Dinero para las familias o para el Gobierno, del ahogado, el sombrero
Dinero para las familias o para el Gobierno, del ahogado, el sombrero
Francisco Villalobos
Ciertas medidas fiscales se echan de menos en el Plan Escudo del Gobierno, aunque podamos entender de entrada que una baja abrupta en la recaudación puede llevar a una crisis fiscal impulsada por un alto déficit, como el que motivó que en 2001 se planteara una agenda nacional para llevar a cabo una reforma fiscal.
La reforma no hizo falta desde el punto de vista de la recaudación (no así de la justicia ni de la competitividad), pues el aumento de la actividad económica tuvo un efecto boyante, normal en el comportamiento de la carga fiscal de un país.
Que el gobierno no quiera descuidar la entrada de ingresos a las arcas para evitar un déficit que afecte el equilibrio macroeconómico, es comprensible.
Pero también es comprensible el problema de flujo de efectivo con el que se enfrentan las empresas ante la disminución de las ventas, por lo que es fundamental pensar en soluciones que amortigüen el efecto de la baja en el consumo.
Lo que aquí tenemos que definir es si salvamos empleo o si evitamos el crecimiento del déficit fiscal. En Estados Unidos se planteaba esa misma pregunta.
La gran crítica al plan de salvamento de los republicanos es que aumenta la injerencia del Estado en la economía.
Lo que ellos quisieran ver es que con menos impuestos, haya más dinero disponible en las familias y las empresas.
La discusión en Costa Rica se parece, no así la reacción del Gobierno.
Con la medida propuesta a nivel de cambios temporales al Código de Trabajo, disminuiría el disponible de las familias, pues al flexibilizar las reglas para suspender contratos de trabajo o variar las condiciones actuales, disminuye el ingreso real de los trabajadores.
Claro que esto es menos malo que no tener trabajo del todo, y entendido como medida temporal, creemos que es no solo urgente sino necesaria.
También entendemos de qué lado se revienta la cuerda primero.
La percepción inicial que se tiene al ver el Plan Escudo es que la reforma laboral es la más importante de las medidas y como el empresariado ha venido cabildeando por una reforma al Código de Trabajo sin éxito, no es de extrañarse que los legisladores sientan algún olor a oportunismo.
Y es más claro esto, cuando no hay otras medidas contundentes a nivel de proyectos de ley que afecten el ingreso del Gobierno: los impuestos. No hay reducciones propuestas en cuanto al impuesto sobre la renta, de impuesto sobre las ventas o incentivos fiscales para evitar el desempleo.
Así, el Escudo sería cargado por el menos fuerte. ¿Tendrá el Gobierno que arriesgar entonces quizá en la misma proporción que pide sacrificio de los trabajadores?
Esa es la discusión pero sí que está claro que las autoridades no están dispuestas a ceder en el campo fiscal. La única medida planteada, la depreciación acelerada, ya existía desde 2002 y no es realmente una concesión graciosa para el empresariado.
La señal es clara: los impuestos no van a disminuirse. Ojalá que al igual que hicieron los japoneses en los años 90 los esfuerzos del Estado se centren en acelerar la forma en que el dinero público se invierte en lo privado. ¿Difícil no?
Francisco Villalobos
Ciertas medidas fiscales se echan de menos en el Plan Escudo del Gobierno, aunque podamos entender de entrada que una baja abrupta en la recaudación puede llevar a una crisis fiscal impulsada por un alto déficit, como el que motivó que en 2001 se planteara una agenda nacional para llevar a cabo una reforma fiscal.
La reforma no hizo falta desde el punto de vista de la recaudación (no así de la justicia ni de la competitividad), pues el aumento de la actividad económica tuvo un efecto boyante, normal en el comportamiento de la carga fiscal de un país.
Que el gobierno no quiera descuidar la entrada de ingresos a las arcas para evitar un déficit que afecte el equilibrio macroeconómico, es comprensible.
Pero también es comprensible el problema de flujo de efectivo con el que se enfrentan las empresas ante la disminución de las ventas, por lo que es fundamental pensar en soluciones que amortigüen el efecto de la baja en el consumo.
Lo que aquí tenemos que definir es si salvamos empleo o si evitamos el crecimiento del déficit fiscal. En Estados Unidos se planteaba esa misma pregunta.
La gran crítica al plan de salvamento de los republicanos es que aumenta la injerencia del Estado en la economía.
Lo que ellos quisieran ver es que con menos impuestos, haya más dinero disponible en las familias y las empresas.
La discusión en Costa Rica se parece, no así la reacción del Gobierno.
Con la medida propuesta a nivel de cambios temporales al Código de Trabajo, disminuiría el disponible de las familias, pues al flexibilizar las reglas para suspender contratos de trabajo o variar las condiciones actuales, disminuye el ingreso real de los trabajadores.
Claro que esto es menos malo que no tener trabajo del todo, y entendido como medida temporal, creemos que es no solo urgente sino necesaria.
También entendemos de qué lado se revienta la cuerda primero.
La percepción inicial que se tiene al ver el Plan Escudo es que la reforma laboral es la más importante de las medidas y como el empresariado ha venido cabildeando por una reforma al Código de Trabajo sin éxito, no es de extrañarse que los legisladores sientan algún olor a oportunismo.
Y es más claro esto, cuando no hay otras medidas contundentes a nivel de proyectos de ley que afecten el ingreso del Gobierno: los impuestos. No hay reducciones propuestas en cuanto al impuesto sobre la renta, de impuesto sobre las ventas o incentivos fiscales para evitar el desempleo.
Así, el Escudo sería cargado por el menos fuerte. ¿Tendrá el Gobierno que arriesgar entonces quizá en la misma proporción que pide sacrificio de los trabajadores?
Esa es la discusión pero sí que está claro que las autoridades no están dispuestas a ceder en el campo fiscal. La única medida planteada, la depreciación acelerada, ya existía desde 2002 y no es realmente una concesión graciosa para el empresariado.
La señal es clara: los impuestos no van a disminuirse. Ojalá que al igual que hicieron los japoneses en los años 90 los esfuerzos del Estado se centren en acelerar la forma en que el dinero público se invierte en lo privado. ¿Difícil no?