Deuda Política con las mujeres tras la crisis del Covid-19

Fanny Ramírez Esquivel

Analista y Estratega Política

Consultora Internacional en Comunicación Política

Las consignas y marchas en fechas festivas que por años se han realizado como un grito desesperado de mujeres que luchan por la igualdad, hoy se manifiestan detrás de un virus que ha venido a tocar la médula de la injusticia social, la discriminación y la exclusión.

El COVID19 vino a transparentar el tipo de sociedades que hemos construido en Latinoamérica, vino a develar nuestros más grandes retos y sobretodo el camino que nos queda por recorrer para tener sociedades más justas, prósperas y sostenibles.

Más allá de la gran responsabilidad que tienen los sistemas de salud para hacer frente a esta crisis sanitaria, Latinoamérica recibió el COVID19 con índices muy altos en desigualdad, desempleo y pobreza; una pobreza que obliga a muchas personas a vivir del trabajo informal y ganar día a día el sustento que llevan a sus casas.

Pareciera que el mandato “quédese en casa” esta dirigido únicamente a un sector de la población que tiene el privilegio de sentirse seguros en su hogar; pero más allá de una estadística, de un dato o de una cifra, hoy sabemos que una de cada tres mujeres latinoamericanas sufre de violencia doméstica y no se encuentra en un ambiente seguro donde viven. Según el informe “COVID19 y violencia contra las mujeres y las niñas” de ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres es una pandemia a la sombra. Información oficial de 15 países de América Latina y 4 países del Caribe muestra que 4.555 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2019. Solo en Costa Rica se registran 11 femicidios este año, cifra que ni siquiera está actualizada en el Observatorio de la Violencia.

La crisis del COVID19 requiere de respuestas integrales con un enfoque interdisplinario y multidimensional, es decir desde una perspectiva económica, social y política; pero sobretodo acciones y políticas públicas que cuenten con la sensibilidad y hacia esas disparidades sociales de género, que con la fuerza de la inercia se han enquistado en nuestros países.

Por ejemplo, desde el punto de vista económico la situación no es nada alentadora, la Encuesta Continua de Empleo del INEC, reveló que el desempleo de las mujeres llegó a 30,2%, mientras que el de los hombres registra el 20,7%.

Esta crisis debe ser un paréntesis para abrir los ojos y asumir con valentía el reto de la implementación de todas esas declaraciones internacionales y acuerdos país, para transformar en un hecho el cambio social que nuestras mujeres y niñas merecen. Esta, sin duda es una oportunidad para mirarnos sin excusas y atender las necesidades y desafíos en torno al papel de las mujeres en la sociedad y la deuda histórica que tenemos con la mujer para reivindicar sus derechos sociales, económicos y políticos.

Soy testigo del espíritu emprendedor de las mujeres, de sus dobles jornadas de trabajo y de su lucha incansable porque sus voces se escuchen. Soy testigo de que las cuotas no bastan y que su voz en política en numerosas ocasiones es silenciada.

No me cabe duda de que el camino es empinado, y aún hay mucho que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados porque detrás de cada una de esas estadísticas, hay mujeres cuyos derechos se están violentando. Poco legado se puede destacar del paso de la señora Patricia Mora por el INAMU, y más bien tenemos una agenda de trabajo ambiciosa para aquellos que más que un discurso, si creen y trabajan por eliminar eras brechas.

Es hora de actuar y de enfocar nuestros esfuerzos tanto desde el sector público, privado como desde las organizaciones de la sociedad civil. El compromiso debe ser de todas aquellas personas que comparten esa visión de transformar la vida de millones de mujeres y niñas.

Que este momento de crisis nos permita articular esfuerzos y aprovechar la oportunidad para avanzar hacia el empoderamiento, la equidad de oportunidades y la garantía de los derechos de la mujer.