas, legisladora del PLN.
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Varios diputados de la oposición negaron hoy cualquier responsabilidad en el cambio de perspectiva económica de Costa Rica de “estable a negativa”, por parte de la Agencia Moody's.

El Presidente Luis Guillermo Solís se comprometió en campaña a no aprobar nuevos impuestos durante los primeros dos años de trabajo, al considerar que una serie de ajustes desde el Poder Ejecutivo, podrían evitar el crecimiento del déficit fiscal, alegaron esta tarde varios legisladores.

Asimismo, argumentaron que el Gobierno se ha negado a discutir un plan para limitar el salario de los funcionarios públicos, así como restringir el gasto estatal.

“No pueden venir ahora a decir que nosotros tenemos la culpa, no pueden apurarnos a aprobar nuevos impuestos”, dijo Karla Prendas, legisladora del PLN.

Esta mañana la Agencia Moody's hizo la advertencia al país de que se necesitan cambios estructurales como incrementar los ingresos tributarios y recortar gastos, para no perder grados de inversión.

Sin embargo, la agencia calificadora mantuvo la deuda del país en grado “Ba1”, la cual, se mantiene desde finales del año pasado.

En caso de que Costa Rica sea degradado, se afectaría la imagen de crédito del Gobierno a nivel internacional, obligándolo a pagar mayores intereses sobres sus préstamos.

Otra de las consecuencias sería una mayor presión sobre las tasas de interés de tarjetas de créditos y préstamos hacia el alza.

Pese a esto, partidos como el Movimiento Libertario, el PLN y el PUSC, se niegan a aprobar los planes de IVA y renta que propone Solís.

“No vamos a permitir que la agenda de nuevos tributos avance, mientras haya despilfarro”, dijo José Alberto Alfaro, diputado del Movimiento Libertario.

Mientras tanto, la bancada oficialista del PAC por medio de su diputado Franklin Corella, pidió al Mandatario desconvocar todos los proyectos de la agenda de sesiones extraordinarias y limitar el debate en el Congreso a las iniciativas “cuyo fin sea la reducción del gasto, evasión, elusión y mejora de la recaudación de impuestos”.



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