Dinero contra la pobreza se estanca
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 08 abril, 2009
A pesar de los miles de recursos en manos del Estado, exceso de burocracia deja sin amparo a necesitados
Dinero contra la pobreza se estanca
• Planes de combate a la pobreza no están dando los resultados esperados, debido a falta de interés por desarrollar mecanismos efectivos para otorgar ayudas
Yessenia Garita
ygarita@larepublica.net
Bajo el fuerte sol, Marjorie Calderón, una joven de 26 años y con siete meses de embarazo, se dedica a diario a la venta de frutas en el cruce de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit).
Ella es vecina de Cristo Rey, donde vive con otros familiares en una casa alquilada por la cual pagan unos $78 mensuales. Debe trabajar para mantener sus necesidades básicas y las de sus otros tres hijos.
Su familia recibe unos $150 al mes, es decir, debe subsistir con un promedio de $5 diarios.
Ella requiere ayuda; sin embargo, los tediosos trámites para solicitar protección del Estado hacen que Marjorie prefiera seguir trabajando por el bienestar de sus familiares.
Así como ella, en el país existen unas 30 mil mujeres jefas de hogar, que trabajan sin importar las circunstancias para sacar adelante a su familia.
Y aunque el Estado asumió la obligación de tomar medidas para promover la superación de la insuficiencia de los ingresos de las mujeres, su acceso a recursos, a oportunidades de atención, muchas mujeres aún se enfrentan a ciertas dificultades.
Esto a pesar de que existen 24 instituciones que trabajan en el área social y que ejecutan unos 50 programas para tratar de mejorar la situación de las familias en estado de pobreza.
Una de estas instituciones es el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), que nació de una necesidad de la sociedad por resolver el problema habitacional de los sectores más pobres del país.
Para optar por un bono de la vivienda esta joven debe formar parte de un núcleo familiar, no contar con casa propia, tener un ingreso familiar igual o inferior a ¢670 mil, según Juan de Dios Rojas, gerente general a.i. del Banhvi.
En el caso de Marjorie, ella cuenta con los requisitos básicos, y de ser aceptada, debe presentar otra serie de documentos legales, como certificaciones de ingresos, constancia de salarios, estudios registrales. Todos estos trámites representan tiempo y recursos económicos de los que no dispone.
Y aunque el Estado sí cuenta con fondos, en ocasiones no llegan a los más pobres porque se quedan en burocracia o los reciben quienes no los necesitan.
Los recursos de algunos proyectos son aprovechados por personas que cuentan con recursos económicos, y que no califican como pobres, sino como infiltrados, quienes reciben recursos como bonos, becas para estudiar y pensiones no contributivas.
Donde se presenta mayor disparidad es en el programa de bonos familiares. Mientras un 59,4% de los pobres no ha logrado tener acceso a este proyecto gubernamental, un 50,6% de “colados” obtuvo un bono familiar.
Si estos recursos se hubieran destinado a personas pobres, el porcentaje de quienes lograrían acceder a los planes de pobreza disminuiría a un 8,8%.
“Para escoger a los candidatos de estos programas existen distintos instrumentos que van desde sistemas sofisticados hasta simples entrevistas por algún funcionario”, dijo Víctor Céspedes, de la Academia de Centroamérica, quien realizó una investigación acerca de la pobreza en el país.
Los planes de lucha contra la pobreza implementados en el país no están dando los resultados esperados, debido a la ausencia de evaluación, a la falta de coordinación y seguimiento y a la duplicidad de funciones.
“Los indicadores que usan las instituciones son el número de beneficiarios y los montos gastados, pero no hay una rendición de cuentas”, agregó Céspedes.
El Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO), que identifica con criterios técnicos a las familias pobres, solo es usado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El resto de las 24 instituciones del sector social, que dan ayudas, continúan con criterios poco rigurosos.
“Las mujeres pueden acceder a cualquiera de los programas, pero para ello se requiere hacer una valoración social, mediante la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS), que permite determinar las necesidades de la persona”, indicó Nelson Mora, del departamento de Comunicación del IMAS.
Aunque esta institución es rectora en el campo de la superación de pobreza, los trámites burocráticos también impiden mayor agilidad en el campo de las ayudas sociales.
Para obtener, por ejemplo, un incentivo de bienestar familiar solicitan factura pro-forma de bienes por adquirir o servicios, constancia de alquiler. En el caso de ayudas técnicas, constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es otra institución creada para brindarles apoyo a las mujeres. Mediante la política Nacional de Igualdad y Equidad de Género pretende que en 2017 toda mujer que requiera servicios de cuido de niños y niñas para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con al menos una alternativa de cuido pública, privada o mixta de calidad.
“El INAMU no otorga subsidios, para eso existen instituciones como el IMAS. Este año, se impartirán cursos sobre liderazgo, autoestima y derechos, que son capacitaciones de formación humana gratuitas”, explicó Lorena Flores, coordinadora de la Secretaría Técnica de Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género del INAMU.
Y mientras en áreas rurales de España, por ejemplo, existen bolsas de pobreza, en nuestro país apenas se está en la elaboración del Registro Unico de Beneficiarios, y aún falta mucho por hacer.
“Hemos ido promoviendo programas que nos permitan mejorar la condición de vida de los pobres, mediante programas de becas, subsidios, bonos de vivienda. No obstante, el Gobierno está atrasado en dos políticas específicas, en el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de equipos y material para los CEN-CINAI y la entrega de viviendas a personas que viven en asentamientos humanos”, dijo María Luisa Avila, rectora del sector social.
Dinero contra la pobreza se estanca
• Planes de combate a la pobreza no están dando los resultados esperados, debido a falta de interés por desarrollar mecanismos efectivos para otorgar ayudas
Yessenia Garita
ygarita@larepublica.net
Bajo el fuerte sol, Marjorie Calderón, una joven de 26 años y con siete meses de embarazo, se dedica a diario a la venta de frutas en el cruce de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit).Ella es vecina de Cristo Rey, donde vive con otros familiares en una casa alquilada por la cual pagan unos $78 mensuales. Debe trabajar para mantener sus necesidades básicas y las de sus otros tres hijos.
Su familia recibe unos $150 al mes, es decir, debe subsistir con un promedio de $5 diarios.
Ella requiere ayuda; sin embargo, los tediosos trámites para solicitar protección del Estado hacen que Marjorie prefiera seguir trabajando por el bienestar de sus familiares.
Así como ella, en el país existen unas 30 mil mujeres jefas de hogar, que trabajan sin importar las circunstancias para sacar adelante a su familia.
Y aunque el Estado asumió la obligación de tomar medidas para promover la superación de la insuficiencia de los ingresos de las mujeres, su acceso a recursos, a oportunidades de atención, muchas mujeres aún se enfrentan a ciertas dificultades.
Esto a pesar de que existen 24 instituciones que trabajan en el área social y que ejecutan unos 50 programas para tratar de mejorar la situación de las familias en estado de pobreza.
Una de estas instituciones es el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), que nació de una necesidad de la sociedad por resolver el problema habitacional de los sectores más pobres del país.
Para optar por un bono de la vivienda esta joven debe formar parte de un núcleo familiar, no contar con casa propia, tener un ingreso familiar igual o inferior a ¢670 mil, según Juan de Dios Rojas, gerente general a.i. del Banhvi.
En el caso de Marjorie, ella cuenta con los requisitos básicos, y de ser aceptada, debe presentar otra serie de documentos legales, como certificaciones de ingresos, constancia de salarios, estudios registrales. Todos estos trámites representan tiempo y recursos económicos de los que no dispone.
Y aunque el Estado sí cuenta con fondos, en ocasiones no llegan a los más pobres porque se quedan en burocracia o los reciben quienes no los necesitan.
Los recursos de algunos proyectos son aprovechados por personas que cuentan con recursos económicos, y que no califican como pobres, sino como infiltrados, quienes reciben recursos como bonos, becas para estudiar y pensiones no contributivas.
Donde se presenta mayor disparidad es en el programa de bonos familiares. Mientras un 59,4% de los pobres no ha logrado tener acceso a este proyecto gubernamental, un 50,6% de “colados” obtuvo un bono familiar.
Si estos recursos se hubieran destinado a personas pobres, el porcentaje de quienes lograrían acceder a los planes de pobreza disminuiría a un 8,8%.
“Para escoger a los candidatos de estos programas existen distintos instrumentos que van desde sistemas sofisticados hasta simples entrevistas por algún funcionario”, dijo Víctor Céspedes, de la Academia de Centroamérica, quien realizó una investigación acerca de la pobreza en el país.
Los planes de lucha contra la pobreza implementados en el país no están dando los resultados esperados, debido a la ausencia de evaluación, a la falta de coordinación y seguimiento y a la duplicidad de funciones.
“Los indicadores que usan las instituciones son el número de beneficiarios y los montos gastados, pero no hay una rendición de cuentas”, agregó Céspedes.
El Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO), que identifica con criterios técnicos a las familias pobres, solo es usado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El resto de las 24 instituciones del sector social, que dan ayudas, continúan con criterios poco rigurosos.
“Las mujeres pueden acceder a cualquiera de los programas, pero para ello se requiere hacer una valoración social, mediante la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS), que permite determinar las necesidades de la persona”, indicó Nelson Mora, del departamento de Comunicación del IMAS.
Aunque esta institución es rectora en el campo de la superación de pobreza, los trámites burocráticos también impiden mayor agilidad en el campo de las ayudas sociales.
Para obtener, por ejemplo, un incentivo de bienestar familiar solicitan factura pro-forma de bienes por adquirir o servicios, constancia de alquiler. En el caso de ayudas técnicas, constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es otra institución creada para brindarles apoyo a las mujeres. Mediante la política Nacional de Igualdad y Equidad de Género pretende que en 2017 toda mujer que requiera servicios de cuido de niños y niñas para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con al menos una alternativa de cuido pública, privada o mixta de calidad.
“El INAMU no otorga subsidios, para eso existen instituciones como el IMAS. Este año, se impartirán cursos sobre liderazgo, autoestima y derechos, que son capacitaciones de formación humana gratuitas”, explicó Lorena Flores, coordinadora de la Secretaría Técnica de Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género del INAMU.
Y mientras en áreas rurales de España, por ejemplo, existen bolsas de pobreza, en nuestro país apenas se está en la elaboración del Registro Unico de Beneficiarios, y aún falta mucho por hacer.
“Hemos ido promoviendo programas que nos permitan mejorar la condición de vida de los pobres, mediante programas de becas, subsidios, bonos de vivienda. No obstante, el Gobierno está atrasado en dos políticas específicas, en el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de equipos y material para los CEN-CINAI y la entrega de viviendas a personas que viven en asentamientos humanos”, dijo María Luisa Avila, rectora del sector social.