Formas alternativas para que pudieran manifestarse los funcionarios públicos que laboren en servicios de emergencias, ejerciendo así su derecho a la protesta cuando se sientan perjudicados, sin ir a la tradicional huelga, deberían encontrarse

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Derechos tenemos todos

Una cuestión en la que todos deberíamos participar, porque afecta a todos, es la discusión actual en el país sobre la reforma procesal laboral.
Es de suma importancia analizar punto por punto las modificaciones al Código de Trabajo que se harían, para verificar las consecuencias que esas reformas puedan tener.
Hay dos intereses, ambos válidos, que deben ser tomados en cuenta sin que uno afecte al otro.
Los costarricenses pagan diversos impuestos y cuotas a la CCSS para que sus necesidades básicas reciban atención de calidad en forma eficiente.
Los trabajadores asalariados defienden el derecho a ir a huelga como protesta cuando sientan que se han violado sus derechos.
¿Cómo asegurar que ambos derechos se cumplan?
El punto crucial es un estudio detallado de cada punto a considerar.
Los partidos políticos que están de acuerdo con convertir en ley una modificación al Código de Trabajo plantean que para declarar legal una posible huelga, basta con que se presente un plan de servicios mínimo en instituciones que laboren en asistencia de emergencia.
Agregan que si el patrono no está de acuerdo con el mismo, un juez puede dirimir la diferencia.
Esta, por ejemplo, es una de las principales interrogantes aún sin respuesta clara.
¿Cómo definir la cantidad de personal que en dichas instituciones debería permanecer laborando ante algún imprevisto imposible de medir en su magnitud antes de que ocurra?
Por otro lado, en instituciones como los hospitales de la Caja, donde las listas de espera significan ya el agravamiento o la muerte de pacientes por no ser atendidos a tiempo, ¿puede ir a huelga una parte de sus trabajadores, si con todos laborando hay emergencias sin atender?
El problema, de compleja solución, es que donde comienzan los derechos de unos terminan los de otros. Debería encontrarse la fórmula para que realmente no se viole ninguno de los dos.
Parece necesario llegar a un acuerdo razonable y el punto principal que se ha de resolver se relaciona con el grupo de instituciones públicas que prestan servicios, como policía, servicios de salud, policía de tránsito y bomberos, entre otros.
Costa Rica ya tiene demasiados problemas importantes por resolver como país y no puede agregar uno más.
Formas alternativas para que pudieran manifestarse los funcionarios públicos que laboren en servicios de emergencias, ejerciendo así su derecho a la protesta cuando se sientan perjudicados, sin ir a la tradicional huelga, deberían encontrarse.
Este y otros caminos podrían analizarse con sentido de responsabilidad hasta llegar a un acuerdo que respete los derechos de todos.