Descontrol en tarifas de autobuses
Está roto el sano equilibrio para que el sistema de concesión del servicio público de autobuses funcione correctamente
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 30 septiembre, 2011
Del análisis del servicio público de autobuses publicado por este medio hoy, se desprende que habiendo tres actores interesados, solo uno de ellos podría estar en situación favorable. Los otros dos aparentemente resultan perdedores, rompiéndose el sano equilibrio para que el sistema de concesión, en este caso, funcione correctamente.
“Las tarifas de los autobuses se fijan con un modelo de cálculo que utiliza mecanismos de verificación débiles y en ciertos casos inexistentes. El modelo tarifario también incluye una evaluación del servicio brindado a los usuarios. No obstante, esta nunca ha sido aplicada”, dice el análisis.
Para resolver el problema de las tarifas sin control, el sector necesita una regulación adecuada de parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Sin embargo, esta no cuenta con los recursos para hacerlo.
Así las cosas, vemos que el concesionario sí se beneficia de su derecho a presentar la documentación pertinente a la Aresep, donde justifica sus costos, a los que debe sumar sus lógicas ganancias.
No obstante, Aresep se encuentra perjudicada o en imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por carecer de los recursos para verificar la información suministrada sobre los gastos operativos, los gastos administrativos, los repuestos y accesorios instalados en cada una de las unidades, entre otros aspectos que deberían comprobarse.
El principal perdedor, desde luego, resulta ser el usuario del servicio, siendo que este, en realidad debería ser el principal favorecido al ser quien lo paga.
Esta situación particular, relacionada con el descontrol existente en las tarifas de autobuses, es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en otros sectores en el país, por falta de instituciones reguladoras y supervisoras adecuadamente provistas para cumplir con su cometido.
Esto indica que, si queremos contar con servicios públicos concesionados, que realmente den a la población el buen servicio que se espera y se paga, debemos contar con las instituciones encargadas de su regulación adecuadamente dotadas de los recursos materiales y humanos para cumplir con su cometido. Mientras esto no sea así, estará fallando la administración.