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Lunes, 19 de noviembre de 2018



NACIONALES


Deuda con la Caja divide al PAC y al Frente Amplio

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 24 noviembre, 2015



La deuda por ¢377 millones que tiene el PAC con la Caja por cuotas obrero-patronales atrasadas, es un acto “antiético e incoherente” para un partido político, a juicio de su aliado el Frente Amplio.
Aunque a estas alturas ya no se pueden desinscribir alguna de las nueve alianzas o coaliciones que firmaron esos partidos, el Frente Amplio espera que los rojiamarillos paguen lo que deben a la seguridad social antes de la fiesta electoral, de lo contrario, habrá un perjuicio para las candidaturas de dicho binomio, reconoce Rodolfo Ulloa, secretario del Frente Amplio.
En estos momentos, dirigentes del PAC y del Frente Amplio buscan votos en nueve cantones, entre ellos, Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca, Belén y Acosta.
“Sé que la ley permite a un partido postularse en las elecciones aunque le deba a la Caja y que después, el Tribunal Supremo de Elecciones retiene lo que le corresponde por deuda política; sin embargo, este no es el ideal para una agrupación que pide votos”, agregó Ulloa.
El resbalón del binomio PAC-Frente Amplio a dos meses y medio de las elecciones municipales es aprovechado por sus rivales políticos.
Esto, porque debe existir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, agrega Fernando Zamora, secretario del PLN.
Además de los rojiamarillos, el Movimiento Libertario y el PUSC le deben a la seguridad social montos inferiores a los ¢2 millones.
Mientras tanto, el PAC se niega a pagar los ¢377 millones que le debe a la Caja y hasta ha interpuesto una acción al Tribunal Contencioso Administrativo.
Los rojiamarillos niegan que la deuda se traduzca en un declive de apoyo electoral en febrero.
“Desde su fundación, el PAC ha sido un acérrimo defensor de la seguridad social. La Caja, como toda institución pública, debe apegarse a la ley para realizar cualquier gestión de cobro. En este caso, el PAC tiene una diferencia de criterio en cuanto a la interpretación que realiza la Dirección de Inspección por lo que será el Tribunal Contencioso Administrativo el que defina si el cobro procede. No encontramos ninguna contradicción ética en este sentido”, dijo Ronny Guevara, abogado del PAC.