Desastre en Pensiones de la Caja
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Martes 06 septiembre, 2011
Instancia reporta despilfarros en compra de equipos y contratación de personal
Desastre en Pensiones de la Caja
Gerencia engrosó sus gastos en un 60% debido a la creación de 117 plazas
Los despilfarros de dinero en la compra de equipos y software, así como en la contratación excesiva de personal, tienen sumergida en una serie de anomalías a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Anomalías que entre 2008 y 2010 generaron un incremento del 60% en los gastos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El haber engrosado la planilla no generó cambios sustanciales en la funcionalidad de esta instancia, pues las largas listas de espera y los tiempos de respuesta aún persisten.
Asimismo, en algunos de los nombramientos se detectó que la persona no cumplía con los requisitos del cargo, o bien, ejercía funciones diferentes para las cuales fue contratada.
Ello a pesar de la puesta en práctica del plan de mejora integral, que pretendía agilizar el funcionamiento de la Gerencia de Pensiones.
Con este fin se crearon 117 nuevas plazas, que representaron un costo adicional de ¢1,13 mil millones y se abrieron tres sucursales, una de ellas para atender la Región Brunca y las otros dos la Región Central, una en La Unión y otra en Desamparados.
Ambas gestiones se llevaron a cabo sin cumplir con requerimientos legales ni los estudios de viabilidad técnica que justificaran tal decisión, revela la auditoría interna llevada a cabo por la ingeniera Dinorah Garro, a solicitud de la junta directiva de la Caja.
En cuanto a las plazas nuevas, el 89% se destinó a las oficinas principales en San José, es decir 103 empleos y de ellos, solo 23 se utilizaron para el centro regional capitalino.
Mientras que 14 personas fueron contratadas para la sucursal Brunca, que atiende las comunidades de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar, Golfito, Ciudad Neily, Quepos, Parrita, San Vito, Ciudad Cortés y Puerto Jiménez.
Para este centro, entre salarios y la conformación de las oficinas, se invirtieron más de ¢245 millones; sin embargo, no dejó réditos positivos a la Gerencia, ya que en el periodo comprendido entre 2008, año cuando se instaló, y 2010, hubo un descenso de 112 casos atendidos.
En este sentido, dicha instancia operaba de manera más eficiente y a un menor costo, sin la conformación de tal sucursal.
Similar situación ocurrió con las oficinas de Desamparados y La Unión, en total se invirtieron unos ¢130 millones, donde solo se atendieron 323 casos más, sin cumplir con las expectativas iniciales del plan de modernización.
“De todas las sucursales que componen la región, solamente se implementó el plan piloto con dos de ellas, por lo tanto, son resultados parciales en cuanto a la capacidad real de producción de este centro, ya que los casos no atendidos superan los 8 mil”, reza el informe auditor.
Al mismo tiempo que la contratación de personal no daba los resultados esperados, Garro encontró que parte de los equipos tecnológicos adquiridos para que la Gerencia de Pensiones diera el salto a la digitalización, permanecen almacenados y sin usar.
Para dicha finalidad se adquirieron 58 escáneres, con un costo de ¢48,7 millones. De ellos, 31 se instalaron y se utilizan con normalidad; no obstante, 27 están almacenados, pues se compraron para un Centro Regional en la Zona Norte, aunque la apertura de tal sucursal no había sido aprobada por los directivos de la Caja.
Además, se descubrió que se compró un software entre 1998 y 1999, el cual requirió un periodo de siete años y cinco contrataciones para ponerlo en funcionamiento, ocasionando un gasto de más de ¢14,5 millones.
Otra de las anomalías detectadas fue la mala administración de los 14 inmuebles en poder de esta Gerencia. En razón de que algunos de ellos tienen una situación jurídica indeterminada y por otros se cobra un alquiler desactualizado.
Por ejemplo, el terreno de 42 mil metros cuadrados, donde el Hospital México tiene su planta de tratamiento de aguas residuales y que es propiedad de este despacho, no evidencia el pago por arrendamiento.
De igual forma, al Seguro de Enfermedad y Maternidad se le alquilan la óptica y clínica del Hospital Calderón Guardia y los edificios Jenaro Valverde y Laureano Echandi, por ¢562 mil y ¢3,3 millones mensualmente, cuando lo correcto es cobrar ¢1,2 millones y ¢167,7 millones por dichos inmuebles, respectivamente, de acuerdo con cálculos de Tributación Directa.
La Gerencia de Pensiones fue intervenida desde diciembre pasado debido a sospechas de un aumento desmedido de plazas y manejo de fondos de varios regímenes, entre ellos los del IVM y el No Contributivo.
Ante tales gestiones, Miguel Pacheco, gerente de esta instancia fue separado del cargo —aunque siguió devengando su sueldo—, y tras finalizar estas, el pasado 18 de agosto se acogió a un periodo de vacaciones hasta el 30 de setiembre.
De momento, se está a la espera de las sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables de las anomalías, mientras tanto, ya se canceló la creación de 100 nuevas plazas que iban a salir a concurso y los directivos de la Caja valoran prescindir de las recién otorgadas.
LA REPUBLICA intentó conocer la opinión de Pacheco, sin embargo, al cierre de esta edición fue imposible localizarlo.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Desastre en Pensiones de la Caja
Gerencia engrosó sus gastos en un 60% debido a la creación de 117 plazas
Anomalías que entre 2008 y 2010 generaron un incremento del 60% en los gastos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El haber engrosado la planilla no generó cambios sustanciales en la funcionalidad de esta instancia, pues las largas listas de espera y los tiempos de respuesta aún persisten.
Asimismo, en algunos de los nombramientos se detectó que la persona no cumplía con los requisitos del cargo, o bien, ejercía funciones diferentes para las cuales fue contratada.
Ello a pesar de la puesta en práctica del plan de mejora integral, que pretendía agilizar el funcionamiento de la Gerencia de Pensiones.
Con este fin se crearon 117 nuevas plazas, que representaron un costo adicional de ¢1,13 mil millones y se abrieron tres sucursales, una de ellas para atender la Región Brunca y las otros dos la Región Central, una en La Unión y otra en Desamparados.Ambas gestiones se llevaron a cabo sin cumplir con requerimientos legales ni los estudios de viabilidad técnica que justificaran tal decisión, revela la auditoría interna llevada a cabo por la ingeniera Dinorah Garro, a solicitud de la junta directiva de la Caja.
En cuanto a las plazas nuevas, el 89% se destinó a las oficinas principales en San José, es decir 103 empleos y de ellos, solo 23 se utilizaron para el centro regional capitalino.
Mientras que 14 personas fueron contratadas para la sucursal Brunca, que atiende las comunidades de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar, Golfito, Ciudad Neily, Quepos, Parrita, San Vito, Ciudad Cortés y Puerto Jiménez.
Para este centro, entre salarios y la conformación de las oficinas, se invirtieron más de ¢245 millones; sin embargo, no dejó réditos positivos a la Gerencia, ya que en el periodo comprendido entre 2008, año cuando se instaló, y 2010, hubo un descenso de 112 casos atendidos.
En este sentido, dicha instancia operaba de manera más eficiente y a un menor costo, sin la conformación de tal sucursal.
Similar situación ocurrió con las oficinas de Desamparados y La Unión, en total se invirtieron unos ¢130 millones, donde solo se atendieron 323 casos más, sin cumplir con las expectativas iniciales del plan de modernización.
“De todas las sucursales que componen la región, solamente se implementó el plan piloto con dos de ellas, por lo tanto, son resultados parciales en cuanto a la capacidad real de producción de este centro, ya que los casos no atendidos superan los 8 mil”, reza el informe auditor.
Al mismo tiempo que la contratación de personal no daba los resultados esperados, Garro encontró que parte de los equipos tecnológicos adquiridos para que la Gerencia de Pensiones diera el salto a la digitalización, permanecen almacenados y sin usar.
Para dicha finalidad se adquirieron 58 escáneres, con un costo de ¢48,7 millones. De ellos, 31 se instalaron y se utilizan con normalidad; no obstante, 27 están almacenados, pues se compraron para un Centro Regional en la Zona Norte, aunque la apertura de tal sucursal no había sido aprobada por los directivos de la Caja.
Además, se descubrió que se compró un software entre 1998 y 1999, el cual requirió un periodo de siete años y cinco contrataciones para ponerlo en funcionamiento, ocasionando un gasto de más de ¢14,5 millones.
Otra de las anomalías detectadas fue la mala administración de los 14 inmuebles en poder de esta Gerencia. En razón de que algunos de ellos tienen una situación jurídica indeterminada y por otros se cobra un alquiler desactualizado.
Por ejemplo, el terreno de 42 mil metros cuadrados, donde el Hospital México tiene su planta de tratamiento de aguas residuales y que es propiedad de este despacho, no evidencia el pago por arrendamiento.
De igual forma, al Seguro de Enfermedad y Maternidad se le alquilan la óptica y clínica del Hospital Calderón Guardia y los edificios Jenaro Valverde y Laureano Echandi, por ¢562 mil y ¢3,3 millones mensualmente, cuando lo correcto es cobrar ¢1,2 millones y ¢167,7 millones por dichos inmuebles, respectivamente, de acuerdo con cálculos de Tributación Directa.
La Gerencia de Pensiones fue intervenida desde diciembre pasado debido a sospechas de un aumento desmedido de plazas y manejo de fondos de varios regímenes, entre ellos los del IVM y el No Contributivo.
Ante tales gestiones, Miguel Pacheco, gerente de esta instancia fue separado del cargo —aunque siguió devengando su sueldo—, y tras finalizar estas, el pasado 18 de agosto se acogió a un periodo de vacaciones hasta el 30 de setiembre.
De momento, se está a la espera de las sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables de las anomalías, mientras tanto, ya se canceló la creación de 100 nuevas plazas que iban a salir a concurso y los directivos de la Caja valoran prescindir de las recién otorgadas.
LA REPUBLICA intentó conocer la opinión de Pacheco, sin embargo, al cierre de esta edición fue imposible localizarlo.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net