Lo importante ahora es que se haga ese enorme esfuerzo que será necesario para que logremos tener un sector público eficiente, dando los servicios que los costarricenses merecen y por los cuales pagan

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Dinero público desaprovechado

Las pasadas administraciones mostraron su voluntad política para que en Costa Rica el 8% del PIB se utilice para el sistema educativo público.
Sin embargo, esas intenciones se quedaron a medio camino al no haberse hecho la parte más compleja del tema, que es garantizar que los educadores estuvieran en procesos permanentes de adquisición de más conocimientos y métodos modernos de enseñanza - aprendizaje capaces de inspirar en los alumnos el deseo de aprender.
Por otro lado, parte de los dineros dedicados a la educación se giran a las llamadas juntas de educación, entidades que administran los dineros que el Gobierno les otorga para atender varios rubros en escuelas y colegios públicos (infraestructura, mobiliario, equipo y comedores escolares, entre otros).
Estos temas sin atender no son responsabilidad del presente Gobierno —que ahora tendrá que ver que hace con el problema— sino de los anteriores.
Hoy como consecuencia de esto nos encontramos con que mientras 300 escuelas y colegios tienen problemas de infraestructura, las juntas de educación reportan miles de millones ociosos en la Caja Única del Estrado.
No funciona tampoco un buen mecanismo de rendición de cuentas y de control sobre el uso de los millones que si se invierten.
La Contraloría llamó la atención sobre estos puntos al Ministerio de Educación ya en 2012. Sin embargo, es ahora, en este gobierno, cuando por fin se está trazando un plan para mejorar el uso de los fondos en cuestión.
Este dejar las obligaciones para que las tenga que enfrentar el gobierno siguiente ha sido la tónica en las últimas administraciones.
Esto no puede justificarse de ningún modo en un país como el nuestro que, al menos en educación, invierte mucho dinero. Lo cual es loable desde luego, pero se viene abajo cuando vemos que se descuidó lo esencial.
Se logró la aprobación del 8% para educación en la Asamblea Legislativa, pero la gran labor para garantizar la excelencia en los procesos del sistema educativo público quedó pendiente, como tantos otros asuntos que esta administración heredó, en ese sector, y que representan ahora una pesada cadena que arrastrar.
Lo importante ahora es que se haga ese enorme esfuerzo que será necesario para que logremos tener un sector público eficiente, dando los servicios que los costarricenses merecen y por los cuales pagan.