Interpuesto recurso de amparo por mala fiscalización

Dinero de campaña en veremos

Riesgo ahuyentaría inversión de los financistas

El hecho de que la deuda política esté en la cuerda floja, preocupa a los candidatos de diferentes partidos, quienes temen una falta de dinero para financiar sus gastos de la campaña.
La preocupación de los aspirantes presidenciales se generó ayer, cuando se dio a conocer que la Sala IV acogió para su estudio, un reclamo contra la deuda política.
Su argumento es sencillo, ¿cuál financista estaría dispuesto a prestarles dinero, si a final de cuentas no existe garantía de cobrar?
De esta forma, los partidos tendrían que acudir únicamente a las donaciones para cubrir gastos tan variados como publicidad, transporte y signos externos.
Sin el respaldo de la contribución estatal, que para estos comicios asciende a más de ¢43 mil millones, la campaña sería sin duda frugal.
Aunque el reclamo no afecta por el momento el mecanismo tradicional del financiamiento de los partidos, sí suspende el reparto del dinero que hace el TSE tras las elecciones, hasta que los magistrados resuelvan el reclamo.
Tomando en cuenta que la Sala IV dura hasta dos años en conocer este tipo de denuncias, los financistas deberán pensar si se arriesgan a prestar el dinero durante este año y no poder cobrarlo posteriormente, en caso de que los magistrados declarasen la ilegalidad del sistema utilizado.
Ante esta situación, los diferentes precandidatos hacen un llamado a la Sala IV, para que resuelva este tema lo antes posible, ya que de lo contrario, “las reglas del juego no estarían claras para nadie” en la próxima campaña.
El otro camino es que los diputados aprueben una reforma en el Código Electoral en cuanto a este tema, dejando sin efecto la acción de inconstitucionalidad.
El reclamo ante los magistrados fue presentado por los exdiputados Rodrigo Alberto Carazo del PAC y Federico Malavassi del Movimiento Libertario, así como por el ciudadano Gabriel Bonilla.
Ellos consideran que la ilegalidad se debe a que el TSE no tiene los requerimientos necesarios para fiscalizar la deuda política.
Prueba de ello es que cuatro partidos son investigados por la Fiscalía por el delito de supuesta estafa con la contribución estatal.
Asimismo, señalan que el mecanismo actual promueve la inequidad y permite a los grandes partidos cobrar la mayor cantidad de dinero.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net