Diagnosticar la gobernabilidad
| Martes 26 junio, 2012
Diagnosticar la gobernabilidad
Si el conjunto de condiciones para que un gobierno pueda ejercer con legitimidad, apoyo, eficiencia y estabilidad caracterizan a la gobernabilidad, analizar la nuestra significa profundizar en la percepción generalizada de una creciente ingobernabilidad, que nos hace cuestionarnos: ¿Cuál es el verdadero estado de esta situación tan preocupante?
Para responder adecuadamente es necesario un diagnóstico que nos especifique las causas de este fenómeno y que, desde la interacción de las funciones de gobierno, nos demuestre su capacidad política para prevenir y actuar oportunamente, su eficiencia institucional, la eficacia de sus controles, su cercanía con la sociedad civil y el sector productivo, el funcionar de su Asamblea Legislativa, el cumplimiento de su Poder Judicial y la relación entre sus políticas económicas y la desigualdad social.
El politólogo chileno Luciano Tomassini estima que “la responsabilidad principal por el mantenimiento de la gobernabilidad es del Estado y para lograrlo, este debe interactuar con la sociedad civil, el sector privado y los distintos agentes sociales y económicos, y la forma de esta interacción y sus resultados, dependen de la cultura política imperante.”
La gobernabilidad, vista así, es inherente a los procesos de desarrollo y es especialmente necesaria en épocas de crisis. De allí la importancia de tomar en cuenta este enfoque, si se desea un manejo más eficaz y menos atomizado de las funciones tradicionales estatales.
Desde esta perspectiva integral, el Estado es una entidad que trasciende a los gobiernos y sus políticas. Es un producto histórico en constante movimiento, adaptable a la cultura social, económica y política, que lo obliga a repensarse y enrumbarse hacia una visión de desarrollo dentro del mapeo global del acontecer de su época.
Estos planteamientos inevitablemente desembocan en la posibilidad de una Reforma Integral, que logre un Estado menos intervencionista, más flexible y pequeño, y más intercomunicado y descentralizado. Un Estado promotor de un desarrollo con sostenibilidad equitativa, interconectado con las necesidades de la institucionalidad y las de la sociedad civil.
Indudablemente, el sentimiento de ingobernabilidad que se percibe en nuestro país es un síntoma que coloca al Estado costarricense en la necesidad urgente de auto-cuestionarse para lograr cambiar.
Rosalía Gil Fernández
Exministra de la Niñez y la Adolescencia
Si el conjunto de condiciones para que un gobierno pueda ejercer con legitimidad, apoyo, eficiencia y estabilidad caracterizan a la gobernabilidad, analizar la nuestra significa profundizar en la percepción generalizada de una creciente ingobernabilidad, que nos hace cuestionarnos: ¿Cuál es el verdadero estado de esta situación tan preocupante?
Para responder adecuadamente es necesario un diagnóstico que nos especifique las causas de este fenómeno y que, desde la interacción de las funciones de gobierno, nos demuestre su capacidad política para prevenir y actuar oportunamente, su eficiencia institucional, la eficacia de sus controles, su cercanía con la sociedad civil y el sector productivo, el funcionar de su Asamblea Legislativa, el cumplimiento de su Poder Judicial y la relación entre sus políticas económicas y la desigualdad social.
El politólogo chileno Luciano Tomassini estima que “la responsabilidad principal por el mantenimiento de la gobernabilidad es del Estado y para lograrlo, este debe interactuar con la sociedad civil, el sector privado y los distintos agentes sociales y económicos, y la forma de esta interacción y sus resultados, dependen de la cultura política imperante.”
La gobernabilidad, vista así, es inherente a los procesos de desarrollo y es especialmente necesaria en épocas de crisis. De allí la importancia de tomar en cuenta este enfoque, si se desea un manejo más eficaz y menos atomizado de las funciones tradicionales estatales.
Desde esta perspectiva integral, el Estado es una entidad que trasciende a los gobiernos y sus políticas. Es un producto histórico en constante movimiento, adaptable a la cultura social, económica y política, que lo obliga a repensarse y enrumbarse hacia una visión de desarrollo dentro del mapeo global del acontecer de su época.
Estos planteamientos inevitablemente desembocan en la posibilidad de una Reforma Integral, que logre un Estado menos intervencionista, más flexible y pequeño, y más intercomunicado y descentralizado. Un Estado promotor de un desarrollo con sostenibilidad equitativa, interconectado con las necesidades de la institucionalidad y las de la sociedad civil.
Indudablemente, el sentimiento de ingobernabilidad que se percibe en nuestro país es un síntoma que coloca al Estado costarricense en la necesidad urgente de auto-cuestionarse para lograr cambiar.
Rosalía Gil Fernández
Exministra de la Niñez y la Adolescencia