¿Deterioro o decadencia?

¿Deterioro o decadencia?

Mucho se habla del deterioro general del país agravado, como una trágica hipoteca, por el ariato. Pero ahora se ha dado un paso más. Son los poderes que configuran un estado de derecho los que se han resquebrajado. Que el Poder Ejecutivo no camine entre otras causas porque el partido oficial sufre de una división interna, cuyas raíces son tanto ideológicas como personales, lo que acentúa la ingobernabilidad del país, no es cosa nueva.
Tampoco lo es el enfrentamiento entre la Alianza y Liberación en el Congreso debido a que el oficialismo no sabe lo que es tener una verdadera oposición. Liberación no puede entender, ni menos asimilar, que ahora sí tiene una oposición que, por el momento tan solo es parlamentaria, pero podría ampliarse a otros ámbitos en la medida en que la crisis se profundice, como está pasando con los “indignados” en todo el mundo.
Lo que ha acentuado la crisis política en nuestro país ha sido la generalizada pérdida de confianza en instituciones como el TSE, el Poder Judicial, o la Contraloría. Basta con ver la reacción provocada en la opinión pública al saberse del secuestro y divulgación del borrador del fallo de la Sala Primera en que se reitera la condena de la trasnacional canadiense Infinito. Lo más preocupante de este escándalo es que hay serios indicios para suponer que aquí hay tráfico de influencias por parte de poderosos sectores políticos que representan a grandes intereses económicos.
Otra confrontación entre instituciones del Estado se da en el diferendo entre el Presidente de la Asamblea Legislativa y su auxiliar, la Contraloría, a propósito de quién tiene la potestad constitucional para resolver sobre la legalidad del contrato entre el Estado y una trasnacional holandesa, a la que el gobierno quiere entregar el muelle de Moín.
Ante este ominoso panorama, hay serias razones para temer que se ha venido sistemáticamente cercenando la separación de poderes, debido al tráfico de influencias. Más aún, en la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional y la Contraloría, algunas veces se han inculcado los principios elementales que rigen la diferencia entre el derecho público (“odiosa stricte interpretanda sunt”) y el privado (“presumptio juris pro libertate”).
El Estado de Derecho, el más preciado legado de varias generaciones de honorables políticos y eminentes juristas que la memoria histórica de nuestro pueblo considera como notables estadistas, entre los cuales destacan en el imaginario colectivo figuras como Don Cleto y Don Ricardo, se ha visto seriamente empañado.
Por eso, más que de deterioro debemos hablar hoy a propósito de la angustiante situación que vive nuestra Patria, de decadencia.

Arnoldo Mora