Desamores de gobierno

De cal y de arena

Desamores de gobierno

La claridad no rodea las razones de la administración Arias para sostener que el país no es miembro de la Corte Centroamericana de Justicia. Su desamor expone los intereses costarricenses a la indefensión ante un eventual conflicto surgido del comercio internacional y de las relaciones con los vecinos. Esta Corte acaba de declarar la nulidad de una resolución de nuestra Dirección General de Aduanas que asignaba determinado tratamiento arancelario a un producto importado, después de tener por demostrado que el Estado de Costa Rica está sometido a la jurisdicción y competencia obligatorias de la CCJ y de haber concluido que lo dispuesto por Aduanas viola el Arancel Centroamericano de Importación. La sentencia —cuyo contenido se ha librado del subsecuente proceso de ejecución por cuanto la Dirección de Aduanas dejó sin efecto la cuestionada resolución— no le preocupa al gobierno del presidente Arias ya que al decir de su Ministro de Comercio Exterior “no es vinculante pues esa Corte no se encuentra dentro de la legislación costarricense... Es una anécdota más de las situaciones que se dan en Centroamérica”.

Es difícil justificar un proceso de integración, con los vastos campos y cuantiosos intereses que afecta, sin incorporar la normativa y las competencias jurisdiccionales llamadas a dirimir conflictos. Quizá el ministro Ruiz ande despistado, sin reparar que la misma Sala Constitucional —en ocasión de la consulta preceptiva que se le hizo sobre el CAUCA III— resolvió que las dudas de legalidad sobre este Código deben resolverse ante los órganos comunitarios, la Corte Centroamericana de Justicia para el caso. De seguro no conoce lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, este 16 de setiembre en la inauguración del Seminario Internacional sobre Integración y Derecho Comunitario: “...tenemos también una Corte Centroamericana de Justicia como órgano judicial del SICA, encargada de interpretar y velar por el cumplimiento y aplicación del Derecho Comunitario, tanto por parte de los Estados como de las instituciones regionales y los derechos de los ciudadanos. Por ser derecho comunitario es complementario con nuestra normativa interna y en el caso de nuestro país, vinculante según sentencias de la Sala Constitucional”.

Marginarnos de la CCJ es exponer los intereses nacionales a la inseguridad jurídica. Como somos parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) también lo somos de todas sus instituciones, la Corte incluida. Evidentemente así son las cosas y por lo mismo quienes precedieron al presidente Arias y al ministro Ruiz a la hora de adherir al país a distintos convenios regionales, no hicieron reserva sobre las estipulaciones que reconocen jurisdicción a la citada Corte. Así lo registra la sentencia recaída sobre la resolución de la Dirección de Aduanas, a propósito de lo que mandan el Tratado Marco de Seguridad Democrática, el Convenio sobre Lavado de Dinero y Activos y el Convenio referente a la prevención de desastres naturales. ¿Qué ganamos quedándonos fuera de la CCJ? Si criticamos sus defectos, ¿no es desde adentro que debe articularse su limpieza?