Se debe atender el problema de la creciente desigualdad pero sin afectar ni el crecimiento ni la estabilidad

Desigualdad y estabilidad económicas

Las visiones han cambiado dramáticamente del tiempo en que con Okun, en los 70, surgió la tesis de que el crecimiento creaba inicialmente mayor desigualdad que luego se reducía.
Hoy, como lo comenté la semana pasada, priva el consenso de que la redistribución puede ser favorable al crecimiento, siempre que los medios sean cuidadosamente seleccionados. En especial en Latinoamérica por la corta duración de sus rachas de crecimiento.
Pero no solo deben preocuparnos las relaciones entre redistribución y crecimiento. También es importante considerar los efectos de estas medidas en la estabilidad económica, tal como lo comentó la semana pasada en su columna don Jorge Guardia.
Ello aún con mayor razón en la Costa Rica actual, que sufre el mayor déficit fiscal de los últimos 20 años (posiblemente el mayor desde la gran crisis de principios de los 80), y que tiene un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que la inversión directa extranjera ya no cubre en su totalidad.
La desigualdad ha crecido de manera inaceptable en nuestro país y amerita medidas para reducirla. Pero, no basta buena intención. Con medidas inadecuadas habría mayor desequilibrio macroeconómico y se podría más bien deteriorar el bienestar de los pobres.
Un deterioro de la frágil estabilidad macroeconómica conduciría a un incremento de la inflación, que es el más injusto de los impuestos pues recae de manera desproporcionada sobre los más pobres.
El reciente estudio de Sanjeev Gupta et al del FMI, señalado por Jorge Guardia, recomienda a los países emergentes algunas medidas para redistribuir sin comprometer su estabilidad.
De ellas me parecen especialmente atinentes para Costa Rica fortalecer y focalizar los programas sociales y extender las pensiones no contributivas a los pobres.
Para cumplir con el primer objetivo se debería hacer obligatoria la aplicación del SISBEN, aprobado el año pasado por iniciativa de la diputada Gloria Bejarano, para la adjudicación de beneficios.
Ello requiere que efectivamente se construya un censo actualizado con la información de “todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad”.
El estudio efectuado por Juan Diego Trejos para el Estado de La Nación de 2008 señala, con base en las encuestas de hogares, que en los programas de apoyo social la mayoría de los beneficiarios no son pobres.
Similar es el caso del régimen no contributivo de pensiones. Las pensiones de este sistema dedicadas a los ancianos son solo entre el 60% y 70% del total de las no contributivas (según sea la fuente de los datos) lo cual deja sin este ingreso de 30 mil a 40 mil adultos mayores pobres.
Esto se podría corregir en buena parte con solo que todas las pensiones de reemplazo vayan a ancianos pobres. Esto lo hicimos en 1998-2002 con el SIPO, cuando también se aumentó el monto y número de estas pensiones.
Se debe atender el problema de la creciente desigualdad pero sin afectar ni el crecimiento ni la estabilidad. Estas medidas permiten hacerlo.

Miguel Ángel Rodríguez

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