Digitalización de servicios, industria FinTech y el ecosistema necesario para Costa Rica

Existen algunas áreas de la industria que han venido dinamizándose, generando productos y servicios disruptivos y que están acelerando la combinación de la tecnología con las plataformas financieras tradicionales para lograr innovación y que las transacciones, inversiones, acceso a productos y servicios financieros, sean mucho más sencillos. Es justamente ahí, en donde encontraremos las compañías que desarrollan servicios que conciertan tecnología y servicios financieros de forma eficiente, práctica y – podría decirse - económica. A estas compañías se les conoce globalmente como FinTech.

Podemos definir FinTech como la innovación, habilitada por la tecnología en los servicios financieros, la cual está resultando en nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en la provisión de servicios financieros.

¿A dónde podemos identificar casos en nuestro país en que hayan intervenido activamente servicios o empresas FinTech? A manera de ejemplo, y aunque sea ya una práctica masificada, las facilidades que brinda el Sistema Nacional de Pagos (Sinpe) para realizar cómodamente transferencias interbancarias o bien pagos a través de nuestros teléfonos celulares, han promovido la digitalización de gran parte de nuestras propias economías y posiblemente no lo habíamos notado. Hay voces incluso que aseguran que el colón es prácticamente una “moneda digital” gracias, en parte, a los servicios del Sinpe.

Adicionalmente, podemos encontrar hoy en día en nuestro país elementos de un ecosistema que, aunque le falta mucho para estar completo, ha venido creciendo en los últimos años mediante la aparición de sistemas alternativos de pago (Impesa o Kipo), billeteras digitales (Wink), cripto activos (Nimiq) o billeteras de pago de estacionamiento mediante geolocalización (Parso). Por citar algunas. Todos estos casos precitados funcionan actualmente y, de cierta manera, amenazan la forma en como realizamos algunas de las actividades económicas más comunes. Es por esta razón que se les conoce como tecnologías disruptivas.

No es extraño que, durante la crisis económica y sanitaria ocasionada por la pandemia, surjan diferentes iniciativas cada vez más innovadoras, amigables con los usuarios y que asuman funciones que normalmente hacíamos de forma física, analógica y – hasta cierto punto – engorrosa.

De acuerdo con diferentes publicaciones, en los próximos doce a veinticuatro meses podríamos esperar (i) una banca mayoritariamente digitalizada, (ii) la penetración del blockchain en la industria financiera global, (iii) la Inteligencia Artificial (AI) como un componente natural para las entidades financieras, (iv) intensificación de la regulación FinTech, (v) innovaciones en métodos de pago (utilizando modalidades sin contacto, tecnologías móviles, verificación de identidad, etc.), (vi) asociaciones entre las entidades bancarias tradicionales con nuevas start-ups digitales para sobrevivir ofreciendo servicios innovadores y tradicionales y, (vii) el surgimiento de disyuntivas que – sin un manejo adecuado – pueden transformar la industria FinTech en una herramienta de inclusión financiera o bien incrementar la marginalidad de algunos sectores de la población del acceso a los servicios financieros necesarios.

De esta forma, deberemos irnos familiarizando cada vez más con proyectos que surjan desde las economías colaborativas, por ejemplo, nuevas plataformas de crowfunding para financiar todo tipo de iniciativas públicas y privadas hasta aplicaciones para el otorgamiento de préstamos peer-to-peer, que conectarán directamente a los usuarios en operaciones crediticias eludiendo intermediarios costosos. Podemos hacer muchas conjeturas, sin embargo, las ramificaciones a las que nos pueden llevar las nuevas tecnologías son prácticamente infinitas.

Algunas tareas pendientes del ecosistema FinTech costarricense

A pesar de la existencia de algunas FinTech y el interés genuino de algunos sectores de la industria y el gobierno, nuestro país aún está de lejos de una madurez que le permita explotar todo el potencial de las compañías ubicadas en el sector FinTech.

Me atrevería a señalar, entre muchos otros, los siguientes factores o eslabones como fundamentales para el desarrollo de un ecosistema FinTech: (i) el involucramiento y compromiso de la academia y las principales universidades del país; (ii) la participación de los mercados financiero y de capitales, en un contexto dinámico que confíe en las reglas provistas por el país y la calidad de los empresarios, (iii) una normativa transparente, equilibrada y con reguladores técnicamente robustos.

En nuestro país contamos con desarrolladores e ingenieros de altísima calidad que actualmente proveen de estos y tantos otros servicios a clientes, compañías locales y extranjeras. Por lo que, para suplir este primer eslabón, no deberían existir mayores inconvenientes.

En contrario, a pesar de diferentes iniciativas públicas y privadas, nuestro país no tiene un mercado de capitales que promueva la inversión abierta en nuevas tecnologías. Además, por las políticas de crédito de las instituciones tradicionales, es difícil que los nuevos emprendimientos puedan acceder a los recursos disponibles en la banca tradicional. Por otra parte, el sector bancario nacional se ha mostrado reacio a involucrarse activamente en algunos sectores de la industria. A manera de ejemplo, el dinámico sector de los activos digitales y criptográficos, no cuenta al día de hoy con el respaldo de la banca tradicional y se ha convertido – desde mi óptica - en una suerte de enemigo de ésta industria.

Es cierto que existen algunos fondos privados que se mantienen expectantes para abrazar estos proyectos e invertir en ellos en distintos niveles. Principalmente lo hacen con financiamiento, deuda o bien con capital convertible en acciones. Pero, aunque representan intereses serios y sofisticados, resultan aún unas pocas y dispersas iniciativas privadas que no tienen el auspicio de una bolsa o entidad pública que pueda masificar estas inversiones o bien dotarles de reglas específicas a los inversionistas.

En otro orden, nuestro país no tiene una regulación en materia FinTech y aunque ha sido una petición reiterada por parte de algunos de los actores locales y regionales para desarrollar una industria con un marco legal transparente, con reguladores definidos y oportunidades para competir con los participantes tradicionales del mercado financiero, existe un notable rezago institucional para entender la industria y, más aún, para regularla con criterio.

En contraposición, los sectores financieros tradicionales también han manifestado la necesidad de regular y formalizar los emprendimientos en las diferentes áreas FinTech. La razón fundamental es que, mientras los bancos, puestos de bolsa, operadoras de seguros y pensiones, entre otras, deben someterse a estrictas reglas en un mercado regulado y tener disponible su información para los organismos de supervisión, aún existen áreas grises que les permiten a las compañías FinTech operar en un entorno sub-regulado o no normado del todo, lo que podría sugerir una competencia sin igualdad de condiciones.

Es importante indicar que, previo a emitir leyes por el mero cumplimiento, deberíamos observar la experiencia en otros países. Por ejemplo, en México se publicó hace un par de años una Ley FinTech que, para algunos especialistas, lejos de promover y acelerar la industria, la burocratizó y lastró con requisitos que han tenido que ir enmendado para hacerla más eficiente.

Finalmente, nuestro país cuenta con la Ley 8454, conocida como Ley de Firma Electrónica, mediante la cual se abren muchas posibilidades para aceptar, acordar o contratar válidamente con terceros y de manera remota.

No obstante, diferentes sectores FinTech en Costa Rica han reiterado que el uso de la firma digital debería ser amigable con dispositivos móviles para facilitar, masificar y diversificar su uso en muchas otras aplicaciones. Hoy en día, existe una evidente limitación de hardware para poder vincular el certificado digital a nuestros dispositivos móviles, por lo que debe trabajarse en alternativas o bien una solución para esta barrera.

Solventada esta situación, podremos aceptar y acceder más fácilmente a otros servicios y productos, sin necesidad de acudir físicamente a las entidades o bien de vincular el hardware hasta hoy necesario para operar la firma electrónica.

El horizonte FinTech en estos años venideros

Entendemos que la coyuntura del país es dramática dado el entramado de acontecimientos sanitarios, fiscales, políticos y económicos. Sin embargo, el hecho que haya tareas – en apariencia – más urgentes de atender, no les resta importancia a aquellos sectores de la industria que vienen dinamizándose, transformándose y que precisan de atención de nuestras instituciones.

Incluso, no es descabellado pensar que mediante la promoción de una industria FinTech en el país se encontrarán algunas soluciones a los problemas ocasionados por el desempleo, burocracia, interacciones sin contacto, posibilidades de alcance de las pymes, recaudación eficiente de impuestos, e-commerce, costos transaccionales, entre tantos otros.

Un factor medular es darle confianza a los usuarios actuales y futuros de las plataformas o aplicaciones digitales que ofrecen servicios FinTech. Es decir, debemos capacitar y empoderar a las agencias de supervisión, empezando por las entidades de defensa de derechos de los consumidores, pues deben estar en capacidad de darles respuestas y soluciones en casos de disputas o incumplimientos de las compañías FinTech.

Es fundamental que exista claridad respecto al uso de los datos personales de los usuarios. Muchos de los sectores que utilizan tecnología, AI, machine learning y minería de datos para agilizar las interacciones humanas, no han atendido procesos de cumplimiento suficientes a la hora de advertir a los usuarios respecto a cómo y cuáles datos utilizarán y para cuáles propósitos específicos. Si bien ha sido una práctica habitual, no deja de ser cuestionable y riñe con diferentes regulaciones nacionales e internacionales. Lamentablemente, la falta de recursos disponibles para fiscalizar estos procedimientos continuará pasando una alta factura respecto a la atención de los derechos de los usuarios de plataformas digitales en relación con la autodeterminación de sus datos e información personales.

La digitalización y los casos exitosos de las economías colaborativas han demostrado que algunos recursos que resultaban necesarios en el pasado, no lo serán tanto en el futuro inmediato. La supervisión de las entidades financieras se realizará gracias a la AI y el procesamiento cada vez más fino de datos, pudiendo prescindirse de esta forma de supervisores y analistas humanos, haciendo descansar estas responsabilidades en sistemas computarizados sofisticados y confiables (SupTech).

De igual manera, es muy probable que las enormes infraestructuras físicas y los edificios que anteriormente demostraban solidez, garantía y confianza de las entidades financieras usuales, en esta coyuntura tengan los días contados. Los usuarios – sobre todo los llamados millenials – quieren reducir al mínimo sus visitas a las entidades bancarias. Prefieren soluciones digitales y, más específicamente, móviles. Es decir, manejar sus finanzas y productos financieros desde el celular.

Hoy en día nos encontramos con un avanzado desarrollo de chabots, capaces de atender nuestras inquietudes o consultas como usuarios. Gracias al machine learning, estos chabots tienen una enorme facilidad de incorporar nuevas destrezas y facultades con rapidez, pudiendo resolver nuestros problemas como clientes tan fácilmente como un asesor humano.

Por si fuera poco, existe una tendencia a reducir los espacios físicos (por costosos e innecesarios) en los que se ubican las sucursales de las entidades financieras, empujando a los usuarios a familiarizarse con las aplicaciones móviles para que puedan realizar sus trámites desde estas plataformas digitales. Además, son cada vez más comunes los “bancos sin oficinas” o bien el cierre de sucursales poco rentables en algunas locaciones.

Algunos ejemplos notables de estas plataformas financieras o bancos digitales son Revolut, N26, TransferWise o Curve.

Asimismo, conviene indicar que, lejos de afectar negativamente el avance de la inclusión financiera de los ciudadanos, es posible contar numerosos casos de éxito mediante los cuales – a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales - ha sido viable bancarizar a poblaciones alejadas o facilitarles medios de pago a quienes no cuentan con un punto de servicio cercano. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la start-up M-Pesa en Kenia y otros países africanos.

Dicho esto, en el horizonte de las entidades financieras tradicionales surgen algunas interrogantes válidas, entre ellas, ¿cómo hacer llegar los servicios a más personas sin abrir nuevos y costosos espacios físicos? y, especialmente, ¿qué sucederá con los miles de metros cuadrados construidos que poco a poco dejarán de ser utilizados por los usuarios y necesitados por los trabajadores?

Es necesario además que las nuevas FinTech que surjan puedan suplir algunas carencias que evidenciaron las entidades tradicionales en materia de seguridad y verificación de identidad para los usuarios. En nuestro país las entidades financieras tradicionales no han dado una respuesta suficiente a muchos usuarios que han experimentado vulneraciones a la seguridad de sus cuentas, derivando dichos problemas en estafas y otras afectaciones patrimoniales.

Por si fuera poco, la respuesta de las entidades para resolver estas disputas no es necesariamente rápida y satisfactoria para los clientes.

En resumen, los meses siguientes serán vitales en la meteórica industria FinTech y nuestro país debería considerar seriamente comprometerse con las tecnologías que están siendo tendencia en las jurisdicciones más desarrolladas del planeta.