Desaparición del secreto bancario dispara temor
Carolina Acuña cacuna@larepublica.net | Jueves 18 noviembre, 2010
Hay mejores formas de hacer una buena recaudación, dicen expertos
Desaparición del secreto bancario dispara temor
Lectores de La República rechazan la iniciativa
Pronto el fisco podría ver su cuenta corriente y pedirle explicaciones, sin necesidad de una orden judicial.
Esto sucedería si se aprueba el proyecto de ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, que fue dictaminado este martes y va en camino a ser visto en el plenario.
Mientras algunos ven esto como una herramienta vital para la recaudación, otros lo califican de extralimitado al afectar la privacidad patrimonial de los ciudadanos, dado que entre sus principales cambios elimina el requisito de que sea un juez quien demande la información financiera de los ciudadanos.
“Este proyecto va a generar fuga de capitales, sobre todo de personas que por razones de seguridad personal sientan que su información bancaria pueda ser utilizada para otros fines”, dijo Alejandro Antillón, socio del bufete Pacheco Coto.
En un inicio, al presentarse el proyecto de transparencia fiscal se adujo que eliminar la participación de un juez era un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para mejorar su calificación internacional en materia fiscal.
Sin embargo, esto actualmente es solo una excusa, para darle una mayor fuerza a Tributación a nivel nacional.
“Existen países que no están en la lista gris de la OCDE y mantienen la participación de un juez, como Colombia, Chile, Guatemala y Honduras, por nombrar solo algunos”, dijo Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.
Además del sector financiero, varios empresarios se han manifestado en contra de ese punto del proyecto. “No puede ser que las autoridades tributarias tengan libre acceso a las cuentas bancarias de todos los habitantes de este país, eso es violar el derecho a la intimidad”, comentó Manuel Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Si bien es cierto los sectores consultados recalcan que es útil un proyecto que regule el secreto bancario para que Costa Rica, no se vea como un paraíso fiscal, aducen estar de acuerdo con el texto original enviado por el Poder Ejecutivo, pero no con el actual que da el poder de ver cuentas corrientes a la Administración Tributaria.
“Tanto el empresario como el inversionista necesitan que se les respete la privacidad. Que esta información solo pueda ser solicitada en caso de contribuyentes en proceso de auditoría con dudas importantes. Justificándole a un juez la necesidad de esta y que sea este el único que puede autorizar la apertura del secreto bancario”, dijo German Morales, socio de Impuestos de Deloitte.
Para algunos lo apropiado en este caso sería devolver el proyecto a la subcomisión respectiva, replantear la exposición de motivos para que refleje la realidad de lo que esta iniciativa pretende.
“Cualquier otro tratamiento es un insulto a nuestro procedimiento legislativo, a los mismos diputados que le han dado su apoyo hasta este momento y a todo el pueblo de Costa Rica”, comentó Antillón.
Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net
Desaparición del secreto bancario dispara temor
Lectores de La República rechazan la iniciativa
Pronto el fisco podría ver su cuenta corriente y pedirle explicaciones, sin necesidad de una orden judicial.Esto sucedería si se aprueba el proyecto de ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, que fue dictaminado este martes y va en camino a ser visto en el plenario.
Mientras algunos ven esto como una herramienta vital para la recaudación, otros lo califican de extralimitado al afectar la privacidad patrimonial de los ciudadanos, dado que entre sus principales cambios elimina el requisito de que sea un juez quien demande la información financiera de los ciudadanos.
“Este proyecto va a generar fuga de capitales, sobre todo de personas que por razones de seguridad personal sientan que su información bancaria pueda ser utilizada para otros fines”, dijo Alejandro Antillón, socio del bufete Pacheco Coto.
En un inicio, al presentarse el proyecto de transparencia fiscal se adujo que eliminar la participación de un juez era un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para mejorar su calificación internacional en materia fiscal.
Sin embargo, esto actualmente es solo una excusa, para darle una mayor fuerza a Tributación a nivel nacional.
“Existen países que no están en la lista gris de la OCDE y mantienen la participación de un juez, como Colombia, Chile, Guatemala y Honduras, por nombrar solo algunos”, dijo Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. Además del sector financiero, varios empresarios se han manifestado en contra de ese punto del proyecto. “No puede ser que las autoridades tributarias tengan libre acceso a las cuentas bancarias de todos los habitantes de este país, eso es violar el derecho a la intimidad”, comentó Manuel Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Si bien es cierto los sectores consultados recalcan que es útil un proyecto que regule el secreto bancario para que Costa Rica, no se vea como un paraíso fiscal, aducen estar de acuerdo con el texto original enviado por el Poder Ejecutivo, pero no con el actual que da el poder de ver cuentas corrientes a la Administración Tributaria.
“Tanto el empresario como el inversionista necesitan que se les respete la privacidad. Que esta información solo pueda ser solicitada en caso de contribuyentes en proceso de auditoría con dudas importantes. Justificándole a un juez la necesidad de esta y que sea este el único que puede autorizar la apertura del secreto bancario”, dijo German Morales, socio de Impuestos de Deloitte.
Para algunos lo apropiado en este caso sería devolver el proyecto a la subcomisión respectiva, replantear la exposición de motivos para que refleje la realidad de lo que esta iniciativa pretende.
“Cualquier otro tratamiento es un insulto a nuestro procedimiento legislativo, a los mismos diputados que le han dado su apoyo hasta este momento y a todo el pueblo de Costa Rica”, comentó Antillón.
Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net