Detenidos por protesta en Tibet suman 660
| Jueves 27 marzo, 2008
Detenidos por protesta en Tibet suman 660
Pekín
EFE
El Gobierno chino ha anunciado que se han “entregado” a la Policía más de 660 participantes en las revueltas del Tíbet y provincias vecinas, que podrían enfrentarse a condenas de 10 años de prisión a cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según contempla el código penal chino.
Las autoridades de Lhasa, según la agencia estatal Xinhua, han informado de que se han “entregado” 280 causantes de los disturbios del pasado 14 de marzo, en los que murieron, según fuentes oficiales, 19 personas.
A ellos se suman 381 personas que supuestamente se entregaron en la provincia de Sichuan, vecina al Tíbet y también con importantes núcleos de población tibetana.
Se ignora su paradero, pues el Gobierno chino no ha informado sobre su suerte, aunque previsiblemente permanecen en centros de detención para ser interrogados.
En los días de mayor tensión, Pekín prometió “clemencia” a los que se rindieran y amenazó con mayor dureza a quienes no se entregasen a las autoridades.
El código penal chino establece que el incendio o destrucción deliberada de propiedades con grandes pérdidas económicas o humanas puede castigarse con penas de entre 10 años y cadena perpetua, y también con la pena de muerte en los casos más graves.
Mientras, un grupo de periodistas extranjeros de 19 medios de comunicación llegó ayer a Lhasa procedente de Pekín, en un viaje organizado por las autoridades chinas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.
Es el primer grupo de reporteros al que se permite entrar en el Tíbet para investigar los incidentes violentos del 14 de marzo en Lhasa, todavía no aclarados ya que la propaganda china y la tibetana se contradicen a la hora de describir lo ocurrido.
China asegura que masas violentas atacaron tiendas, escuelas y otros negocios y mataron a 18 civiles y un policía, mientras que los tibetanos en el exilio hablan de 140 muertos por la represión policial de manifestaciones pacíficas.
Las autoridades chinas han preparado entrevistas con afectados por los disturbios, así como visitas a edificios incendiados o saqueados.
Pekín
EFE
El Gobierno chino ha anunciado que se han “entregado” a la Policía más de 660 participantes en las revueltas del Tíbet y provincias vecinas, que podrían enfrentarse a condenas de 10 años de prisión a cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según contempla el código penal chino.
Las autoridades de Lhasa, según la agencia estatal Xinhua, han informado de que se han “entregado” 280 causantes de los disturbios del pasado 14 de marzo, en los que murieron, según fuentes oficiales, 19 personas.
A ellos se suman 381 personas que supuestamente se entregaron en la provincia de Sichuan, vecina al Tíbet y también con importantes núcleos de población tibetana.
Se ignora su paradero, pues el Gobierno chino no ha informado sobre su suerte, aunque previsiblemente permanecen en centros de detención para ser interrogados.
En los días de mayor tensión, Pekín prometió “clemencia” a los que se rindieran y amenazó con mayor dureza a quienes no se entregasen a las autoridades.
El código penal chino establece que el incendio o destrucción deliberada de propiedades con grandes pérdidas económicas o humanas puede castigarse con penas de entre 10 años y cadena perpetua, y también con la pena de muerte en los casos más graves.
Mientras, un grupo de periodistas extranjeros de 19 medios de comunicación llegó ayer a Lhasa procedente de Pekín, en un viaje organizado por las autoridades chinas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.
Es el primer grupo de reporteros al que se permite entrar en el Tíbet para investigar los incidentes violentos del 14 de marzo en Lhasa, todavía no aclarados ya que la propaganda china y la tibetana se contradicen a la hora de describir lo ocurrido.
China asegura que masas violentas atacaron tiendas, escuelas y otros negocios y mataron a 18 civiles y un policía, mientras que los tibetanos en el exilio hablan de 140 muertos por la represión policial de manifestaciones pacíficas.
Las autoridades chinas han preparado entrevistas con afectados por los disturbios, así como visitas a edificios incendiados o saqueados.